“Señoría, no puedo recogerle en su casa”

El magistrado Alfonso Guevara, presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, hace un uso indebido del coche oficial que el Ministerio de Justicia facilita a los jueces para trasladarse desde Madrid a San Fernando de Henares, localidad situada a unos 20 kilómetros, donde se celebran los juicios y vistas de este organismo mientras la sede principal continua en obras, según aseguran fuentes judiciales.

Guevara pide a los conductores del Parque Móvil, dependiente del Ministerio de Hacienda, que le recojan en su domicilio particular y le dejen en el mismo cuando regresa a Madrid pese a que el servicio contratado por el Ministerio de Justicia al Parque Móvil comprende exclusivamente el traslado desde la madrileña calle de Prim, actual sede provisional de la Audiencia Nacional, a San Fernando de Henares.

La actitud de Guevara ha provocado la presentación por parte de los conductores de numerosas quejas a la dirección del Parque Móvil en las que se relata la imposición del magistrado y sus modales que algunos conductores califican de "groseros e intolerables".  Ante las reiteradas quejas e incidentes del presidente de la Sección Tercera con sus chóferes la dirección del Parque Móvil informó la pasada semana al Ministerio de Justicia que contrata y paga este servicio. Justicia comunicó al parque que el magistrado está haciendo un uso indebido de su coche oficial y ordenó que no se le vuelva a prestar ningún traslado a su domicilio particular.

“Señoría no puedo recogerle en su casa. Me han dado esa orden”, le comunicó por teléfono el pasado viernes el conductor al magistrado. El chófer explicó que había recibido órdenes de la dirección de no recogerle en su casa para trasladarlo a San Fernando de Henares a lo que el juez le respondió con graves insultos y descalificaciones personales, según aseguran dos fuentes consultadas. El conductor volvió a redactar un nuevo parte de quejas a la dirección del Parque Móvil.

Magistrados consultados aseguran que el problema entre Guevara y los funcionarios del Parque Móvil no radica en los traslados a su casa, sino en su actitud y trato con ellos ya que estos conducen a sus domicilios a otros jueces sin que hayan presentado ninguna queja. "Se esgrime ese argumento para evitar informar al Consejo General del Poder Judicial de los graves insultos del magistrado a un funcionario y abrirle un expediente", asegura un juez.

Ayer, Alfonso Guevara no acudió a San Fernando de Henares a presidir un juicio contra 18 traficantes de droga, según señalan fuentes judiciales. Otro magistrado tuvo que ocupar su puesto para que la vista oral pudiera celebrarse. Los jueces de la Audiencia Nacional no tienen asignado coche oficial salvo para estos traslados provisionales a San Fernando de Henares en los que se utilizan lanzaderas de gran tamaño que se emplean para llevar a varios magistrados a la vez.

El Consejo General de Poder Judicial archivó la pasada semana una información previa abierta de oficio a Guevara después de que EL PAÍS informara de que el pasado 19 de febrero este magistrado intentó forzar sin ser competente la entrega a Kazajistán de Alexander Pavlov, un opositor kazajo, aprovechando la ausencia en la Sección Segunda— la competente en el caso— de la secretaria judicial, la única que podía firmar la entrega.

Según varios testigos una funcionaria se opuso al intento de Guevara que llegó a ofrecer a su secretaria para que firmara la orden. El juez esgrimió que le había llamado el embajador de Kazajistán y que había un avión esperando al preso. Dos horas después la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional dictaba un auto en el que acordaba una medida cautelarísima sobre el rechazo del Ministerio del Interior a conceder el asilo a Pavlov y ordenaba que no saliera del territorio nacional mientras este tribunal no se pronuncie sobre el recurso presentado por sus abogados. Si Guevara hubiera conseguido su objetivo los jueces del tribunal se habrían encontrado con la sorpresa de que el preso volaba ya rumbo a Astaná, capital de Kazajistán. España es el único país de la UE que tiene convenio de extradición con esta rica república postsoviética.