Santamaría ofrece diálogo a Cataluña pero sin celebrar la consulta

A poco más de una semana para que el Congreso de los Diputados debata la petición del Parlamento catalán de permitir a Artur Mas convocar el referéndum sobre la independencia, el Gobierno reiteró este domingo desde Barcelona su voluntad de diálogo con la Generalitat en el marco de la ley, pero excluyendo la consulta soberanista prevista para el 9 de noviembre.

En la clausura de una convención programática del PP catalán para las elecciones europeas, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido de que el Ejecutivo “no puede disponer de lo que no pertenece a nadie, sino a todos los españoles”, en referencia a la soberanía nacional. Por eso, ha añadido, Mariano Rajoy no puede autorizar “lo que no depende del Gobierno”, en alusión a una consulta que incumbe a todos los españoles.

La vicepresidenta ha obviado la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la declaración soberanista del Parlamento catalán de enero de 2013 y que algunos juristas entienden como “la apertura de una puerta para negociar el derecho a decidir si se reformase la Constitución”. Tampoco se ha referido a la posibilidad de modificar la Ley Fundamental para resolver el encaje de Cataluña en España, como reclama el PSOE en su propuesta de reforma federal.

Para Sáenz de Santamaría no hay más campo de negociación que la legalidad actual. “Dialogar es un verbo que se puede conjugar dentro de la ley”, para remachar que “lo que está fuera de la ley está fuera de la democracia”. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha replicado horas después con dureza y la acusó de “mostrar una incomodidad con la democracia”.

“Quedo un poco sorprendido de que la vicepresidenta y el Gobierno español en su conjunto se erijan como tribunal y nos digan qué se puede hacer y qué no”, ha dicho Homs. “Hasta donde yo sé, en un Estado de derecho esto toca decidirlo a los tribunales y hasta donde yo sé hay marcos legales de sobra para que Cataluña pueda hacer una consulta”, ha remachado. Más comedido se había mostrado horas antes, el portavoz del Grupo Catalán en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, en su cuenta de Twitter: “Yo lo diría de otra manera: dialogar es un verbo que cuando es necesario se ha de conjugar sin ir contra la ley, pero para cambiar la ley”.

La frase de Duran abunda en el discurso nacionalista desde que Artur Mas lanzó su órdago: la voluntad política permitiría superar las costuras de la Constitución para resolver el futuro de Cataluña. Ese será también el mensaje que transmitan en el Congreso los tres parlamentarios autonómicos para reclamar la cesión de la competencia de organizar el referéndum soberanista al amparo del artículo 150.2 de la Constitución.

Artur Mas, a diferencia de lo que en su día hizo el lehendakari Juan José Ibarretxe, no acudirá a la Cámara baja a defender la propuesta catalana. Sáenz de Santamaría también obvió esa ausencia, incluso el debate mismo que del próximo día 8, pero no hizo lo mismo la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho.

“Ellos son minoría en España y no tienen ninguna posibilidad de reformar la Constitución. Por eso Mas no se atreve a ir al Congreso. Si tan importante es este debate, ¿por qué no da la cara”, se ha preguntado Camacho. “Porque sabe que está al margen de la ley y es ilegal”, se ha respondido.

Santamaría sí se ha referido, por el contrario, a las consecuencias negativas que acarrearía la secesión, un mensaje que diversos miembros del Gobierno repiten desde hace meses en todos sus discursos: la salida del euro y la Unión Europea, el retorno a los aranceles y la pérdida, por ejemplo, de las ayudas a 70.000 agricultores en aplicación de la Política Agraria Común.

La vicepresidenta también ha enumerado diversos datos en favor del mantenimiento de Cataluña dentro de España: es la comunidad que más inversiones ha recibido en dos décadas, la única que tiene sus capitales de provincia conectadas con AVE y que este año recibirá 5.000 millones de euros en subsidios de paro y otros 21.000 en pensiones no contributivas. Frente a ese escenario, ha dicho que no era necesario celebrar una consulta para saber que los problemas de los catalanes son 800.000 parados y 180.000 personas en listas de espera en la sanidad. Santamaría ha sentenciado que el PP no quiere que “ningún español deje de ser europeo y se convierta en extranjero dentro de su propio país”, y ha recordado los vínculos afectivos que unen Cataluña con España.

Mientras tanto, unas 500 personas de diversos colectivos independentistas catalanes, flamencos, escoceses y lombardos han recorrido este domingo el barrio europeo de Bruselas en defensa del derecho de autodeterminación, informa Ignacio Fariza.