El juez del ‘caso Bárcenas’ investiga una cuenta opaca que movió 460 millones

La Agencia Tributaria ha enviado un informe a Pablo Ruz, juez instructor del caso Bárcenas, que sigue el rastro de los titulares de una cuenta bancaria que registró movimientos de más de 460 millones entre 2006 y 2010. Los inspectores de Hacienda han encontrado ese enorme depósito de operaciones analizando el destino de 100.000 euros transferidos por Amando Mayo Rebollo desde Suiza a una sucursal del Banco Pastor en A Coruña (hoy Banco Popular).

Mayo había sido imputado en la trama Gürtel que investiga la posible financiación ilegal del PP en el supuesto pago de una comisión de 12,8 millones a Fernando Martín (Martinsa) en un pelotazo organizado por Francisco Correa, el cabecilla de la trama, en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid).

El nuevo capítulo incorporado ayer al sumario del caso Bárcenas proyecta la sospecha de que los beneficiarios españoles de la transferencia de Mayo, Manuel Roel y Walter Manuel Hernández, en representación de la empresa Belfast Link, son hombres de paja de una sociedad interpuesta “con la finalidad de dificultar que se conozcan las razones de determinados pagos y quén es el verdadero destinatario de los mismos”.

Esa sociedad titular de la cuenta española está domiciliada en Uruguay, país con el que España no tuvo convenio de intercambio de información hasta abril de 2011, lo que lo convertía en una suerte de paraíso fiscal. En la base de datos de la Agencia Tributaria española no figura la entidad Belfast Link como contribuyente, y sus dos apoderados no están identificados en las cuentas en las que constan como "autorizados". Además, esa empresa Uruguaya tiene otras cinco cuentas abiertas en el banco español y en cuatro de ellas se han realizado abonos superiores a tres millones de euros.

Armando Rebollo, el ordenante de la transferencia que desencadenó el rastreo de fondos, es gestor de patrimonios de otros imputados en Gürtel, por lo que el juez pidió información al banco español que detalle de los movimientos al banco Pastor en la sospecha de que “podría encubrir la existencia de delitos fiscales o de blanqueo”. La entidad, sin embargo, envió una documentación incompleta, sin aportar datos fundamentales como la identidad de las personas que abrieron, ni los contratos de apertura, escrituras, estatutos y otros documentos para determinar quién está detrás de esa sociedad.

Hacienda le ha pedido al juez que vuelva a solicitar al banco esos datos para intentar recomponer el gran puzle en que se ha convertido el caso.