El Gobierno congela dos leyes contra la corrupción para pactar con la oposición

Por virtud o por necesidad, el Gobierno quiere compartir con todo el arco político un gran debate sobre la forma en la que se puede atajar la corrupción y las medidas para regenerar la democracia española. Los invitados a este intento de pacto de Estado han aceptado el envite sin garantizar que vayan a llegar hasta el final. Esto es lo que ha ocurrido en la primera reunión convocada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, que llevará el peso del trabajo por parte del Gobierno.

La primera decisión implícita de esta reunión es que el Gobierno congela la tramitación de dos leyes que aprobó el pasado mes de febrero y envió al Congreso: control económico y financiero de los partidos políticos y control de los altos cargos de la Administración del Estado. Los políticos se han dado hasta fin de este año para aprobar todo un paquete de normas susceptibles de ser convertidas en leyes. Todos coinciden en que deberían conseguirlo dado el descrédito en el que está sumida la política y sus representantes.

La reunión con la plana mayor de los portavoces parlamentarios ha transcurrido en un buen clima, con naturalidad, habida cuenta de que han estado solos, sin medios de comunicación presentes. Es másm el Grupo Parlamentario Socialista pidió que no hubiera fotografías ni imágenes de este encuentro. No querían una foto en torno a la vicepresidenta del Gobierno. Y se asumió. “Nos reúnen y buscan el consenso porque el PP en solitario no tiene la legitimidad de plantear medidas anticorrupción”. Esta es la interpretación de la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, de la llamada al consenso del Gobierno. Lo cierto es que el Ejecutivo pospone la presentación de iniciativas anticorrupción e incluso deja en suspenso la tramitación de las dos leyes que ya había aprobado.

El resquemor existe con el Gobierno por el peso del pasado inmediato en relación con el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas, entre otros casos de corrupción que presuntamente afectan al PP. Algunos portavoces, como José Luis Centella, de Izquierda Plural, ha advertido que no van a consentir “un borrón y cuenta nueva”, pero van a trabajar.

Comparecencias de expertos

El método de trabajo lo ha propuesto el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, aunque con aportaciones de otros portavoces. Lo primero dentro de la Comisión Constitucional del Congreso se establecerá una lista de comparecientes de la sociedad civil que puedan aportar sus puntos de vista políticos y jurídicos sobre medidas para hacer muy difícil la corrupción y poner diques a la misma. También de regeneración democrática, lo que afectará al Código Penal, a la ley de partidos políticos, a las incompatibilidades de los altos cargos y a los políticos cuando abandonan la vida pública. Una vez que los grupos parlamentarios escuchen la opinión de los expertos, aprovecharán ese caudal de información para articular las normas concretas.

Medida a medida se verá si hay posibilidad de acuerdo. “Hay un clamor de cambio en la vida política así que lo tenemos que conseguir”, ha reconocido el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso. “Es una necesidad objetiva que haya medidas para evitar la corrupción, pero no solo, sino para conseguir una auténtica regeneración democrática”, ha aclarado Rosa Díez, portavoz de UPyD. Esta, junto a José Luis Centella de Izquierda Plural, han propuesto que se añada el cambio de la Ley Electoral para conseguir más proporcionalidad, cambios a los que siempre se han opuesto PP y PSOE.

Cada portavoz ha puesto el énfasis en lo que considera más perentorio para su partido. Así, Josep Sánchez Llibre, de CiU, se ha fijado en la financiación de partidos respecto a la que debe haber transparencia, pero también “suficiencia” para llevar a cabo sus actividades. De todo esto se podía haber empezado a hablar y a trabajar hace seis meses, según Soraya Rodríguez, del PSOE. Hace un semestre el Grupo Socialista pidió la creación de una subcomisión, dentro de la Comisión Constitucional, para trabajar contra la corrupción. Pasado el tiempo, el PSOE cree que se les ha dado la razón porque el plan de trabajo coincide básicamente con sus propuestas de seis meses atrás.

Nadie se quiere quedar fuera en el intento de hacer este pacto. Del grupo mixto participarán Rafael Larreina de Amaiur que ha propuesto –“y se ha aceptado"- que se avance casilla a casilla sin romper porque no haya acuerdo en alguna de las normas. Un interés especial tiene Joan Baldoví de Compromís–Equo por estar en esta tarea. “Soy valenciano y al estar mi comunidad especialmente afectada por la corrupción queremos estar en esta tarea”, ha dicho. También como valenciano ha invocado la noche de este miércoles, del 19 de marzo, donde se quemarán las fallas “y arderá todo lo malo”. Eso espera de la tarea que empieza hoy en la vida política.