Las asociaciones de guardias civiles exigen que se investigue la paella progolpista

La asociaciones mayoritarias en la Guardia Civil han pedido una investigación a fondo de la paella progolpista que el pasado 18 de febrero celebraron en el cuartel de Valdemoro (Madrid) una docena de condenados por el 23-F, solo cinco días antes de cumplirse su 33º aniversario.

Para dichas asociaciones, deben depurarse todas las responsabilidades por un acto en el que participaron, entre otros, el cabecilla del asalto al Congreso, el exteniente coronel Antonio Tejero Molina, y el excapitán Jesús Muñecas. En su opinión, no basta con la destitución del hijo del primero y anfitrión del encuentro, el teniente coronel Antonio Tejero Díaz, como jefe del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) nº 1 de la Guardia Civil.

“El cese de Tejero [hijo] es una medida insuficiente, por lo que [esta organización] reclama que se depuren responsabilidades para que celebraciones de este tipo no vuelvan a ser organizadas por mandos del instituto armado”, afirma la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que agrupa a 33.000 agentes.

Por su parte, la Unión de Guardias Civiles, la segunda en número de afiliados, calificó de “déspota” al teniente coronel destituido y ha recordado que este se valió de agentes de servicio para su particular conmemoración. “Los cocineros que hicieron la paella son guardias que estaban en su jornada laboral, pero que recibieron órdenes para que dejaran sus quehaceres policiales. Su nueva orden era hacer la paella. Los que actuaron de camareros, igualmente. Incluso se hizo una exhibición de material para mayor gloria de estos golpistas, detrayendo agentes de sus funciones policiales”, recuerda. ¿Por qué no denunciaron a su jefe? “En la Guardia Civil ningún agente está tan loco como para hacer eso. Sabe a lo que se arriesga y no le compensa”, argumenta dicha asociación.

El régimen disciplinario de la Guardia Civil tipifica como falta grave la “realización de actos irrespetuosos o la emisión pública de expresiones o manifestaciones contrarias al ordenamiento constitucional”; y, como falta grave, el “ordenar a los subordinados la ejecución de prestaciones de tipo personal ajenas al servicio”. Sin embargo, la Dirección General de la Guardia Civil no ha abierto expediente disciplinario al teniente coronel.

Fuentes de la dirección general explican que el cese en su destino constituye una de las sanciones más duras que pueden imponerse, por lo que se considera suficiente castigo.

La diferencia radica en que el cese del teniente coronel Tejero Díaz tuvo carácter discrecional y se produjo por “pérdida de confianza”, por lo que no tendrá efectos en su hoja de servicios.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, intentó zanjar el asunto aclarando que si destituyó a Tejero no fue por celebrar el 23-F sino por organizar un acto en una instalación militar sin permiso y exhibiendo el material de la unidad. “Si además tenía esas otras connotaciones”, reconoció, en alusión al aniversario de la intentona golpista, “es evidente que lo hacían especialmente delicado. Pero aunque no se hubieran dado esas condiciones, ese mando debía ser cesado porque no podía realizar un encuentro de esas características en un acuartelamiento sin autorización y sin conocimiento de sus superiores”.

Las asociaciones de guardias civiles exigenque se investigue la paella progolpista

Fernández Díaz aseguró que tanto él como el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, se enteraron de la celebración el pasado lunes —aunque no dijo que tras una consulta de EL PAÍS— y destacó la “coincidencia” de que Tejero Díez fuera nombrado para su último destino el 23 de febrero de 2010, bajo Gobierno del PSOE.

Sus explicaciones no convencieron a la oposición. La portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, dijo que si es cierto que el ministro del Interior se enteró por la prensa del homenaje a los condenados del 23-F debería destituir director de la Guardia Civil por tolerar un acto progolpista en un cuartel.

Rosa Díez, de UPyD, pidió que se actúe con “ejemplaridad” y se imponga la “máxima pena” pues con el golpismo no caben “bromas ni mirar para otro lado”. José Luis Centella, de La Izquierda Plural, reclamó que investigue la fiscalía y se depuren “responsabilidades penales”. Aitor Esteban, del PNV, consideró “lógica” la destitución y Pere Macías, de CiU, felicitó al ministro por su “rápida y positiva” respuesta. Para Alfonso Alonso, del PP, “Lo importante es que la paella ha sido indigesta porque el responsable ha sido destituido”.