El etarra libre bajo fianza tenía la llave de un caserío listo para el rapto de un edil

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado un auto de prisión –eludible bajo fianza de 50.000 euros- al presunto colaborador del comando Vizcaya de ETA Asier González Soreasu, detenido el pasado 11 de marzo en Bilbao. El entorno del supuesto ha reunido la cantidad de manera inmediata para evitar que el supuesto colaborador etarra vaya a prisión, según fuentes jurídicas. González Soreasu ha quedado libre al pagar la fianza.

El auto del juez asegura que el ahora liberado tenía las llaves del caserío Indie-Beiti, en la localidad de Dima (Bizkaia) en el que supuestamente iba a ser encerrado en un zulo tras ser secuestrado el concejal Benjamín Félix Atutxa.

El magistrado, que aprecia en el detenido delitos de colaboración con organización terorista e incluso de integración en ETA y conspiración para la comisión de un delito terrorista, considera que no se aprecia riesgo de alteración u ocultación de pruebas ni de reitaración delictiva. González Soreasu ha abandonado la Audiencia Nacional a la 14.45 acompañado de su abogada Jone Goirizelaia.

González Soreasu fue arrestado después de que un fontanero que reparó la caldera de un apartamento alquilado por el comando Vizcaya en Ezcaray (La Rioja) localizara un pendrive con información de la banda. Esta persona puso el dispositivo de almacenamiento informático a disposición de la Guardia Civil.

En este pendrive había una carpeta con el nombre de Sakira que contenía una serie de archivos en euskera y simbología de ETA. Uno de los archivos contenía una lista de 20 concejales del PSE y del PP de diversos municipios vizcaínos contra los que ETA pretendía atentar. En otro archivo se hace referencia a un caserío de la localidad de Dima (Bizkaia), inmueble del que era responsable González Soreasu, y en el que la Guardia Civil cree que el comando etarra pensaba ocultar temporalmente a finales de 2007 al entonces concejal socialista de Eibar (Gipuzkoa) Benjamín Atucha, al que pensaba secuestrar y asesinar como ya había hecho con el edil popular Miguel Ángel Blanco. El registro del caserío ha demostrado que este inmueble disponía en su interior de un habitáculo de 70 centímetros de ancho por 2,80 metros de largo con un cerrojo en su exterior y una pequeña ventana en su parte superior.

El instituto armado concluyó con esta información que González Soreasu actuó como colaborador de la banda terrorista, por lo que fue detenido en su domicilio de la calle Zabalbide de la capital vizcaína. Los efectivos de la lucha antiterrorista registraron la vivienda de González, cercana al casco viejo de Bilbao, durante cuatro horas y media, así como el garaje. Los agentes se llevaron diverso material y un vehículo. Además, los agentes inspeccionaron la herriko taberna del barrio de Santutxu, donde trabajó González Soreasu, apodado Sagutxu (Ratoncillo).

El magistrado, además de no observar riesgo de reiteración delictiva ni de ocultación de pruebas, tiene en cuenta el arraigo de González Soreasu en España. Su defensa ha aportado numerosos certificados sobre sus raíces, entre ellas un contrato de trabajo con el Ayuntamiento de Bilbao y certificaciones de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de que es socio de la misma. Además de la fianza, el juez Ruz le prohíbe salir de España, le retira el pasaporte y le obliga a presentarse cada semana ante el juzgado de Instrucción de su domicilio.

Interior acusa a González Soreasu, relacionado con la organización ilegal juvenil Segi, de colaboración con el comando Vizcaya desarticulado por la Guardia Civil el 22 de julio de 2008. El instituto armado le imputa haber apoyado a un comando de liberados enviados por la dirección de ETA a Vizcaya y que, entre 2007 y 2008, cometió ocho atentados: con un Guardia Civil muerto en Legutiano (Álava), Juan Manuel Piñuel; cuatro coches bomba; y artefactos trampa que causaron numerosos desperfectos.

El comando Vizcaya estaba considerado el grupo más activo de ETA desde la ruptura del alto el fuego el 30 de diciembre de 2006 con el atentado de la T-4 de Barajas. Se le atribuyen la mayoría de los atentados cometidos desde aquella fecha, entre ellos contra las casas cuartel de la Guardia Civil de Durango (Bizkaia), en agosto de 2007, en Calahorra (La Rioja), en marzo de 2008, y Legutiano. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas intervenciones.