La ‘ley Margallo’ se aprueba sin consenso, pese a las cesiones

La Ley de la Acción y el Servicio Exterior, el proyecto estrella del ministro José Manuel García-Margallo, culminará este jueves su tortuosa singladura sin el consenso que debería concitar la norma que regulará por vez primera en 35 años de democracia esta política de Estado. Y ello a pesar de que el ponente socialista, Alex Sáiz, reconoce las mejoras que ha experimentado el texto a su paso por las Cortes y el “esfuerzo personal del ministro” por ganarse el apoyo de los demás grupos.

Este jueves no habrá votación del conjunto de la ley, ya que el Congreso se limitará a ratificar las enmiendas introducidas en el Senado, pero el PSOE mantiene las críticas que lo hicieron abstenerse en su momento, al igual que el PNV. Solo la “deficiente tramitación parlamentaria” del anteproyecto, en palabras de Sáiz, explican que estos dos grupos no pasaran de la abstención al voto positivo en el Senado y que CiU, que se abstuvo en la Cámara baja, acabara votando no en la alta.

Acuerdo frustrado

La posibilidad de un acuerdo se rompió cuando el PP introdujo, sin aviso previo, la creación de un registro público de viajes al extranjero de los responsables autonómicos. Finalmente renunció a esta pretensión e incluso aceptó recortar la obligación de avisar con carácter previo sobre las salidas al extranjero: ya no serán todos los altos cargos autonómicos e incluso los diputados de sus asambleas legislativas los que deban avisar al Ministerio de Asuntos Exteriores, bastará con que lo hagan los presidentes autonómicos y sus consejeros. Además, quedarán eximidos de hacerlo cuando visiten las instituciones de la UE.

Pero ya era tarde y el Gobierno no consiguió que fraguara en el Senado el pacto que estuvo al alcance de la mano en el Congreso. Los nacionalistas consideran excesivo el control de Exteriores sobre la acción de las comunidades autónomas en el extranjero; mientras que a UPyD se le queda corto. El PSOE echa de menos un reconocimiento de los derechos sociales del personal laboral en el exterior y critica que no se consulte a los sindicatos para el informe que hará sobre su situación el Gobierno.

La próxima oportunidad para el consenso será la Estrategia de Política Exterior. Margallo se ha comprometido a aprobarla en seis meses y a informar anualmente sobre su cumplimiento.