Gallardón delegará el Registro Civil en funcionarios “de distintos cuerpos”

El Registro Civil, que realiza cada año 1,4 millones de trámites en toda España (unos obligatorios para los ciudadanos, como las inscripciones de nacimiento y defunción, y otros voluntarios, como los cambios de apellidos), seguirá siendo gratuito, lo gestione quien lo gestione. Ya se sabía, pero lo confirmó ayer en Barcelona el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que precisó: serán gratuitas tanto las "inscripciones" -todas- como las "certificaciones de aquello en lo que el Registro ya te ha inscrito" (las copias que el ciudadano pide posteriormente). El ministro señaló también que su intención sigue siendo la de quitar la gestión de ese Registro a los jueces para delegarla en otros "funcionarios públicos", aunque "no de un único cuerpo" sino de varios distintos, "en función de la división territorial de España".

La expresión "funcionarios públicos" que usó Gallardón es ambigua. Podría referirse, por ejemplo, a funcionarios del juzgado, como los secretarios judiciales (que llevan meses pidiendo asumir el Registro); pero también podría referirse a los notarios y registradores de la propiedad o mercantiles, porque estos dos cuerpos son oficialmente "funcionarios públicos" (según la Ley del Notariado y la Ley Hipotecaria). En la práctica, son un híbrido de funcionarios públicos (dependen del Gobierno, acceden al cargo por oposición) y trabajadores privados (no les paga el Gobierno sino que se financian con aranceles cobrados a los clientes por cada servicio, y gestionan sus propias plantillas). Algunos colectivos ven en esa opción un paso hacia la privatización del Registro.

Durante meses, el ministerio negoció con el Colegio de Registradores de la propiedad y mercantiles para delegar en él la gestión del Registro Civil. El acuerdo parecía cerrado hace unos días, pero esta misma semana se rompió, según Justicia, porque los registradores exigían poder cobrar aranceles por algunos trámites del Registro y el ministerio ya se había comprometido a que todo siguiera siendo gratuito. Fuentes de Justicia sostienen que han descartado "definitivamente" esa delegación expresa y total en el Colegio de Registradores. Pero admiten que se están explorando "otras fórmulas". Y, a la pregunta de si se descarta totalmente la colaboración con los registradores, en una u otra medida, el ministerio no responde.

"No nos negaríamos a hacerlo gratis"

El Colegio de Registradores no ha querido dar una respuesta oficial a esa ruptura de negociaciones. Fuentes del colectivo, sin embargo, sostienen que ellos nunca exigieron el cobro de aranceles. Y aseguran que, si Justicia les ordena asumir ese trabajo gratis, lo harán aunque no les guste, porque son funcionarios públicos y no pueden negarse. "Es cierto que nosotros dijimos que éramos partidarios de cobrar aranceles por algunos servicios del Registro Civil. Quizá no por los certificados obligatorios, pero sí por otro tipo de trámites voluntarios que, si no los paga el usuario, los pagan todos los ciudadanos con sus impuestos. Nos parece un modelo más justo. Pero solo lo planteamos durante las conversaciones con el ministerio, no lo exigimos. No tenemos competencia para exigir nada. Somos funcionarios públicos, haremos lo que nos digan", señalan estas fuentes.

Desde el ministerio responden que, efectivamente, podrían imponer la gestión del Registro Civil al Colegio de Registradores sin pagarles nada a cambio y sin dejarles cobrar aranceles, pero dicen que prefieren llegar a un acuerdo con un colectivo que comparta el modelo de gratuidad, sin imposiciones (y que acepte de buena gana asumir un trabajo sin cobrar por él). En las próximas semanas o meses Justicia tendrá que decidir qué colectivo es ese.