La Audiencia se centra en si Urdangarin se aprovechó de ser el yerno del Rey

La Audiencia de Palma, al resolver una apelación del caso Urdangarin y refrendar otra vez la labor del juez José Castro, ha insistido en que el núcleo de la investigación está en la supuesta malversación de caudales públicos, fraude fiscal y blanqueo de fondos, subvenciones y contratos logrados ilegalmente por el yerno del Rey con su socio, prevaliéndose de su situación y vínculo familiar.

Los jueces de la Audiencia, Diego Gómez-Reino, Juan Jiménez y Mónica de la Serna señalan que se investiga el posible “prevalimiento” de Urdangarin por su situación personal y vinculación con la Casa Real, ya que “era entonces y lo sigue siendo yerno del Rey”. Desde esta posición, supuestamente, pudo maquinar para "obtener contratos con administraciones públicas al margen de los procedimientos establecidos o que encubrirían subvenciones ilegales".

Urdangarin y su exsocio en el instituto Nóos, Diego Torres, son acusados por haber malversado hasta seis millones de euros de las arcas públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana. Es el montante de la fianza civil que el juez y la Audiencia les impusieron para asegurar su retorno en caso de condena.

La lupa judicial rastrea a los imputados por utilizar, supuestamente, “sociedades interpuestas, con cruce de facturas simuladas” para “obtener beneficios fiscales con la consiguiente defraudación tributaria y blanquear parte de esos fondos ilícitamente obtenidos". La Audiencia señala la posible evasión internacional: algunos de los fondos "habrían ido a parar a sociedades radicadas en paraísos fiscales".

Los tres magistrados se pronuncian para rechazar la incorporación a la causa de nuevos correos electrónicos privados del duque de Palma así como la grabación de una vista judicial, celebrada en julio de 2013 en Barcelona, a puerta cerrada en Barcelona, que abordó una demanda de protección del honor presentada por el yerno del Rey contra su exsocio Diego Torres. En la sesión judicial Urdangarin reconoció que agentes de seguridad e inteligencia controlaban sus correos electrónicos y redes informáticas.

La Audiencia ve objetivamente pertinentes las peticiones por Diego Torres de las pruebas pero que no las cree necesarias, útiles o eficaces por "el hecho circunstancial" que se verá en la vista oral con el escrutinio de pruebas.

Queda así fuera de la causa un CD con una declaración audiovisual de Urdangarin donde este hablaba de la tutela de los servicios secretos sobre las comunicaciones en Nóos. La infanta Cristina, a preguntas del juez Castro, el pasado día 8 de febrero, reconoció que personas de la Zarzuela (de la Casa del rey) y de seguridad revisaban su ordenador. Además, Torres quería agregar al sumario un número de la publicación satírica Mongolia que divulgó varios correos electrónicos particulares de Urdangarin.

Diego Torres se basa en el control del aparato del Estado sobre las comunicaciones de Nóos para afirmar que en todo momento su actuación se hallaba siempre dentro de la legalidad. La Audiencia indica que "el dolo" es la cuestión que deberá ser examinada y valorada en el juicio. La confianza que pudiera otorgar a Torres el hecho de que su socio fuera yerno del Rey, no afecta a la conciencia de "antijuricidad" que podría albergar sobre su participación en los hechos investigados.