El juez Castro se toma tiempo sobre la infanta

El futuro procesal de la infanta Cristina en el caso Urdangarin,imputada por indicios de presunto blanqueo de dinero y fraude fiscal, no se resolverá de inmediato. Sigue imputada y el juez José Castro no resolverá en caliente el nudo final del caso: bien liberar de toda sospecha penal a la hija del Rey, por ausencia de carga penal o indicios sólidos o, por el contrario, determinar que se ha de sentar en el banquillo de los acusados en el futuro juicio, que podría tardar casi un año en comenzar.

La instrucción vertebral de la causa quedó prácticamente colmada con la muy extensa declaración como imputada de la Infanta de casi siete horas, el pasado sábado día 8. El juez analizará ahora la que será extensa transcripción escrita del interrogatorio -que tardará días en tenerse- y puede solicitar alguna diligencia complementaria.

El instructor, según fuentes judiciales de Palma, mantiene sus sospechas sin disipar. No hace cuestión personal del asunto de la imputación -o futura acusación- de la Infanta pero se mostró insatisfecho, no convencido, en el interrogatorio ante una buena parte de las respuestas que aquélla dio.

Las muy dispares acusaciones populares, Frente Cívico y Manos Limpias, que secundan la tesis acusatoria, definieron como inconcretas y evasivas las palabras de la hija del Rey.

La Fiscalía y la defensa esperarán. Tampoco tomarán una iniciativa apresurada para intentar forzar al juez a que se pronuncie y dicte un auto de sobreseimiento o archivo rápido de la causa respecto a la hija del jefe del Estado. No reclamarán que levante la imputación ahora y sin más. Quieren dejar un margen de maniobra a José Castro.

Horrach tiene previsto pedir penas de 17 años para el duque

La Fiscalía, la Abogacía del Estado, la abogacía pública de Baleares y la defensa de la Infanta están a la expectativa, aunque desean que el juez mueva sus piezas en un plazo corto. Desde ese frente se apuesta porque sea el juez el que despeje la incógnita que abrió en solitario, al imputar a la también duquesa de Palma, según distintas versiones judiciales.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach pretende que el juez reflexione sobre la situación, valore las respuestas obtenidas y desde su “soledad” acusadora salga del “atolladero” a su modo para acabar dictando un sobreseimiento de oficio. Ni Horrach ni los letrados de Cristina de Borbón, Miquel Roca y Jesús María Silva, presionarán al juez ni pretenden ponerle en un brete con nuevos escritos.

De entrada, entre los contrarios a la imputación de la Infanta se rechazó solicitar al juez, al finalizar la declaración de Cristina de Borbón, que acordase ya el sobreseimiento exprés, que levantase la losa de la imputación. También se valoró la posibilidad de que el instructor, de oficio, obrase en ese sentido tras la comparecencia. No fue así ni se acelerará una salida rápida, una petición inmediata de archivo.

El juez Castro determinará, posiblemente en semanas, quizás tras alguna nueva diligencia y después de requerir algún informe pendiente para culminar la construcción del sumario, el cierre la instrucción y el pase a procedimiento abreviado. El fiscal Horrach, que creía “innecesaria” la declaración de la Infanta, sí solicitará en dos semanas que se finalice la instrucción.

El juez, al dar por concluidas las indagaciones, elaborará el auto de apertura de juicio oral, el cierre del caso Urdangarin. Determinará el relato de hechos, el listado de presuntos indicios delictivos que se han de juzgar en la Audiencia de Palma y relacionará quienes se han de sentar en el banquillo de los acusados como supuestos autores de los hechos. Entonces, en ese momento, las partes, los defensores, presentarán sus escritos finales y pedirán las exculpaciones.

El fiscal reclamará que no se acuse a la infanta si entonces aun consta su nombre en el auto final del juez. En el mismo escrito, Horrach tiene previsto pedir penas de hasta 17 años de cárcel para el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, y su socio Diego Torres. Para la infanta Horrach reclamará que pague 600.000 euros por responsabilidad civil, como partícipe a titulo lucrativo, por socia al 50 por ciento de la sociedad familiar Aizoon en la que su esposo ingresó 1,7 millones de euros ilícitos.

El rol de la Infanta en el caso Urdangarin es el más peliagudo de la causa. Le ha dado relevancia internacional. En este contexto, fiscal y defensa no quieren arriesgarse con una petición de sobreseimiento rápido y provocar otro pronunciamiento judicial adverso de Castro seguido de recursos y apelaciones en otras instancias. Además, así se dilatará la solución del problema que gestionan, el “martirio” que lamenta la Casa del Rey. Horrach y Roca ya coincidieron -tras las dudas del abogado- al evitar recurrir en enero pasado esta imputación de la Infanta ante la Audiencia de Palma, lo que sí sucedió en 2013.

Roca ya dio esa pista de dar más margen al juez el sábado en la puerta del juzgado. No le emplazó a actuar. Mostró su “plena confianza” en la justicia, en el juez -al que elogió varias veces- , para “seguir su camino y resolver lo que tenga que resolver”. Y recordó que la infanta no tiene ningún aforamiento ni ningún privilegio.

El juez instructor del también denominado caso Nóos dejó clara su autonomía y la falta de urgencia al acabar esa misma jornada del interrogatorio: “No es momento de hacer ninguna valoración. Cuando llegue el momento del trámite que corresponda se harán las valoraciones que correspondan”. El juez no ha despejado sus dudas ni sospechas. Otra cosa es que tenga elementos incriminatorios para definir una acusación pero no quiere que le marquen el ritmo.