Exteriores instruye a los embajadores para justificar la ley de seguridad

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado un documento reservado a los embajadores, en el que les ofrece argumentos para defender ante las instituciones internacionales el proyecto de ley de seguridad ciudadana.

El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, está redactado en inglés y, entre otras cosas, en él se asegura que “la finalidad no es castigar más, sino castigar mejor, es decir, con mayores garantías” y “lo que la nueva ley pretende no es proteger a los políticos, sino proteger la democracia”.

Los actuales responsables de Exteriores han utilizado reiteradamente este sistema de argumentarios a las embajadas para defender actuaciones concretas del Gobierno. Lo hicieron con un documento extenso sobre el soberanismo de Cataluña y sobre las cifras de paro, entre otras. En este caso lo hacen sobre un texto legal controvertido que está en trámite, pendiente de modificaciones y que no ha llegado al Congreso.

Esa situación ha provocado malestar entre diplomáticos que consideran que su misión no es explicar y defender actuaciones políticas del Gobierno. El anteproyecto ha sido criticado por el Consejo Fiscal en su informe preceptivo y hay una propuesta de informe muy crítico del Poder Judicial que, además, considera que incluye aspectos inconstitucionales.

El documento de Exteriores sobre la Ley de Seguridad Ciudadana está redactado en forma de preguntas que va contestando, siempre de forma positiva.

Presenta el anteproyecto como si fuera la contestación a un clamor social y habla de respuesta a “peticiones que muchos ciudadanos, asociaciones de comerciantes, asociaciones de vecinos, asociaciones de padres, alcaldes, etcétera, han realizado durante años sobre temas que afectan al pleno disfrute de derechos y libertades, a la vida diaria de muchas familias y, en general, a la coexistencia pacífica en libertad y con el máximo respeto por la pluralidad, en contraposición con las actitudes antisociales, violentas y coercitivas”. Y concluye: “Es, por tanto, una iniciativa valiente”.

El texto explica que la ley es consecuencia de haber sacado del nuevo Código Penal las faltas, para asegurar que “mejora el marco regulatorio legal”. Omite que esas conductas se sancionarán con faltas administrativas y sin intervención judicial como hasta ahora. Además, explica: “Las asociaciones de comerciantes del centro de Madrid nos han expresado su valoración positiva del anteproyecto. Durante años han sufrido el problema de la prostitución frente a centros educativos”. A lo que apostilla: “Han llegado a pensar que los Gobiernos anteriores preferían poner en peligro a los niños en vez de abordar un tema como éste”.

Exteriores niega en el documento que se restrinjan derechos y explica que solo se castigan “acciones que sean violentas, agresivas y coercitivas” que “se produzcan mientras se ejerza el derecho de manifestación, o que afecten a la seguridad ciudadana”. Omite que son mínimas las manifestaciones violentas y, según dijo el jueves el director general de la policía en el Senado, en 2013 solo hubo actuación policial en 23 de las 25.461 manifestaciones.

“Manifestarse con el rostro cubierto no se sanciona, lo que se sanciona es la alteración del orden público con el rostro cubierto para evitar la identificación”, añade el texto, que niega que se pretenda proteger a los políticos de las marchas y escraches. A continuación, añade que “lo que la nueva ley pretende no es proteger a los “políticos”, sino proteger la democracia: 'El Parlamento es por excelencia el lugar donde reside la democracia y, con independencia de quiénes sean representantes electos, es un símbolo de libertad y una expresión de la riqueza democrática que se tardó siglos en lograr”.

También señala que no se pretende solo proteger a la policía y que se castigue la difusión de imágenes, pese a que estas hayan sido objeciones de diversas instancias al anteproyecto de ley. Sobre la prostitución dice que “simplemente trata de proteger otros derechos legales que prevalecen: la protección infantil y la seguridad viaria”. Pero niega que imponga multas desproporcionadas, como denuncia en su propuesta de informe el Poder Judicial.