La reforma de la justicia universal subleva a los fiscales de la Audiencia

Los fiscales de la Audiencia Nacional se han sumado a las voces opositoras, prácticamente todas excepto el PP, contra la reforma de la justicia universal que impulsa el Gobierno de Mariano Rajoy y que limita casi totalmente la capacidad de los jueces españoles para investigar delitos contra los derechos humanos cometidos fuera del territorio nacional. La Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional ha acordado por unanimidad trasladar al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, su “preocupación” por el alcance de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el Partido Popular ha buscado tramitar por la vía más urgente –una proposición de Ley Orgánica- y sin consultar a organismos como el Consejo General del Poder Judicial.

Los fiscales han redactado, y también aprobado por unanimidad, un documento de tres puntos en el que critican con dureza la reforma impulsada por el ministerio de Justicia para dar carpetazo a numerosas investigaciones sobre genocidio y crímenes de lesa humanidad que se siguen en la Audiencia Nacional y que molestan a diversos gobiernos extranjeros. La decisión de recortar la jurisdicción internacional por la vía rápida ha llegado después de las resoluciones de la Audiencia Nacional que persiguen a los expresidentes chinos Hu Jintao y Jiang Zemin, entre otros miembros de la cúpula política y militar del gigante asiático, por el genocidio en el Tíbet. La reforma obligará a cerrar investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en Guantanamo, en el Sáhara, o en Ruanda, o el caso de la muerte del cámara de Telecinco José Couso cuando cubría la invasión norteamericana en Irak en 2003.

Los fiscales de la Audiencia Nacional, tras examinar durante las últimas semanas el texto del PP, consideran que la reforma “vaciará de contenido derechos constitucionales básicos como el acceso a la tutela judicial efectiva” y la “protección de los derechos de las víctimas”. Además, opinan que el proyecto “cercena sustancialmente cualquier posibilidad de persecución de los delitos relacionados con las violaciones de derechos humanos aunque haya víctimas españolas o intereses relevantes en juego”.

El grupo popular en el Congreso impuso el pasado 17 de febrero una tramitación parlamentaria ultrarrápida para la reforma de la justicia universal con el objetivo de que a finales de marzo estén archivados los sumarios que más quebraderos de cabeza diplomáticos han generado al Gobierno español. El Ejecutivo prevé que el texto se apruebe incluso este mismo jueves en el Congreso definitivamente tras su paso por el Senado.

La junta de fiscales de la Audiencia Nacional, presidida por el fiscal jefe Javier Zaragoza, se suma a la posición expresada por las asociaciones progresistas de jueces y fiscales y por las organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos más relevantes. En el escrito remitido a Torres-Dulce, los fiscales que más de cerca siguen los sumarios de crimen transnacional, señalan que la reforma “limita notablemente la investigación y persecución de actividades delictivas especialmente graves como el terrorismo, el tráfico internacional de drogas, la trata de seres humanos en sus distintas modalidades o la piratería”. También señalan que tendrá efectos nocivos para la persecución de secuestros de aeronaves, prostitución y corrupción de menores o los delitos “de naturaleza intrínsecamente transnacional” relacionados con el uso de nuevas tecnologías, como la pornografía infantil o la ciberdelincuencia.

El texto que propone el PP no solo alarma a jueces, fiscales y ONG. El Ministerio del Interior se ha movido para modificar una redacción que dificulta en gran medida la posibilidad de que la policía asaltara barcos con bandera de conveniencia en aguas internacionales cargados de droga. En el trámite de enmiendas, el texto ha sido retocado para hacer factible esta persecución.

El texto de los fiscales de la Audiencia Nacional señala que “la introducción de criterios tan marcadamente excluyentes” en la jurisdicción universal “solo contribuirá a generar espacios de impunidad” en la persecución de los delitos transnacionales, y a “neutralizar la respuesta judicial y la capacidad de investigación de tales fenómenos criminales”. Esto supone el riesgo, según los fiscales, de “entorpecer el cumplimiento de las obligaciones y compromisos internacionales asumidos “por España y que forman parte del ordenamiento jurídico español. Algunos jueces de instrucción de la Audiencia Nacional se plantean la posibilidad de interponer cuestiones de constitucionalidad en el momento en que se vean obligados a archivar los sumarios de justicia internacional cuando entre en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.