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Presión internacional contra la reforma de la jurisdicción universal en España

La Asociación de Mujeres Tibetanas logra el apoyo de políticos y abogados indios para pedir al Gobierno español que frene la reforma que impediría juzgar los delitos contra su pueblo

La carta que firman políticos y abogados indios dirigida a Mariano Rajoy.
La carta que firman políticos y abogados indios dirigida a Mariano Rajoy.

La Asociación de Mujeres Tibetanas (TWA, por sus siglas en inglés) ha iniciado una campaña de presión para que el Gobierno español "mantenga la independencia judicial", y no reforme de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, en los términos que se plantea, supone el recorte del principio de justicia universal y con ello, el carpetazo de la docena de investigaciones, entre ellas la que hay abierta contra la cúpula del Partido Comunista chino en la Audiencia Nacional por el genocidio del Tíbet.

La campaña de esta ONG, la segunda más importante que defiende la causa tibetana con 16.000 miembros, ha dado sus frutos y una decena de políticos y representantes judiciales indios han firmado la carta en la que se recoge la petición de esta asociación. Entre ellos, Shri Bhakta Charan Das, diputado del partido Congreso (el mayoritario en India) en el Parlamento, Smt Meenakshi Lakhi, político y abogado, portavoz del partido Bharatiya Janata (BJP), Shri Dig Vijay Singh, secretario general de All India Congress Committee (AICC), Shri Puran Mal Saini y Shri Ranbir Yadav, ambos miembros del Tribunal Supremo de la India.

La carta que han dirigido a Mariano Rajoy y a "los líderes de los países miembro de la Unión Europea" recuerda a España su "deber universal para prevenir y castigar las más graves violaciones de los derechos humanos en el Tíbet, como delitos contra la humanidad". Le piden al presidente del Gobierno que "resista a la presión inaceptable de China". 

"España era la última esperanza porque es el único país en el que hay una causa abierta por los crímenes en el Tíbet", recuerda Alan Cantos, director del Comité de Apoyo al Tíbet (CAT). "Pero no se trata solo del Tíbet, hay una preocupación por el efecto dominó y que otros países también comiencen a restringir la jurisdicción universal", añade."Y la única vía que tienen las víctimas de lograr justicia es en los tribunales nacionales, porque la Corte Penal Internacional (CPI) no puede juzgar crímenes en países que no hayan suscrito el Tratado de Roma o casos anteriores a su fundación en 2002", argumenta.

El CAT también ha iniciado su propia campaña internacional para que el Gobierno español cambie sus planes. Están recogiendo firmas (de momento tienen unas 3.000) que quieren presentar en el Parlamento Europeo en una próxima reunión que mantendrán con eurodiputados. "Queremos alertar de que China está prácticamente dirigiendo la política interior y exterior de los países de la Unión Europea", explica.

Cantos anuncia además que su organización "buscará todas la vías legales" para frenar la reforma de la jurisdicción universal "antes, durante y después de su aprobación". Confirma que en caso de que finalmente la reforma salga adelante irán al Tribunal Constitucional. El director del CAT espera que el proceso abierto siga su curso y a ser posible, con mayor celeridad. "Hay que cursar las órdenes para que los imputados declaren", pide al Juez Ismael Moreno, encargado de la causa. Pero el Gobierno se mueve a toda velocidad para promover el archivo del caso por el genocidio del Tíbet —podría entrar en vigor en solo dos meses— y la justicia avanza a paso de tortuga.

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