La consejera navarra de Economía niega haber realizado trato de favor a empresas

Existe en Navarra una sola comisión de investigación y dos testimonios enfrentados, el de Idoia Nieves, directora de la Hacienda navarra hasta el 20 de enero pasado, y el de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y su superior jerárquica. La segunda, actual número dos del gobierno de Yolanda Barcina (UPN), comparece en la comisión parlamentaria creada tras las denuncias de la primera tras su dimisión. En este órgano ha negado haber intentado que las empresas a las que asesoraba antes de entrar en política recibieran un trato de favor por parte de Hacienda. Ha señalado además que nunca solicitó a Idoia Nieves el plan de Inspección de la Hacienda foral, tal y como desveló la exdirectora el pasado 11 de febrero en su primera comparecencia ante los parlamentarios en comisión ordinaria.

La exdirectora de Hacienda, Idoia Nieves, reiteró el pasado viernes su versión de la comida que mantuvo el 27 de septiembre de 2011 en un restaurante de Pamplona con Goicoechea, entonces consejera de Industria y Desarrollo Rural. Nieves asegura que durante la sobremesa le pidió el plan de Inspección de la agencia tributaria para conocer si “había empresas de su antigua asesoría”.

La exdirectora reconoció entonces que no tenía pruebas documentales de esa acusación porque no acostumbra “a grabar conversaciones privadas”. Sí comentó aquel incidente con 3 personas, entre ellas su antiguo número dos, Manuel Arana, que en la comisión parlamentaria ha corroborado haber escuchado el relato por parte de Nieves.

Goicoechea sí ha reconocido la existencia de esa comida, de la que ha facilitado a la comisión de investigación la factura, pero niega haber pedido nunca ese plan, al que no puede tener acceso.

Goicoechea ha negado también que solicitara datos sobre retribuciones a consejeros de Caja Navarra en abril de 2013 a instancias de la presidenta Barcina, tal y como afirmó Nieves. Ha reconocido que preguntó a la entonces directora sobre qué entidad tenía esos datos, dado que entonces la entidad financiera estaba ya en manos de Caixabank, pero el Gobierno mantenía la gestión de la Fundación CAN. Asegura que lo hizo para saber si podía responder a preguntas que llegaban desde el Parlamento y a iniciativa propia, no de la jefa del ejecutivo. Sí ha reseñado que Barcina le preguntó por sus propias retribuciones en la entidad financiera, pero le remitió a que “lo mirase en su declaración de la renta”.

Otro de los asuntos a debate en la comisión de investigación era la decisión tomada en 2011 y 2012 de retrasar la devolución del IVA para cumplir el objetivo del déficit marcado por el gobierno central. En esas dos ocasiones, el Gobierno decidió retrasar más allá del plazo de 6 meses que marca la ley tributaria y tuvo que pagar intereses con posterioridad a los contribuyentes afectados. La consejera Goicoechea recalca que esa fue una decisión política tomada por el gobierno, con aval legal. Nieves calificó el pasado viernes esta decisión de “ilegalidad en el ámbito tributario”. Hoy, mientras, el secretario técnico del departamento, Pedro Ugalde, ha señalado que esta decisión fue “completamente legal”.