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Rajoy abre la puerta a recuperar en el aborto el supuesto de malformación

El presidente hace una defensa cerrada de la norma de 1985 y dice que la nueva será “en lo sustancial” como aquella. Rubalcaba: “Aleja a las mujeres de Europa”

Un grupo de periodistas trata de obtener declaraciones de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dejó claro ayer en el Congreso que mantiene su intención de seguir adelante con la reforma de la ley del aborto y que su propósito es cambiar la actual ley de plazos —en el que la decisión de la madre es libre hasta la semana 14— para ir a un modelo de supuestos como el de 1985 —en el que el aborto es delito salvo en ciertos supuestos—. La única grieta en su pétrea posición fue admitir de forma implícita que dará marcha atrás en la supresión del supuesto de malformación fetal.

El anteproyecto de ley del aborto, aprobado en Consejo de Ministros el pasado diciembre y ahora en fase de informes, elimina del papel el supuesto de aborto por malformación fetal, condicionándolo en la práctica a que haya riesgo para la salud física o psíquica de la madre.

Ayer, Rajoy defendió el modelo de supuestos —“Esta ley en lo sustancial va a suponer una vuelta a la de 1985”, dijo—, pero estableció tres diferencias con aquella norma: “La mujer no tendrá reproche penal nunca; una menor de edad tendrá para tomar esta decisión que contar con el conocimiento de sus padres y no hacerlo en solitario; y, en tercer lugar, se establece la necesidad de ofrecer un asesoramiento social y clínico a las mujeres acerca de las alternativas y sus consecuencias”, afirmó.

Nada dijo de la eliminación del supuesto de malformación, lo que da a entender que el Gobierno prevé recuperarlo cuando el texto vuelva al Consejo de Ministros o posteriormente en el trámite parlamentario. Fuentes del Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz-Gallardón explican que todo cambio estará condicionado a los informes no vinculantes solicitados. En el caso del supuesto de malformación no hay decisión tomada y el cambio puede ir de un simple retoque en los requisitos a la recuperación del supuesto tal y como figuraba en la ley de 1985. Todo se decidirá en función de esos informes, de las negociaciones con las comunidades autónomas y, en último término, de la decisión política de Rajoy. La de ayer es la primera vez que el presidente del Gobierno abre la puerta en el Congreso a esa marcha atrás.

La supresión del supuesto de malformación fetal ha provocado duras críticas en el seno del propio PP —especialmente por parte de barones regionales—, en el grueso de los grupos de oposición y en colectivos especialistas como la Organización Médica Colegial.

En todo caso, la norma que propondrá el Gobierno será una ley de supuestos y no hay posibilidad de acuerdo con otros grupos parlamentarios, porque todos rechazan esa vuelta atrás (a pesar de la división que existe entre los diputados de CiU con este tema) y prefieren la ley de plazos aprobada en 2010.

Rajoy hizo una defensa cerrada de la ley de 1985, mucho más intensa que la que ha hecho hasta ahora del anteproyecto actual de su Gobierno, a pesar de que aquella norma tuvo el voto contrario de su partido (entonces Alianza Popular) y fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. Entre 1996 y 2004 el Gobierno del PP que presidía José María Aznar renunció a cambiar la ley de 1985.

El presidente respondía ayer en el pleno al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, que por primera vez le preguntaba por la ley del aborto. “Usted, con su anteproyecto, aleja a las mujeres de Europa; salvo a algunas, que si tienen medios podrían ir a la Europa que sí tiene ley de plazos”, le dijo a Rajoy el secretario general del PSOE. “¿Convivió 25 años con la ley del aborto de 1985 y ahora que la hacemos nosotros es mala?”, le respondió el presidente, agarrado a la ley de Felipe González.

La intervención de Rajoy fue despedida con un aplauso de sus diputados mucho más tibio que el escuchado después de otras intervenciones sobre asuntos que incomodan menos a los parlamentarios del PP.

El PSOE, que ha convertido la ley del aborto en asunto central de su labor de oposición, llevó ayer su protesta a Bruselas, comparando el daño que hará esta futura ley con el que hizo la participación de España en la guerra de Irak en 2003. “La reforma del aborto se está convirtiendo un poco en la gota que colma el vaso, lo que en otro momento político fue la guerra de Irak”, dijo Elena Valenciano, cabeza de lista del PSOE para las elecciones europeas de mayo, durante una conferencia sobre derechos sexuales y reproductivos que pronunció en la Eurocámara, informa Efe. La candidata sostuvo que el Gobierno está tomando decisiones “con una falta absoluta de sensibilidad” y de “empatía” con la sociedad española, y que la reforma de la ley del aborto “ha sido el colmo”.

Tres leyes muy distintas

La ley del aborto de 1985 era un texto de un solo artículo que se limitaba a despenalizar el aborto en tres supuestos: violación (alegable hasta la semana 12), malformación del feto (hasta la 22) y riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre (sin límite de tiempo). Los dos últimos supuestos requerían un informe médico, que, en el caso de riesgo para la salud psíquica, solía realizar un psiquiatra del centro en el que se practicaba el aborto.

Esa ley de supuestos fue mantenida por Gobiernos del PSOE y del PP, hasta que en 2010 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero la sustituyó por una ley de plazos. Es la ley que está vigente: durante las primeras 14 semanas de embarazo la mujer tiene derecho a decidir libremente si aborta o no (sin alegar motivo); después puede abortar si existe riesgo acreditado para la salud de la madre (hasta la semana 22) o del feto (hasta la semana 22, o sin límite si la anomalía fetal es extremadamente grave, incurable o incompatible con la vida).

El anteproyecto de ley que ha aprobado ahora el Gobierno del PP vuelve a un sistema de supuestos; pero no al de 1985, sino a otro bastante más restrictivo, por tres razones. La primera es que la malformación fetal desaparece como supuesto específico: una mujer embarazada de un feto con anomalías podrá abortar, pero alegando otra cosa: riesgo psíquico para ella (y solo si se lo reconocen dos psiquiatras). La segunda razón es que ese supuesto de riesgo para la salud física o psíquica de la madre no es ilimitado, como en 1985, sino hasta la semana 22; es decir, que si, por ejemplo, la malformación fetal se detecta después de ese plazo, la mujer ya no podrá abortar de ninguna manera, salvo que la anomalía fetal sea “incompatible con la vida”. Y el tercer aspecto que hace que el anteproyecto del PP sea más restrictivo que la ley de 1985 es que los requisitos para acreditar que se cumplen los supuestos legales son más duros: la mujer tendrá que conseguir el informe de dos médicos, en lugar de uno; esos dos médicos no podrán trabajar en la misma clínica que practicará el aborto. Y, además, la mujer deberá recibir información clínica sobre el aborto y asesoramiento de servicios sociales sobre las alternativas al aborto. Después de eso, deberá reflexionar durante siete días.

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