Denegada la nacionalidad a una marroquí que confundió Almería con un país

La Audiencia Nacional ha confirmado una resolución del Ministerio de Justicia, que denegó en 2012 la nacionalidad a una mujer marroquí que vive en España legalmente desde 1997 por no haber “justificado suficiente grado de integración en la sociedad española”. “Ignora aspectos básicos de la realidad” del país, argumenta la sentencia, fechada el pasado 21 de enero.

La mujer, de 32 años y con residencia en la localidad catalana de Figueras, fue entrevistada en dos ocasiones en el Registro Civil de su municipio, el 30 de enero de 2009 y el 3 de febrero de 2012, y en ambos el juez "informó de forma negativa". Según el tribunal, en las dos actas se constata que “su grado de integración no se corresponde con los años de residencia en España”. "A la pregunta sobre qué países hacen frontera con España" respondió que "Almería y Jonquera".

Aunque en su sentencia la Audiencia admite que la mujer "tiene arraigo familiar y habla correctamente la lengua española", considera que no es suficiente para constatar su integración puesto que no ha demostrado poseer un nivel adecuado de "conocimiento de la realidad" de la sociedad en la que vive.

La Audiencia se remite al resultado del segundo examen al que fue sometida la mujer, en 2012, en el que el juez aseguró que "no comprende la mayoría de las preguntas que se le formulan, debiéndosele repetir varias veces". Además, según el acta, "carece de conocimientos básicos de la realidad política e institucional española, no sabe qué es la Constitución, ni las comunidades autónomas, ni para qué sirven las elecciones, la seguridad social o la declaración de la renta". El juez informó entonces en sentido negativo a la concesión de la nacionalidad porque el desconocimiento de la mujer de "nociones básicas de organización territorial, social y política" es incompatible con el "ejercicio de los derechos políticos que lleva consigo la obtención de la nacionalidad".

Cada año piden la nacionalidad española alrededor de 100.000 personas. El Gobierno de Mariano Rajoy planea implantar un examen de lengua española e integración en la sociedad para los extranjeros que soliciten la nacionalidad, con la reforma de la ley de Registros.