18 meses de desgobierno en Navarra

La octava legislatura del Parlamento de Navarra ha sido lo más parecido a un partido de un deporte muy arraigado en la comunidad: la pelota. Con el legislativo como frontón, desde que el Gobierno de Yolanda Barcina (UPN) se quedó en minoría en junio de 2012, todas sus iniciativas se han encontrado con el rechazo de una Cámara en la que cinco grupos parlamentarios diferentes se han puesto de acuerdo para bloquear la actividad del Ejecutivo.

Sólo los cuatro parlamentarios del PP, y no en todas las ocasiones, se han sumado a los 19 de UPN, pero sin llegar a la mayoría suficiente en un hemiciclo de 50 escaños.

La Administración navarra maneja para este 2014 el último proyecto de Presupuestos aprobado, el de 2012. Lo logra gracias a que el techo de gasto de aquel Presupuesto era superior a las previsiones de recaudación para este año y el pasado, pero en dos ocasiones ha sufrido la devolución del proyecto, que se considera el más importante de los que estudia cada año una Cámara legislativa en cualquier sistema democrático.

El Gobierno central ha presentado recursos de inconstitucionalidad contra 14 leyes forales navarras aprobadas en este periodo. Desde los grupos de la oposición navarra se acusa a Yolanda Barcina de utilizar al Ejecutivo de Rajoy como artífice para paralizar las leyes que la mayoría de la Cámara navarra aprueba.

Es el caso, por ejemplo, de la que permitía la expropiación temporal de viviendas de entidades financieras para evitar desahucios o de la que obligaba a que la Iglesia Católica pagase la contribución urbana, el equivalente navarro al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de sus propiedades que no están destinadas al culto.

La última norma susceptible de recurso es la que prohíbe en Navarra la técnica del fracking para la extracción de gas natural, aunque todavía no se ha presentado formalmente.

La mayoría de 27 escaños que suman los partidos de la oposición a Barcina (PSN, Bildu, Aralar, IE y Geroa Bai) llevó incluso a revocar el decreto con el que el Ejecutivo trató de reorganizar las urgencias rurales pocos meses después de la expulsión de los socialistas del Gobierno. Más recientemente, en agosto pasado, la Cámara foral aprobó una nueva regulación de las empresas públicas para que sea el Parlamento el que ratifique los expedientes de regulación de empleo o los cambios accionariales en las 13 empresas públicas, hasta entonces controladas desde el Gobierno.

La Cámara foral precisamente paralizó hace dos semanas la venta de una de esas empresas, el Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas, que pretendían adquirir sus trabajadores.

Uno de los enfrentamientos más duros de los últimos meses entre el Gobierno y la oposición fue a finales de octubre pasado, con el intento de modificación de la normativa para declarar de interés general determinados proyectos.

El gabinete de la presidenta Barcina pretendía realizar la venta de un instituto de formación profesional a la Universidad de Navarra, perteneciente al Opus Dei. En ese solar, rodeado de terreno de su propiedad, el centro privado iba a construir unos centros de investigación y el instituto público se iba a trasladar a un recinto más pequeño que el actual.

La idea fue acordada en 2011 con el PSN, pero luego los socialistas se echaron atrás y trataron de realizar un cambio legal a medida para evitar justamente esa maniobra. Finalmente, ante la certeza de ese cambio, la propia Universidad desistió del proyecto.

De las pocas iniciativas parlamentarias que han logrado salir adelante destacan el Plan de Empleo, aprobado en junio pasado por UPN, PSN y PP, o la normativa fiscal, respaldada con ciertos matices por la práctica totalidad de los grupos.

Tras año y medio de un Gobierno que no puede gobernar ante el bloqueo del Parlamento navarro, donde está en minoría, ahora Barcina se somete a una investigación sobre la injerencia de su vicepresidenta en las tareas de la Agencia Tributaria Navarra.

Los socialistas planean una moción de censura contra el Gobierno de Barcina para, a continuación, poner en marcha una auditoria e inmediatamente convocar elecciones anticipadas.