El Ejecutivo confía en una rápida desimputación de doña Cristina

Ningún pronunciamiento oficial y, en cualquier caso, manifestaciones de respeto a los tiempos y a la actuación de la justicia. La consigna en el Gobierno sobre el futuro del caso Urdangarin y la declaración de la infanta Cristina es clara, sobre todo después de que el pasado 20 de enero Mariano Rajoy afirmara en una entrevista en Antena 3 que estaba “convencido de que las cosas le irán bien”.

La postura de La Moncloa, no obstante, coincide en el fondo con la del fiscal del caso, Pedro Horrach, quien el sábado aseguró durante el interrogatorio que no sabe por qué se acusa a la hija del Rey. En el Ejecutivo se confía hace tiempo en su desimputación, lo que, tras su declaración, se espera que podría producirse en mes o mes y medio. “Y lo cierto”, añaden fuentes gubernamentales, “es que de su declaración [se desprende que] quien queda condenado es Urdangarin”.

La Infanta esgrimió el sábado la “confianza” depositada en su marido para desvincularse de las actividades de Nóos y de la gestión de la empresa Aizoon, de la que es copropietaria al 50% con el duque de Palma. El Gobierno está convencido de la inocencia de doña Cristina, y el propio presidente se manifestó con contundencia al respecto hace tres semanas. Rajoy rechazó incluso la hipótesis de que la Infanta renuncie a sus derechos dinásticos para proteger a la Corona, mientras en La Zarzuela se descarta de momento recuperarla para actividad oficial de la Casa del Rey. “No creo que deba renunciar”, opinó el jefe del Ejecutivo. “Me gusta que todos seamos iguales ante la ley, la Infanta también tiene derecho a la presunción de inocencia, se le ha citado a declarar, no se le ha condenado", agregó.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, abundó el pasado viernes en esa tesis en vísperas de la declaración. “Nuestra Constitución reconoce el derecho a la presunción de inocencia y, por supuesto, tienen que reconocerse a todos. Así lo entiende el Gobierno”, remachó

Al margen de cómo quede ahora la situación procesal de la Infanta —una circunstancia que, según el entorno del juez instructor, José Castro, no se resolverá de inmediato— la previsión es que a partir de mediados de marzo se abra una nueva etapa del caso en la que la responsabilidad de los indicios de delito de blanqueo de capitales y fraude fiscal recaiga exclusivamente en Urdangarin.