Una institución en crisis de confianza

Año 2014. Una Infanta de la familia real española se sienta frente a un juez para dar explicaciones por su presunta implicación en un caso de corrupción. Un hecho sin precedentes que, además, se da en un contexto de creciente crisis de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones (incluida la monarquía), según las encuestas. En ese clima social de desafecto, la declaración judicial de doña Cristina puede incidir de forma contradictoria: por un lado, alimentando la sensación de que la corrupción lo ha invadido todo y llega hasta la familia real, antaño la institución con más respaldo popular; por otro, esperanzando a quien vea en esa declaración una prueba de que, antes o después, la ley se impone y obliga a todos —o a casi todos, porque el Rey carece de responsabilidad penal— a rendir cuentas.

Tres sociólogos consultados ayer por EL PAÍS ven improbable que, en este momento, sea la segunda interpretación la que cale. “La gente está descreída. Ha habido cierta condena previa ya, porque durante todo el proceso contra Urdangarin [marido de la Infanta] ha cundido la sensación de trato de favor”, opina José Pablo Ferrándiz, vicepresidente de la empresa demoscópica Metroscopia. “Dependerá de lo que pase finalmente, pero la actitud general ante la declaración de la Infanta ya es de sospecha”, afirma. Antonio Alaminos, catedrático de Sociología en la Universidad de Alicante, coincide: “La opinión pública está más por el vaso medio vacío que por el medio lleno. Esta declaración de la Infanta no transmite un mensaje de igualdad ante la ley, y menos de optimismo”, sostiene. Él augura que doña Cristina será finalmente exculpada y que eso será recibido por la opinión pública como “un agravio más” en una “lista de impunidades”.

“La gente agradecería mucho que la Infanta enfrentara la declaración con la máxima naturalidad, y eso se ve también en los gestos”, apunta Fermín Bouza, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, que pone como ejemplo la anécdota de si doña Cristina bajará en coche o andando la rampa de entrada al juzgado de Palma.

La monarquía fue durante años una de las instituciones mejor valoradas por los españoles. En octubre de 2011, sin embargo, la alarma saltó en el barómetro del CIS: la monarquía obtuvo una nota del 4,89, el primer suspenso desde que en 1994 el organismo había empezado a preguntar por la confianza en las instituciones. El CIS dejó de hacer esa pregunta durante meses —tampoco la había hecho siempre antes de eso—, y volvió a incluirla en abril de 2013: la nota bajó aún más: al 3,68 (aunque todavía por encima de partidos políticos, Gobierno, Parlamento, Iglesia o sindicatos). No ha vuelto a preguntar.

Según datos de Metroscopia, en 1998 un 72% de los españoles prefería la monarquía como forma política del Estado, y solo un 11% abogaba por la República. En 2012 esa diferencia era de 53% frente a 37%. En tres lustros, la distancia entre monárquicos y republicanos se ha acortado mucho en esa encuesta. Por otro lado, los españoles creen que la corrupción está extendida al 95% (la media de la UE es del 76%), según el primer estudio sobre la corrupción elaborado por la Comisión Europea y publicado este mes.