Las tres capas de la corrupción inmobiliaria

Un veterano diputado que además conoce bien las comunidades autónomas y las alcaldías lo explica con franqueza y un punto de fatalismo. "La connivencia entre cargos políticos y constructores -o empresas de obras públicas- se mueve en tres niveles". El primero lo forman las empresas de primera división, léase aquellas que cotizan en Bolsa o de similar volumen, que se relacionan directamente con el primer nivel del partido. Ahí estaría Génova, sus gerentes y tesoreros. El empleado de confianza -o el empresario en persona- se acerca a aquella sede, previa petición de hora. Detrás de la mesa-ventanilla, en la sexta planta, siempre está el mismo alto recaudador. Pero la entrega no lleva el nombre escrito de ninguna obra, ni tan siquiera es el pago por algún favor concreto. No, no. La cosa funciona más o menos como un ranking o clasificación de donaciones a lo largo del tiempo, con picos desorbitados en épocas electorales. En esa lista se van anotando las contribuciones y se hace el pódium de los más generosos, que desde hace años apenas si varía. Cuando hay que adjudicar obra grande, se mira la relación y se le adjudica al primero de la lista. Otras van para el segundo, y a continuación para el tercero, el cuarto, etcétera. De ese monto, muy probablemente, se hayan nutrido algunas de las cuentas suizas del tesorero hoy en Soto del Real. La cosa, claro, no es tan automática, y como generalmente unas empresas no saben la generosidad de la otra, se producen constantes fricciones por el reparto. En época de vacas gordas no pasa nada: hay para todos. Que nadie crea que este sistema lo inventó Bárcenas. Quiá. Desde Ángel Sanchís ya existía, y siguió con Rosendo Naseiro, Álvaro Lapuerta y, por supuesto, con Bárcenas.

El segundo escalón es más complejo. Se trata de las comunidades autónomas, que tienen mano para obra grande y pequeña. Solucionado: reciben de arriba y de abajo. Ocurre, sin embargo, que aquí las fricciones se dan también entre los políticos. Y hay que ser muy hábil, o muy despiadado, para imponerse sobre los demás. Otro diputado socialista de la zona también lo explica con sencillez. "Se hace una cuenta y de ahí se va descontando". El partido comunica qué actos quiere hacer. Orange Market los monta. ¿Y quién los paga? Depende. En ocasiones una parte las fundaciones del PP, Fundescam y otras, en el caso de Madrid, según el reciente informe de la UDEF, y el resto -un buen porcentaje- los empresarios. En otras, para qué perder tiempo, todo el coste lo abonan los empresarios.

Y llegamos al tercer escalón donde ahí sí que brillan las navajas cabriteras, porque la pelea se dirime, sin que estén ausentes las grandes, entre empresas de construcción más modestas, para las que una construcción de 24 adosados es el aire que necesitan para subsistir. Así que si hay que untar a alguien, se le unta, si hay que participar en un concurso amañado, se participa, y si hay que hacer facturas falsas para las arcas del PP, se hacen. En este terreno de tiernas palabras se movía muy bien Correa, un simple intermediario que amañaba los concursos gracias a sus generosas aportaciones en forma de ingreso en cuenta, viajes o relojes de lujo a los alcaldes o a los organismos creados por ellos mismos. Así nacieron Pammasa o las Empresas Municipales de la Vivienda de otros municipios. Aquí, como veremos, barra libre para los desmanes.

Se trata de un sistema que tanto utilizaron otros conocidos de la Justicia como Juan Antonio Roca, allá por la Costa del Sol. En Madrid, este contubernio corrupto entre constructoras, Comunidad y Ayuntamientos ya venía de antiguo con el tamayazo, aquella descarnada desvergüenza que llevó a la presidencia madrileña a Esperanza Aguirre en 2003, con la inestimable ayuda de constructoras pequeñas o medianas. Gürtel, dicen quienes saben de constructores y alcaldías, no es sino la continuación de la misma sentina: la extorsión y/o el cohecho.