Urkullu pide a Rajoy impulsar ya los beneficios legales para los presos
PNV y PP vasco trabajan para mejorar la coordinación entre ambos Gobiernos
El lehendakari Iñigo Urkullu planteó este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la aplicación más flexible y sobre todo con más intensidad de los beneficios permitidos ya en la legalidad penitenciaria para los presos de ETA, una vez que el pasado 28 de diciembre el colectivo de reclusos etarras asumió públicamente el rechazo a la violencia, el reconocimiento del daño causado a las víctimas del terrorismo y su pretensión de resarcirlas económicamente. En una palabra, que se reactive aunque sea con otro nombre la llamada vía Nanclares, la vía de reinserción individual de los presos etarras, iniciada hace cinco años y bloqueada desde que el PP llegó a La Moncloa.
Rajoy y Urkullu se reunieron, durante hora y media, el martes al final de la tarde en La Moncloa, en un clima de distensión. La reunión se planteó a raíz de la crisis abierta entre el PNV y el Gobierno de Rajoy, tras la decisión de los peneuvistas de convocar el pasado 11 de enero una manifestación como alternativa a la prohibición judicial de la marcha anual que la izquierda abertzale convoca a primeros de enero a favor de los presos de ETA. Una prohibición bien vista por el Ministerio del Interior. La convocatoria de la manifestación fue una decisión preventiva para evitar males mayores, según explicó entonces el PNV.
La convocatoria de la manifestación sobre los presos tensó la relación
Una de las pretensiones de la cita fue pacificar la relación entre el Gobierno y el PNV. Ni a Rajoy le interesa abrir un nuevo frente conflictivo en Euskadi ni a Urkullu lanzarse por la vía radical en beneficio de su principal rival político en Euskadi, la izquierda abertzale. La búsqueda de mecanismos para evitar nuevos conflictos fue una de los temas de conversación.
Junto a ello existe una importante coincidencia entre Rajoy y Urkullu sobre la convicción de que ETA ha terminado, de que ha desaparecido la amenaza del terrorismo, dos años después de la declaración por parte de la banda terrorista de su cese definitivo. El propio ministro del Interior, Jorge Fernández, lo resaltó el pasado fin de semana en la convención del PP en Valladolid.
La discrepancia con esa tesis de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, y de otros dirigentes de la derecha, ha servido para decantar la posición de Rajoy y del PP del País Vasco, que hace tiempo que busca como diferenciarse del sector más duro de las víctimas.
Precisamente, la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, propició el encuentro del martes entre Rajoy y Urkullu. Quiroga defiende, además, la creación de un núcleo duro entre los Gobiernos central y vasco así como del PP, PSOE, PSE y PNV para gestionar el final de ETA y evitar tensiones como las generadas el pasado 11 de enero entre el Gobierno y el PNV. Y esa propuesta se la ha trasladado a Rajoy.
El Gobierno vasco del PNV también señaló, tras las tensiones generadas por la ejecución judicial de la anulación de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot, la conveniencia de mejorar la coordinación entre los dos Gobiernos y los tres principales partidos para gestionar el final de ETA.
Asimismo, la coincidencia entre Rajoy y Urkullu sobre el final de la amenaza terrorista es importante porque supone admitir que en el País Vasco se ha abierto una nueva etapa en la que la clave está en el logro de la convivencia institucional y social. En este sentido, Urkullu defiende la necesidad de que el Gobierno aplique con más intensidad la prevista legalidad penitenciaria sin necesidad de esperar a que ETA proclame su disolución.
Ambos dirigentes defienden que la banda terrorista ETA ha terminado
Tras el compromiso del colectivo de presos de ETA de asumir esa legalidad penitenciaria, el Gobierno vasco ya anunció que que pediría a Rajoy que las instituciones penitenciarias no pongan trabas a los beneficios programados para los reclusos de ETA si cumplen, de manera individual, los requisitos que marca la ley: asunción expresa del rechazo a la violencia, reconocimiento del daño causado e indemnización a las víctimas, Esto es, la llamada vía Nanclares.
El PNV ya no plantea como prioridad acercamientos masivos de presos a las cárceles del País Vasco, que pueden resultar muy problemáticos para el Gobierno de Rajoy, acosado en estos momentos por las presiones de sectores más radicales en su propio partido o por Vox, formación liderada por exdirigentes vascos del PP y José Antonio Ortega Lara.
El PNV, pero también el PSE y el PP vasco, creen que el Gobierno de Rajoy puede tener menos flancos de ataque por el radicalismo si no frena esos beneficios penitenciarios. El PNV defiende, además, que esos avances serían convenientes para evitar que se abone el terreno al victimismo de la izquierda abertzale y que esta fuerza política pueda atribuirse ante la opinión pública vasca que es la única que da pasos para consolidar el final de ETA mientras los demás se instalan en el inmovilismo.
El ‘lehendakari’ se vio con Rubalcaba y López
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el líder del Partido Socialista de Euskadi, Patxi López, se reunieron el pasado viernes con el lehendakari, Iñigo Urkullu, en Bilbao, aprovechando la presencia del líder socialista en la capital vizcaína a la que acudió a un acto organizado por el PSE. La reunión se celebró, a instancias del lehendakari, tan solo cuatro días antes de que Urkullu acudiera a La Moncloa a entrevistarse con Mariano Rajoy.
Rubalcaba y López trasladaron en ese encuentro al lehendakari su voluntad de apoyar las iniciativas que el Gobierno vasco y el Ejecutivo central tomen para consolidar el final de ETA, con la presión sobre la izquierda abertzale para lograr el desarme y la disolución de la banda, y conseguir un mayor compromiso del Gobierno central en una política penitenciarias inteligente.
Entre socialistas y peneuvistas existe una amplia coincidencia sobre la gestión del final de ETA. Ambos partidos defienden la flexibilización de la política penitenciaria, como el acercamiento selectivo de presos de la banda a las cárceles vascas, así como la reactivación de la llamada vía Nanclares.
También existe bastante coincidencia entre ambos partidos y el PP vasco en ambas cuestiones, reforzada ahora tras la decisión de los populares en Euskadi de soltar lastre y no dejarse impresionar por Jaime Mayor Oreja o María San Gil, sus antiguos líderes, que siguen defendiendo la tesis de que “nada ha cambiado en el País Vasco” desde el anuncio del cese definitivo del terrorismo por parte de ETA.
El lehendakari pretende reforzar un amplio consenso entre los principales partidos vascos para afrontar juntos una hoja de ruta sobre la consolidación del final del terrorismo en el Parlamento vasco. La fijación de una posición común entre los principales partidos vascos puede servir para dar cobertura al Gobierno de Rajoy ante la gestión del final de la organización terrorista.
También puede encontrar el presidente Rajoy un apoyo importante en el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, si está dispuesto a afrontar la gestión del final de ETA en una doble dirección: presión sobre la izquierda abertzale para lograr el desarme y disolución de la banda terrorista pero también aplicación estricta y común de la legalidad penitenciaria sin complejos.
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