El PSOE quiere usar el recurso previo contra la reforma de Cospedal

Los dos principales partidos españoles han coincidido en presentar por separado en el Congreso sendas proposiciones de ley para reestablecer el recurso previo de inconstitucionalidad para estatutos de autonomía. PP y PSOE están de acuerdo en modificar la Ley del Tribunal Constitucional, de modo que los cambios en un estatuto no entren en vigor hasta que no haya sentencia del alto tribunal, si es que antes alguien lo recurre.

Sin embargo, hasta ahí llega ese acuerdo (que hace segura la aprobación de la reforma legal). Delante tienen un enorme escollo para su aplicación, que tiene que ver con el futuro de una de las comunidades más disputadas: Castilla-La Mancha. En este momento está en trámite en el Congreso una reforma del estatuto de esa comunidad que promueve su presidenta y número dos del PP, María Dolores de Cospedal, para reducir de 49 a entre 25 y 35 los escaños en el Parlamento regional. Como carambola, la iniciativa del Grupo Popular, en coincidencia con la del PSOE, afecta por tanto, directamente, al futuro político inmediato de Cospedal.

Esa reforma estatutaria castellano-manchega ha pasado ya el debate de totalidad y se discute en la Comisión Constitucional del Congreso. Los socialistas consideran que debe retrasarse para esperar a que se apruebe el reestablecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos y que el PP muestre de esta forma su voluntad de hacer que el Constitucional se pronuncie antes de que los estatutos modificados entren en vigor.

En este caso, además, el PSOE considera que, si se celebraran las elecciones autonómicas de 2015 con la nueva distribución de escaños en esa comunidad, sería irremediable el efecto causado, en el supuesto de que en el futuro el Constitucional anulara la reforma estatutaria.

La disputa parlamentaria trasciende a esa comunidad, porque ambos partidos consideran Castilla-La Mancha un emblema de su futuro político: el PSOE aspira a recuperar su feudo tradicional y la candidata del PP es nada menos que la secretaria general de los populares y mano derecha de Mariano Rajoy.

El PSOE tiene previso llevar al Constitucional la reforma estatutaria que ha promovido Cospedal solo con el voto del PP. Ese recurso se basaría en la limitación que, según los socialistas, supone la reforma para el derecho de participación y de sufragio que establece la Constitución. También respecto a la exigencia de proporcionalidad en la distribución de escaños en elecciones autonómicas que establece la Constitución.

Un estudio de Ferraz concluye que reducir diputados limita la representatividad

Un estudio del PSOE concluye que Cospedal no solo realiza esta reforma para asegurarse una distribución de escaños más favorable a sus intereses, sino que, además, con ella hace prácticamente imposible que un tercer partido entre en el Parlamento autonómico. La reforma estatutaria, según los socialistas, consolida para siempre un modelo bipartidista. Desde 1999, en las Cortes de Castilla-La Mancha solo están representados PP y PSOE. El tercer partido más votado en las autonómicas de 2011 fue Izquierda Unida, pero solo obtuvo el 3,8% de los votos; el cuarto fue UPyD, con 1,8%.

Según los cálculos del PSOE, un tercer partido necesitaría multiplicar en el mejor de los casos sus votos por cuatro para alcanzar el 15% que necesitaría para entrar en esas nuevas Cortes. Y en algunos casos hasta por seis. Todas las encuestas de Metroscopia para EL PAÍS y las del Centro de Investigaciones Sociológicas muestran una bajada del bipartidismo que en Castilla-La Mancha nunca tendrá resultado directo en escaños porque, con la reforma de Cospedal, será imposible que un tercer partido tenga representación en escaños.

Será imposible que una tercera fuerza acceda a las Cortes regionales

Cospedal ganó las elecciones con 25 escaños, frente a 24 del PSOE. En la distribución en las cinco circunscripciones —Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo— todas tienen un número par de escaños, salvo una —Ciudad Real— en la que se resuelve el Gobierno de la Comunidad. Ahora, si entrara en vigor la reforma estatutaria, se reduciría el número de escaños de 49 a entre 25 y 35, so pretexto de la reducción del gasto, pero en realidad lo que se logra es reducir la representación política y el margen de vuelco electoral.

A falta de establecer el número exacto de escaños, el estudio del PSOE llega a la conclusión de que en cualquier caso habría “un fuerte encarecimiento del último escaño en Cuenca y Guadalajara y un abaratamiento en Toledo y Ciudad Real”. Es decir, se elimina la proporcionalidad y se produciría en el global de la comunidad un efecto similar al de las elecciones en Melilla o en Ceuta, donde gobierna el partido que tiene un voto más que el otro; en este caso, en una circunscripción concreta que determinaría toda la comunidad.