Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Un espía en el Gobierno valenciano

Presidencia de la Generalitat se lanza a la caza del topo tras la difusión de gastos de Fabra

Alberto Fabra, este sábado en Valladolid.
Alberto Fabra, este sábado en Valladolid.

El presidente valenciano, Alberto Fabra, lleva meses buscando un fantasma. Desde que en mayo del año pasado un topo empezó a filtrar contratos menores y gastos de Presidencia de la Generalitat —y a empañar la imagen de Fabra y la de su entorno más próximo—, la caza del espía se ha convertido en una prioridad para el Gobierno valenciano.

Los interrogatorios, esta misma semana, a una docena de funcionarios del departamento de Contratación de la Generalitat, en busca del posible filtrador de unas facturas, han desvelado el alto nivel de tensión y malestar existente en la Administración de Alberto Fabra. “El término interrogatorio tiene un tono peyorativo porque se trata de un expediente informativo con todas las garantías legales y no se ha obligado a nadie a comparecer”, argumenta el vicepresidente del Gobierno valenciano, José Ciscar. Un intento de quitar hierro a unos interrogatorios grabados en audio, transcritos y firmados por los funcionarios, que han aceptado someterse al mismo, como si fuese una declaración judicial.

Los sindicatos de la Administración valenciana consideran que el método utilizado por el Gobierno valenciano para buscar al espía es “excepcional”, sobre todo si se tiene en cuenta que la Generalitat ha ignorado durante años otras denuncias sobre supuestas irregularidades mucho más graves. Lo cierto es que en apenas seis meses el topo ha logrado socavar la imagen personal de Fabra, incapaz de atajar las filtraciones sobre distintas contrataciones de asesores o gastos en viandas.

Las primeras alarmas sonaron en mayo, al difundirse la contratación, con dinero público, de un asesor para que Fabra mejorase sus aptitudes de liderazgo. El escándalo al conocerse que el coach se iba a pagar con cargo al presupuesto público obligó a rectificar al presidente valenciano, que reculó y anunció que pagaría la formación de su bolsillo.

La divulgación de este contrato confirmó los peores temores de Fabra. El presidente valenciano está convencido de que existe un plan, del que participan elementos de su propia Administración, para desestabilizarlo. Su repentino ascenso al poder —sustituyó en julio de 2011 al dimitido Francisco Camps por designación del PP nacional— provocó que algunos sectores del partido en la Comunidad Valenciana cuestionasen el liderazgo de Fabra. Unas críticas que se convirtieron en profundo malestar tras anunciar el presidente de la Generalitat que no incluiría cargos imputados en las candidaturas municipales y autonómicas de 2015. Una declaración de la que el propio Fabra se ha convertido en rehén y que le llevó el año pasado a forzar la salida del PP de Rafael Blasco, que había sido su portavoz en las Cortes Valencianas y exconsejero de Francisco Camps y Eduardo Zaplana.

Una docena de funcionarios han sido interrogados por las filtraciones

En la dirección regional del PP nadie quiere hablar abiertamente, pero todos destacan la coincidencia entre el inicio de las filtraciones, la aparición en escena de una desconocida Asociación contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana y las presiones a Blasco —hoy sentado en el banquillo por un fraude millonario en las ayudas a la cooperación en su etapa de consejero— para que abandonase el PP.

La Asociación contra la Corrupción, vinculada al sindicato Manos Limpias, ha impulsado, sin demasiado éxito hasta ahora, la presentación de querellas por supuestos casos de corrupción contra Fabra; el secretario regional del PP, Serafín Castellano, y la secretaria autonómica de Organización de Presidencia de la Generalitat, Esther Pastor.

Casualidad o no, lo cierto es que las filtraciones del topo han afectado en exclusiva a la Consejería de Presidencia y, casi todas ellas se refieren a Fabra y a Pastor, una persona de la estricta confianza del presidente valenciano desde su etapa de alcalde de Castellón, que ha acumulado poder e influencia y despertado no pocos recelos en el propio Gobierno valenciano. Así, tras el escándalo del coach, el topo, en semanas sucesivas, ha filtrado la contratación de un cocinero en Presidencia, el pago de cursos de comunicación, la nómina de Fabra y distintos gastos en hoteles y viandas autorizados por Pastor.

La fuga continuada de información, más allá del debate sobre la transparencia de la Administración valenciana, ha tenido dos efectos indeseados para Fabra. Por un lado, las bromas sobre el topo han crecido en la calle al mismo ritmo que aumentaban la crispación en el Gobierno. Por otro, el espía ha creado un clima de desconfianza que ha acabado por distanciar a Fabra de su vicepresidente, a cuyo departamento se le atribuyó inicialmente el origen de las filtraciones.

Ahora, tras meses de tensión, Fabra confía en que la investigación interna y una denuncia presentada ante Fiscalía sean suficientes para detener al espía “por el bien de la institución”.

Los que tiran de la manta

Si existiese el vudú, la Asociación contra la Corrupción de la Comunidad Valenciana manipularía el muñeco de Alberto Fabra. Cada movimiento de esta minúscula organización induce, desde hace diez meses, un espasmo al presidente popular. Solo dos ejemplos: Airearon que su asesora más próxima, Esther Pastor, pagó con 3.000 euros de fondos públicos una compra de cocido, chocolate, chorizos y pechuga de pollo en una tienda gourmet. También divulgaron una factura de móvil de 7.000 euros de la abogada de la Generalitat. “No damos abasto en Valencia”, admite el presidente de la Asociación, el sexagenario industrial de la madera Enrique Soriano.

Su cuartel general pasa inadvertido en un acristalado enjambre de oficinas a las afueras de Valencia. Mide 25 metros. Tiene dos mesas y un ordenador. Y un archivo rebosante de supuestas corruptelas y chanchullos. La documentación llega de soplos anónimos. Una veintena de sobres sin remitente nutre la munición de esta organización que guarda copias de seguridad en lugares inconfesables. Afirman tener 40 socios, un presupuesto anual de 7.000 euros y músculo financiero para tambalear al poder durante meses. Nadie cobra.

Su estrategia pivota sobre la ofensiva judicial. Cinco abogados —profesionales y becarios— de un despacho externo tejen la decena de denuncias presentadas desde abril contra el entorno de Fabra. El pseudosindicato Manos Limpias les asesora gratis. Su triunfo se reduce a la admisión a trámite de una querella por malversación contra la asesora Pastor por cargar a las arcas públicas ocho noches de hotel por 671 euros para supuesto uso privado.

Se desmarcan de siglas. Su nexo con los políticos se resume, dicen, a reuniones de cortesía con diputados autonómicos. Han contactado con el PSPV y Esquerra Unida. Quizá por eso, saltan como un resorte cuando se les vincula con el exconsejero Rafael Blasco, un dirigente con fama de maquiavélico expulsado del PP de Fabra tras sentarse en el banquillo por el presunto desvió millonario de fondos de la cooperación internacional.

Son las 12.00 horas y un sobre aterriza en el diáfano despacho. Un confidente anónimo advierte de que el hermano de un alto cargo cobra en negro su trabajo como músico. Una minucia para una organización que promete jugosas entregas. Y que insiste en la legalidad de sus movimientos. Una viñeta colgada de su puerta con la imagen de un topo despide al visitante: “Nosotros no filtramos. Solo aplicamos la Ley de Transparencia”.

Más información