Todos a una

Lleva toda la razón Mariano Rajoy.

  "De momento, lo único que ha ocurrido es que se ha citado a declarar a la infanta y no se la ha condenado por nada".

La lleva también Alberto Ruiz-Gallardón.

  "Aquí ningún tribunal ha hecho cosa distinta más que citar a la infanta a declarar".

Pero al subrayar "lo único que ha ocurrido" tratando de presentar el hecho como rutinario se contradicen con todo lo que ha hecho la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria por impedir esa declaración. 

Esas instituciones han hecho todo lo posible y más para impedir lo "único" que pedía el juez José Castro, que no "ha hecho cosa distinta que citar a la infanta a declarar", para emplear las palabras de Rajoy y de Ruiz-Gallardón.

El ministro se había ocupado la semana pasada de las cosas prácticas, a saber, cómo tendría que llevarse a cabo la llegada de la infanta Cristina al juzgado.

"Si [el paseíllo] no es necesario para el buen fin de la declaración y además puede considerarse perjudicial para la persona que va a declarar, yo estoy seguro de que los órganos de gobierno de la Audiencia de Palma establecerán las medidas para evitarlo", declaró.

El activismo del ministro de Justicia es un dato a considerar.

El juez Castro rechazó el 12 de septiembre de 2013 abrir una pieza separada como pedía el sindicato Manos Limpias a raíz de "donaciones" [120.000 euros] concedidas por la Fundación Madrid 2016 en favor de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), sucesora del Instituto Nóos, "en atención exclusiva a la personalidad del en otro tiempo presidente del patronato" y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

El juez señaló que "por el momento en la causa no obra dato alguno revelador" de que Ruiz-Gallardón mantuviera reuniones con Urdangarín o que emprendiera "actuaciones tendentes a apartar de los cauces obligados o habituales la concertación del convenio entre ambas fundaciones". 

Tampoco consta que "interviniera de manera directa o solapada" en la gestión, en las cláusulas y en la efectividad de dicho convenio [entre la Fundación sucesora de Nóos y la Fundación Madrid 2016].

Pero en ese mismo auto, cabe precisar, el juez mantuvo como imputada a la consejera delegada de Madrid 2016 en esa época, Mercedes Coghen.

Estos hechos merecerían, como mínimo, el respeto a cierta estética por parte del ministro.

 En cuanto a que Rajoy, como presidente del Partido Popular, proclamara la inocencia de Bárcenas, Camps, Matas y compañía en su día, es una cosa. No representaba al poder ejecutivo. Eran dirigentes de su partido.

Pero es otra cosa ahora. Porque Rajoy es ahora presidente del Gobierno. 

Está bien que defienda la presunción de inocencia de la infanta Cristina. Pero ahí está el límite.

No debería ir más allá, pòr ejemplo, con sus particulares vaticinios. Porque sus palabras pueden ser interpretadas como una interferencia del poder ejecutivo en otro poder.

Que, por definición, es independiente.

La falta de delicadeza en este punto por desgracia no es un error involuntario.

 Es una táctica. Es la continuidad de la política de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción -escrito preventivo para impedir la imputación de la Infanta- y de la Agencia Tributaria, por otros medios. Vía exhortaciones en los medios de comunicación.

 El estado de Derecho es otra cosa.

 Es aceptar con normalidad en el ordenamiento jurídico realmente existente (cuando se carece de fuero especial) que no se haya hecho "cosa distinta que citar a la infanta a declarar", consagrar que lo "único que ha ocurrido es haber citado a declarar a la infanta" si así lo exige un procedimiento judicial en una democracia consolidada, asentada sobre una justicia independiente.

Por lo demás, esta estrategia reactualizada por Rajoy y Gallardón, especialmente, que antes pasaba por impedir la declaración de la infanta como si la no-declaración fuese un derecho soberano, ha fracasado ya. El empeño en mantenerla, a pesar de su disposición a declarar, solo desvaloriza la decisión de la interesada. Sí, perjudica a la infanta Cristina. Ayuda, como se dice en el argot periodístico, a calentar su declaración.

Que el máximo representante del poder ejecutivo, el presidente del Gobierno, y el hombre que corporiza la política judicial del Ejecutivo, el ministro de Justicia, actúen como hemos descrito quizá apunte a establecer una nueva demarcación en este caso.

Antes esa demarcación pasaba por aislar a Iñaki Urdangarín y separar de forma absoluta a la infanta Cristina del caso Urdangarín.

 Ahora, tenemos un presidente de Gobierno que no se limita a decir que hay presunción de inocencia sino que juzga y se proclama convencido de que la persona es inocente y anticipa... que le irá bien, (eso no es como afirma el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, reivindicar la presunción de inocencia).

Un presidente no debe juzgar o dedicarse a opinar sobre la instrucción sumarial. Porque eso es estar "absolutamente convencido", como dijo en Antena 3 TV, de que le irá bien a la infanta en su declaración ante el juez Castro.

Todo ello, pues, parece trazar esa demarcación asÍ: la declaración de la infanta es el punto más lejano al que puede llegar el caso.

Vamos, una versión de aquello que ironizaba el abogado Jesús María Silva. Si tanto interés hay en oirla y el juez Castro se va realizar con ello, pues allá vamos.

Antes del 8 de febrero, fecha de la comparecencia de la infanta Cristina, tienen que declarar los peritos de Hacienda y la responsable de la investigación policial, una iniciativa que ha del fiscal Pedro Horrach y que el juez Castro ha fijado para el sábado 25 de enero, citando también a un perito de la acusación.