Una muerte que sigue en el aire

José Luis Martínez Alemany murió en un aeropuerto romano después de ser esposado por dos policías italianos y sedado por dos sanitarios. La fiscalía está a punto de cerrar el caso, pero la herida de su familia sigue abierta. Lleva un año supurando. Desde que este chico de 25 años de Oliva, en Valencia, se quedó en la pista de embarque.

“Ese día, el 17 de noviembre, no se nos va a olvidar nunca”, relata Esmeralda Martínez, tía del joven. José Luis Martínez trabajaba desde hacía meses como transportista. En el trayecto hasta Roma discutió con su compañero de camión. Llevaba tres días de carretera como segundo chófer, lo que se conoce en la jerga del sector como tironero. Y decidió volverse por su cuenta desde la capital italiana.

Pidió a sus abuelos y tíos que le compraran un billete. No dio muchas explicaciones. El vuelo más cercano que consiguieron en una agencia de esta localidad valenciana fue uno de bajo coste con destino a Madrid. Unos 140 euros. Salía a las nueve de la mañana del día siguiente. José Luis pasó la noche en el aeropuerto de Ciampino.

Apenas durmió. “Hablé con él a las siete de la mañana”, continúa Esmeralda. “Le habían hecho moverse de sala y estaba esperando a ver su salida”. Durante las tres horas que le separaban a él de su llegada Barajas y a su familia del viaje en coche para recogerlo fue cuando falleció. Bastaron 10 minutos, en realidad. Los que transcurrieron desde que fue reducido en la escalera de un avión que no era el que le correspondía por dos carabinieri, un médico y un enfermero hasta que sufrió una parada cardiorrespiratoria en el suelo de la pista.

Las primeras informaciones fueron confusas. Según declaró a Efe el jefe de Policía de Fronteras del aeródromo, Antonio del Greco, el joven “se saltó el control de embarque y corrió por la pista hacia un avión en dirección a Bari, al sur de Italia”. Según la familia, el chico se equivocó de aparato y era incapaz de entender las indicaciones en italiano o en inglés que le daba la tripulación para que lo abandonase, así que llamaron a los policías. Los agentes adujeron que cuando llegaron estaba “muy alterado” y respondía de forma “violenta”. Por eso llamaron a una ambulancia. Acudieron un médico y un enfermero. Le inyectaron un calmante y le tumbaron en la camilla. En segundos, José Luis perdió el conocimiento y sufrió un colapso que le dejó sin constantes vitales.

Alegaron un desorbitado estado de excitación provocado, presuntamente, por consumo de drogas. Algo que fue desmentido más adelante. Por partida doble: primero por un médico nombrado por la fiscalía y luego por otro elegido por la familia. En la autopsia se perdió una de las muestras. La del humor vítreo, el líquido de la retina. Y se descartó la existencia de sedantes en el organismo. Todo según la denuncia de los familiares.

José Luis Martínez fue reducido en la escalera de un avión por varios agentes de seguridad, un médico y un enfermero

Un segundo informe toxicológico, solicitado por la defensa y redactado por una doctora italiana, descarta el uso de alcohol o alucinógenos. Y revela restos de Valium y Talofen — dos fármacos utilizados para “sedaciones rápidas en estados de agitación aguda”— en el cuerpo de José Luis, algo que no apareció en el primer informe. Otro médico forense contactado por los parientes del fallecido y que había asistido a la autopsia y examinado los resultados afirma que el facultativo y el enfermero procedieron de forma “imprudente y negligente”. “Intervinieron sin precauciones, sin informarse sobre las condiciones del paciente y exponiéndole a un riesgo elevado de salud no justificado que determinó, con máxima probabilidad, la depresión del sistema nervioso central capaz de causar la muerte. No respetaron ningún protocolo terapéutico”, subraya el médico.

El círculo más cercano al joven fallecido explica cómo los sanitarios se alejaron del paciente, que yacía en el suelo, sin controlar su evolución después de haber sido calmado y sin efectuar un diagnóstico que demostrase la necesidad de la intervención terapéutica. Un procedimiento discutible que se suma al de haberle suministrado los medicamentos “en una situación de confusión”, mientras la policía sujetaba al joven “y lo mantenía esposado sin llevarlo a la enfermería”. Algo innecesario, según la abogada que lleva el caso, pues “como pueden comprobar varios testigos y vídeos, no estaba actuando de manera violenta y podrían haberle desalojado de forma pacífica”, reflexiona por teléfono.

“Si te encuentras a un paciente descontrolado, tienes que actuar de alguna manera para apaciguarlo”, responde Mercedes Moral, veterana anestesista de un hospital público madrileño. “Los sedantes no son inocuos. Tienen efectos secundarios que hay que vigilar”, agrega. Esta profesional reconoce que tratar a alguien en la calle suele ser perentorio. “No conoces su historia, no puedes monitorizar correctamente y tienes que tomar decisiones muy rápidas”, apunta. La urgencia impide en algunos casos establecer un diagnóstico preciso, pero raramente conlleva resultados tan dramáticos como el de José Luis.

La tragedia fue un mazazo para una familia desestructurada que lucha desde hace tiempo por mantenerse unida. José Luis acababa de tener un hijo y vivía con su novia, que arrastra el duelo trabajando en una tienda de calzado familiar. Antes, tras la separación de sus padres, compartía domicilio con sus abuelos, su padre y su tía. Es ella la que aún se retuerce pensando en los papeles para hacerse pareja de hecho que estaba a punto de presentar. O en el contrato indefinido recién firmado.

También lo rememora su tío, Damián González. Este trabajador de 33 años es quien se encarga del asunto. Fue junto al padre y la novia a reconocer el cadáver. “No querían que lo viéramos bien. Le quitamos la sábana que lo cubría y tenía las marcas de las esposas”, lamenta en el salón de la casa familiar. Desde entonces, no ha abandonado el contacto con la Embajada española y con la abogada. Calcula que llevan gastados 12.000 euros entre la estancia en Roma, los vuelos, la autopsia y los servicios jurídicos.

Los parientes no creen la versión oficial y han gastado 12.000 euros entre viajes, autopsias y servicios jurídicos

Ahora saca el poco tiempo que le deja su trabajo en el campo para hacer pública la denuncia sobre el suceso. Creen que no tienen apoyo de los organismos estatales y que la justicia italiana quiere dar carpetazo cuanto antes para “ocultar” su sobreactuación.Toda la documentación del asunto —con los testimonios policiales, médicos y de los familiares interrogados— es secreta y está en fase de instrucción. En una imagen de la defensa se ve de forma borrosa a un grupo de operarios y personal del aeropuerto alrededor del joven camionero, aparentemente sereno.

En Oliva, localidad de cerca de 30.000 habitantes, dedicada principalmente a la agricultura, nadie utiliza descalificativos hacia José Luis. En el momento del accidente, los responsables de la empresa donde trabajaba, la transportista Llacer y Navarro, buscaron a la abogada. El seguro cubrió la repatriación del cuerpo sin vida. No quisieron hacer ninguna declaración al respecto más que apoyar “en todo lo posible” a la familia. En las cocheras de una compañía de unos 700 empleados, muchos compañeros se enteraron por la prensa y desconocían los orígenes del acontecimiento. “Pasas muchas horas metido en el espacio de la cabina con otra persona. Imagínate la de peleas que puede haber”, esquivaba uno de ellos.

“Hacemos como si estuviera de viaje”, concluye su tía Esmeralda. “Solo queremos que se aclare y que no le pase esto a nadie más”, repite su tío Damián, junto a una carpeta llena de fotocopias. El resto de la familia prefiere esperar y guardar silencio. El mismo que reina en la casa desde hace más de un año. Cuando José Luis dejó de pasarse a comer casi a diario debido a una parada cardiorrespiratoria antes de embarcar.