La oposición recurre a los tribunales para soslayar el rodillo del PP
El Tribunal Constitucional tiene pendientes más de una docena de recursos del PSOE
El Tribunal Constitucional se ha convertido en la última instancia para ejercer la labor de oposición. Ante el rodillo que, con su mayoría absoluta en el Congreso, impone el PP, la oposición ha optado por recurrir ante los tribunales las leyes que el Gobierno ha fijado como el eje de su acción política.
La resolución de recursos ante el tribunal de garantías constitucionales no tiene plazos, por lo que las impugnaciones pueden llegar a acumularse e incluso quedarse sin resolver, dados los cambios en las normas. En los dos años de legislatura del PP con Mariano Rajoy a la cabeza, la oposición (el PSOE en la mayoría de los casos, dados los requisitos que se exigen) ha presentado ya más de una docena de recursos de inconstitucionalidad contra otras tantas leyes.
Entre los presentados este año figuran:
- Recurso contra la ley de tasas judiciales, en el que el grupo parlamentario socialista calificó las tarifas de “abusivas, desequilibradas e injustas”, y consideró que suponen “un atentado” y “una quiebra del Estado de derecho”.
- Nuevo sistema de composición y elección del Poder Judicial. Los socialistas presentaron también recurso contra la Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, al considerar que los cambios suponían un “golpe sin parangón a la independencia judicial” y “una ocupación política” del Consejo General del Poder Judicial.
- Ley antidesahucios. La ley antidesahucios que suprimió el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma Antidesahucios fue otra de las normas recurridas. Los socialistas consideraron que la ley vulnera derechos de colectivos especialmente sensibles, como los derechos del niño.
- Regulación del procedimiento de arbitraje para participaciones preferentes. En su recurso, los diputados del Grupo Socialista alegaron que el Gobierno había ejecutado una “decisión política injusta” al tratar “como inversores a los pequeños ahorradores”, que tienen, según los socialistas, “todo el derecho a recibir el cien por cien de lo que colocaron como un producto de ahorro”.
- Decreto sobre jubilación parcial y anticipada. El Gobierno presentó la medida como una solución para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Los socialistas recurrieron al Constitucional considerar que el decreto afecta a “elementos esenciales” del derecho de acceso a la pensión, al modificarse la edad de acceso y el número de años cotizados.
- Ley de Costas. En su escrito ante el tribunal, los socialistas alegaron que la norma vulnera el artículo 132.2 de la Constitución, según el cual los bienes de dominio público estatal están definidos por la ley pero, “en todo caso”, deben incluirse “la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”.
- Ley de medidas de flexibilización y fomento del alquiler de viviendas. Los socialistas entendieron que la modificación de las condiciones durante la vigencia de los préstamos, “en términos tan relevantes” como la desaparición de las prórrogas o renovaciones de la subsidiación, deja a los afectados ante una inseguridad jurídica que “lesiona de forma irreversible e irreparable sus derechos individuales”.
- Decreto de las renovables. En este caso, el grupo parlamentario socialista recurrió al entender que la norma implicaba un “ejercicio de retroactividad que pone en cuestión la seguridad jurídica de estas fuentes renovables de forma directa, que sienta un peligroso precedente para todas las actividades reguladas”.
Además de estos, el Constitucional tiene pendientes de resolver los recursos sobre la reforma laboral, la amnistía fiscal y la designación del presidente y del Consejo de RTVE.
Solo el Gobierno suspende las normas
La ley reserva al Gobierno la capacidad de dejar en suspenso una norma autonómica mientras el Tribunal Constitucional resuelve sobre el fondo del asunto. Es decir, cuando el Ejecutivo recurre una ley dictada por un Gobierno autonómico, la admisión a trámite del recurso conlleva, necesariamente, la suspensión de la aplicación de la norma. De esta manera, la legislación regional puede quedar en suspenso durante años, ya que el Constitucional solo tiene marcado un plazo, de cinco meses, para decidir si mantiene la suspensión de la aplicación de la norma o la levanta, pero una vez prorrogada es libre para decidir cuándo resolver el recurso.
Pese a la ausencia de plazos, hay casos en los que la rapidez del tribunal es inusitada. Así ocurrió con la ley navarra que exigía a la Iglesia el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (contribución urbana) para todos aquellos edificios que no se dedicaran al culto. En tan solo cinco meses, el tribunal resolvió mantener la exención a la Iglesia y para todos sus bienes.
El Constitucional ha suspendido este año la aplicación del euro por receta en Madrid, al igual que lo hizo con Cataluña, donde además dejó sin vigencia la aplicación de las tasas judiciales y del impuesto sobre depósitos de entidades de crédito aprobadas en Cataluña. Todos los asuntos fueron recurridos por el Gobierno.
La declaración soberanista que el Parlamento catalán aprobó en enero también fue suspendida, de forma automática, después de que el Constitucional admitiera la impugnación presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy. La ley de horarios comerciales, que el Ejecutivo catalán aprobó por decreto el pasado octubre, fue otro de los asuntos que el Gobierno llevó al tribunal y, por tanto, dejó sin aplicación.
El tribunal de garantías constitucional también tiene pendiente de resolución la ley navarra de la vivienda que prevé expropiar casas a bancos para evitar desahucios, norma que está en suspenso, al igual que la ley navarra que regula la asistencia sanitaria gratuita, porque “extralimita las competencias autonómicas y vulnera la normativa estatal, por la que se determinan las condiciones para acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud”.
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