De ‘verso suelto’ a ministro hincha

El alcalde que hace ocho años dispensaba gratis —y a menores— la píldora postcoital para evitar embarazos no deseados (provocando, al hacerlo, la indignación de buena parte de su partido y de la jerarquía eclesiástica) es hoy el ministro que ha firmado y defiende con entusiasmo la ley del aborto más restrictiva de la democracia. Aquel alcalde —y antes presidente autonómico— que concitaba el apoyo de muchos ciudadanos no votantes del PP con iniciativas alejadas del programa de su partido —la creación de una narcosala para que los yonquis se inyectaran en condiciones sanitarias aceptables, las campañas a favor del preservativo que motivaron la protesta de Antonio María Rouco Varela, las bodas de homosexuales, la apertura de los festejos municipales a nombres de la cultura asociados con la izquierda— se desploma hoy en popularidad y es visto por muchos como el representante del ala más dura de la derecha española.

Alberto Ruiz-Gallardón, el verso suelto del PP cuando ejercía de jefe y aspiraba a algo más, se ha convertido, como subordinado, en un ministro hincha, centrado sin fisuras en la defensa del PP y del Gobierno. Lo ha hecho envolviéndose en una bandera: la de la nueva ley del aborto, la ley que consagra la “protección de la vida del concebido” y, solo en segundo lugar, los “derechos de la mujer embarazada”. Él sostiene —lo decía esta semana en sendas entrevistas— que no es que aquel alcalde se haya derechizado, sino que la izquierda no entiende que esta es “la ley más progresista” que ha aprobado el Ejecutivo y la aportación “más importante” que él dejará en su paso por la política española.

Durante los casi dos años que ha durado la elaboración de la ley del aborto, desde el Ministerio de Justicia han ido llegando mensajes contradictorios. Teniendo en cuenta que en el programa electoral del PP no se decía prácticamente nada de cómo sería esa ley —sí se anunciaba una nueva norma, pero sin entrar en detalles salvo en lo referido a las menores—, Gallardón podría haber hecho el proyecto que hubiera querido, siempre que obtuviera el respaldo del presidente Mariano Rajoy. En público, y desde el primer momento, el ministro optó por la versión más restrictiva de la ley: confirmó la vuelta a un sistema de supuestos para proteger al “no nacido”, anunció la supresión de uno de esos supuestos, el de malformación fetal, e incendió el Congreso con su teoría sobre la “violencia de género estructural” —la “presión social” y la falta de ayudas que supuestamente obligan a las mujeres a abortar aunque quieran tener a su hijo—; un asunto, por cierto, que quedó en mera teoría sin trasladarse a la práctica, porque en la nueva ley no se incluye ni una sola medida concreta de apoyo a la maternidad.

En privado, sin embargo, desde el entorno de Gallardón se manejaba la idea de que el ministro estaba trabajando en una versión mucho más abierta de la ley, que reconocía formalmente la protección del nasciturus pero dejaba en realidad la última palabra en manos de la mujer. Así fue publicado en varios medios, entre ellos EL PAÍS, y nunca desmentido. Además, Gallardón suavizó a mediados de este año su anuncio sobre la eliminación del supuesto de malformación fetal: durante una intervención en el Senado, aseguró que él nunca había querido referirse a las anomalías graves sino a algunas “discapacidades” fetales que creía que no debían ser motivo de aborto. Las otras, las gravísimas, seguirían siendo un supuesto legal para abortar. “Naturalmente”, dijo.

Si existió realmente esa versión más suave de la ley, ha sido enterrada por el propio Gallardón. El anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado día 20 no deja a la mujer la última palabra en nada —dependerá de la decisión de los médicos— y el supuesto de malformación fetal desaparece del todo. La mujer embarazada de un feto con anomalías gravísimas y que no desee tenerlo podrá abortar, pero solo si alega otra cosa: que eso supone un peligro grave para su salud psíquica (y, a partir de la semana 22, únicamente si las anomalías son incompatibles con la vida).

El ministro de Justicia no solo ha asumido la defensa de ese proyecto de ley —en solitario, porque ningún otro ministro o dirigente del PP ha querido salir a respaldarla, y Rajoy ha pasado por ello de puntillas—, sino que lo ha hecho con auténtica entrega. “No he hecho nada nunca más importante en política que la presentación de este proyecto. Nada tiene la importancia de este proyecto”, declaró con énfasis esta semana al diario Abc. “En los 30 años que llevo en política, probablemente haya sido la decisión más avanzada y más progresista que he tenido la ocasión de proponer”, insistió en La Razón. Sutilmente, eso sí, quiso compartir la autoría de la ley con quien se la encargó: “Por muy convencido que esté un ministro de una iniciativa”, advirtió, “es imposible que la saque adelante sin el apoyo de su presidente”.

Tanto ha aplaudido Gallardón la nueva ley y tan pocos matices ha puesto a su defensa que, al mínimo cambio que el PP introduzca en la tramitación parlamentaria —y ya se oyen voces en el partido que lo piden—, él quedará ante la opinión pública como el duro que la concibió.

El ministro de Justicia ha protagonizado varias y variadas polémicas en estos dos años —por las tasas judiciales, por el endurecimiento del Código Penal, por la reforma del Consejo General del Poder Judicial (en el que, en pro del acuerdo con el PSOE, incumplió de plano el programa del PP), por ciertos indultos—.

Pero la nueva ley del aborto se adivina como aquella que marcará su paso por el ministerio. Al menos en lo que se refiere a su imagen frente a un electorado al que antaño cortejó con éxito y que hoy le da la espalda.