TRIBUNA

Diez razones para no cambiar la ley del aborto

El Gobierno no puede legislar para agradar a su electorado más conservador

Cada día nos acercamos más a un cambio en sentido restrictivo de la actual ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada por amplia mayoría en 2010, que el Partido Popular quiere modificar desde el mismo momento en que llegó al Gobierno. Sin duda hay razones para cambiarla o mejorarla, pero el momento social, económico y político no parece el más apropiado para empeorarla. España pasa por malos momentos y utilizar el aborto, por el que tanto sufren las mujeres, como moneda de cambio para contentar a los sectores más conservadores de su electorado, no es justo con las mujeres ni con la sociedad.

Tras casi dos años de reiterados, y a veces contradictorios, anuncios por parte del ministro de Justicia, señor Gallardón, la principal razón esgrimida para este cambio es el compromiso adoptado en su programa electoral. Argumento poco consistente, no solo por los evidentes incumplimientos de la práctica totalidad de los compromisos electorales del actual Gobierno, sino porque ni siquiera se ajusta a la letra de lo comprometido. Entre introducir algunos cambios en la actual legislación, especialmente en lo relativo a las jóvenes de 16 y 17 años, y los drásticos cambios que se avecinan, hay un gran trecho. Ni siquiera el sector más aperturista del PP podía presagiar que van a echar por tierra 28 años de legislaciones razonables.

En el caso del aborto, como en casi todo, hay razones para actuar de una u otra manera. Unas para imponer las propias creencias y deseos a los demás y otras para respetar la autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su vida.

Nuestras razones para defender el mantenimiento de la actual ley son:

Una. Porque funciona. No se han cumplido las profecías de un incremento notable del número de abortos ni se han producido en sus tres años de vigencia denuncias ni complicaciones sanitarias de ningún tipo. Ha resuelto, pues, gran parte de los problemas de inseguridad jurídica que aquejaban a la ley anterior. Dos. Porque respeta a las mujeres. El reconocimiento de un plazo en el que las mujeres puedan decidir libremente sobre si quieren seguir adelante o no con su embarazo es la única manera de no atropellar los derechos fundamentales de las mujeres embarazadas. Tres. Porque es conforme a la Constitución. Contrariamente a lo que se argumenta, la actual legislación no es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional que nunca se ha pronunciado sobre una ley de plazos. Cuatro. Porque respeta mejor la vida en formación. Establecer límites y ofrecer a las mujeres información y recursos alternativos ha demostrado ser la mejor manera de conciliar los derechos de las mujeres a decidir con el deber del Estado de proteger la vida en formación. Cinco. Porque es la mayoritaria en Europa. La legislación de plazos es la más establecida entre los países del entorno europeo, especialmente en el contexto de los Estados con quienes compartimos tradición política y constitucional. En una Europa sin fronteras no es razonable que una mujer española sea tratada, en sus derechos básicos, de modo diferente a una francesa, portuguesa o alemana. Seis. Porque no distingue entre pobres y ricas. Las leyes restrictivas no disminuyen el número de abortos, solo provocan que las mujeres que no tienen recursos económicos lo hagan en peores condiciones, por lo que a la discriminación por razón de sexo se une la discriminación por clase o condición social. Siete. Porque la población está conforme. La mayoría de la población española no se reconoce en el marco de una legislación restrictiva o prohibicionista en materia de aborto. Según la última encuesta de Metroscopia, una mayoría, el 53%, apoya una ley de plazos como la actual mientras que el 37% prefiere una ley de indicaciones médicas. Ocho. Porque hace la práctica del aborto más segura y equitativa. Facilitar los trámites hace que los abortos se realicen, como ahora sucede, en periodos muy tempranos de la gestación, disminuyendo los riesgos asociados a los abortos tardíos. Facilita también que las mujeres sean tratadas igualitariamente independientemente de la comunidad autónoma donde vivan. Nueve. Porque es una ley eminentemente preventiva. La actual legislación no solo aborda la interrupción voluntaria del embarazo, sino la prevención y educación afectiva y sexual de toda la población, en especial de la población más joven, el mecanismo más eficaz para disminuir el número de abortos. Diez. Porque derogarla supone un retroceso social de décadas. Hoy vivimos mejor porque podemos decidir en lo que concierne a nuestra vida sexual y reproductiva sin que nos persigan. Perder en tres años lo que tardamos 30 en conseguir nos lleva a un pasado de difícil retorno.

Diez razones frente a una. El Partido Popular cuenta, por supuesto, con una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar la reforma que desee, se ajuste o no a sus compromisos electorales. Pero también tiene el compromiso social y democrático de gobernar para la mayoría. Sería un buen momento para darse un baño de realidad y favorecer el entendimiento entre los sectores que opinan de distinta manera sin hacérselo pagar a las mujeres que se enfrentan a una interrupción del embarazo y que, con la nueva norma, ganarán sufrimiento y perderán libertad.

No es bueno legislar contra algo que funciona. No es justo desconfiar de la responsabilidad de las mujeres. No es democrático obligar a una mujer a ser madre contra su voluntad. Entonces, ¿por qué castigar a las mujeres? ¿Estamos aún a tiempo de pensar en ellas y dejar las cosas como están?

Isabel Serrano Fuster es ginecóloga y portavoz de la Plataforma Decidir Nos Hace Libres, y María Luisa Soleto Ávila es directora de la Fundación Mujeres.
Firman también este artículo: María del Puy Zatón (Enclave Feminista), Francisca García Guerrero (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo-ACAI), Mar Grandal (Católicas por el Derecho a Decidir), Mª Concepción Torres Díaz (Red Feminista de Derecho Constitucional), Marciano Sanchez Bayle (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública-FADSP), Luis Enrique Sánchez Acero (Federación de Planificación Familiar Estatal-FPFE), Carmen Flores Rodríguez (Federación de Asociaciones de Madres Solteras-FAMS), Empar Pineda (Otras Voces Feministas), Ana Alcalde (Alianza por la Solidaridad), Montserrat Boix (Mujeres en Red), Yolanda Besteiro de la Fuente (Federación de Mujeres Progresistas), Francisca Tarazaga (Mujeres por Europa), Tina Alarcón (Asociación Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales), Teresa López (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales-FADEMUR), Paz Martin (AMALTEA), Beatriz Sagrado Roberto (Médicos del Mundo España), Silvia Calurano (Federación Mujeres Jóvenes), Paloma Gil De La Calle (Asociación de Mujeres para un Envejecimiento Saludable), Elvira Méndez (Asociación Salud y Familia), Pilar Vicente de Foronda (Asociación Igualdad de Género en la Cultura), María Pato Rodriguez (Asociación Eleanor Roosevelt), Silvia Carizo (Asociación de Mujeres Inmigrantes Malen Etxea, País Vasco), Mª Isabel A. González (Colectivo por la Diversidad Rosa Luxemburgo), Maria Ferrero Barrio (Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears), Amparo Antuña Asenjo (Federación Mujeres Progresistas de Asturias), Elena Álvarez López (Asociación Mujeres Opañel), Sara Díaz Hernández (Asociación de Mujeres de Nosotras Mismas de Chamberí), Elena de León Criado (Asociación Derechos Humanos de las Mujeres y Desarrollo-DEHMUDE), Rebeca Julián Ruiz (Federación Estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales-FELGTB), Montserrat Santos Lorenzo (Asociación Galega para a Saúde Sexual-AGasEx), Celia Arenas Casas (Federación de Asoc. Mujeres María Laffitte), Gloria García-Nieto (Colectivo Escuela No-Sexista, Asturias), Begoña Sánchez González (Asociación Feminista de Asturias-AFA, Esther Martínez Domínguez (STEA, Zaragoza), Antonia Jesús Burgos García (Asociación de Mujeres Nerea, Málaga), Carmen Caparrón Crespo (Asociación de Mujeres Rosa Chacel), Carmen Caparrón (Federación de Mujeres del Poniente por la Igualdad, Almería), Rosa Gómez Torralbo (Federación Feminista Gloria Arenas), Lourdes Muñoz (Plataforma Nosatres Decidim, Catalunya), Mar Vicent, (XATEBA - Asociación por la igualdad y contra la violencia de género, Xàtiva, Valencia), Lola Oltra Gómez (Asociación Eleanor Roosevelt), Concha Alarcón González (Asociaciones por la Igualdad de Género Guadalhorce Equilibra, Málaga), Amanda Rodríguez Pinto (Arcópoli, asociación LGTB+H, Universidades Politécnica y Complutense, Madrid), María Ferraz Dobarro, (Asociación Contramarea, Canarias), Fátima Arranz Lozano (Red Ecofeminista), Angustias Bertomeu Martínez (Asociación E-Mujeres), Anabel Santos Castro (Asociación de Mujeres Puntos Subversivos, Andalucía), Mercedes Ruiz-Gimenez Aguilar (Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos- AIETI), Natalia Salvo (Organizaciones Feministas de Zaragoza), Mª Encina Gutiérrez Ibán (Asociación Leonesa Simone de Beauvoir), Andrea Castillo Díaz (Asociación Ecuestre entre la Vega y la Nieve), Concepción Díaz Rodríguez (Asociación SARAE), Patricia Rodríguez Calviño (Igualdad de las Juventudes Socialistas de España -JSE), Pilar Rodríguez (Partido Socialista, Madrid), Teresa Gutiérrez Álvarez (Igualdad del PSL- PSOE), Laura Nuño Gómez (Áreas Transversales IU-CM), Cándida Barroso Chulia (CCOO, Valencià), Francisca López García, (Confederación Intersindical), Esperanza Montero (Colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, Madrid) y Nirvana González Rosa (Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, MAMPR).