Condenado a cuatro años un guardia civil que puso multas falsas a un vecino

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cuatro años y siete meses de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Cádiz al guardia civil Marcos A. G. como autor de un delito de falsedad documental por poner cuatro multas falsas a un vecino con el que mantenía una mala relación. El alto tribunal también condena a su compañero Juan Miguel C. O. por haber puesto otra sanción falsa al vecino de A. G.

La Audiencia de Cádiz consideró probado que el agente Marcos A. G., destinado en la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules, estaba enemistado con un vecino de la urbanización Torrelobatón, en Jerez de la Frontera. Según la sentencia, la causa de la rivalidad entre los dos hombres era que el vecino solía pasear un perro rottweiler sin correa ni bozal y no “aceptaba de buen grado” que el guardia civil le pidiera que lo llevara sujeto. También tuvieron problemas “con los jardines y las aguas” de la urbanización. Incluso, en 2007, ambos tuvieron que comparecer en un juicio de faltas por intento de agresión y amenazas.

“Cansado” de la situación, el agente decidió “usar las posibilidades de su cargo” contra su vecino. En concreto, el 7 de octubre de 2007 le puso una multa por conducir sin cinturón de seguridad. Para no levantar sospechas, falsificó la firma de otros dos guardias civiles, a quienes puso como testigo.

Unos días más tarde, el 10 de noviembre, el agente Juan Miguel C. O. le multó por estacionar en un paso de peatones. En esta ocasión, Marcos A. G. firmó como testigo. Los días 13 y 19 de noviembre, Marcos A. G. volvió a multar a su vecino por no haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), falsificando nuevamente la firma de dos guardias civiles, que figuraban, sin tener constancia de ellos, como testigos.

Tras recibir la primera notificación, el hombre se dirigió a la Jefatura Provincial de Tráfico, donde constató que tenía otra multa procedente del mismo puesto de Alcalá de los Gazules. Tras varias pesquisas, la Guardia Civil dio credibilidad a "las versiones exculpatorias" del vecino e inició la tramitación judicial.

Según la sentencia, la familia del hombre enemistado con el guardia civil terminó abandonando su domicilio y poniéndolo en venta.