Reforma de la Constitución, pero ¿qué reformamos?

Se ha hablado y escrito tanto en estos días sobre la reforma de la Constitución con motivo de su trigésimo quinto aniversario, que parece difícil aportar nueva luz a la pregunta que hoy se hace mucha gente: ¿Por qué no se reforma la Constitución si parece existir un acuerdo amplio sobre la necesidad de hacerlo? La explicación quizás más repetida apunta a la ausencia de la no menos necesaria oportunidad política, aunque se haya reformado ya con la excusa que nos brindó la Unión Europea en agosto de 2011. Escribía Francesc de Carreras en estas páginas que “la reforma será políticamente oportuna sólo si es compartida por una mayoría equiparable a la que aprobó por consenso el texto constitucional hace 35 años”. Esa es la clave: que exista un acuerdo amplio o, preferiblemente, un consenso sobre el posible nuevo texto que lo legitime durante una buena temporada. Este acuerdo debería recoger las sensibilidades de la ciudadanía cristalizadas en sus representantes. Y ahí está la cuestión: ¿existe el acuerdo entre nuestros políticos? ¿Y se corresponde lo que quieren los políticos con lo que prefiere la ciudadanía?

Sabemos poco de lo que piensan los parlamentarios españoles sobre la actualidad más allá de declaraciones esporádicas a los medios. Sin embargo, una encuesta publicada recientemente por el CIS para una muestra representativa de parlamentarios españoles muestra que una mayoría amplia (81%) piensa que es necesario reformar la constitución (los datos provienen del estudio ES2827 del CIS que ha realizado un equipo de cuarenta académicos del que forman parte los autores de este artículo; el trabajo de campo se realizó entre 2009 y 2011). Aunque con intensidad diferente, el apoyo a la reforma constitucional es mayoritario en los parlamentarios de todos los partidos políticos (el 100% en IU, el 88% en el PSOE y el 71% en el PP; el 80% en CiU, el 86% en ERC y el 93% en el PNV) y en todas las cámaras de representación nacionales y autonómicas.

Este acuerdo amplio queda desdibujado cuando se intenta concretar qué ámbitos deberían reformarse de la Constitución. De todas las respuestas que dan los parlamentarios, destacan sobre todo los asuntos relativos al modelo territorial (31% del total de las respuestas) y los aspectos relativos a la Corona (30%), seguido por el Senado (15%). Las divergencias entre parlamentarios de distintos partidos políticos se corresponden en gran medida con las líneas de división territoriales. Por ejemplo, la Corona es el asunto que concita más interés reformista entre los partidos de ámbito estatal (un 28% del total de menciones en el PP) un 35% en el PSOE, y un 30% en IU), mientras que para los partidos nacionalistas, se trata de un aspecto menos relevante (4% de menciones para CiU y 18% para ERC y PNV). Por el contrario, la organización territorial del Estado es un tema importante para los partidos estatales (23% de menciones en el PSOE, pero 31% en PP e IU) pero prioritario para los nacionalistas (77% de menciones en CiU, 66% en ERC y 56% en PNV).

¿Son las preferencias de los parlamentarios un reflejo de lo que opina la ciudadanía sobre la reforma constitucional? Solo parcialmente. Ciudadanos y políticos coinciden en su apoyo mayoritario a la reforma de la Constitución (un 73% de la ciudadanía, aunque un 20% no tiene opinión al respecto). Sin embargo, los temas que unos y otros apuntan como prioritarios son distintos. Para los ciudadanos el cambio constitucional primordial debe darse en el ámbito de la justicia (que acapara un 39% de las propuestas de reforma). El resto de temas son secundarios y sus respuestas en general son más variadas. Aunque los ciudadanos mencionen las cuestiones relacionadas con el tema territorial (13%) o la monarquía (12%), también hacen referencia a otros asuntos como la garantía de los derechos sociales (14%), la reforma de la ley del menor (10%), la reforma electoral (10%) o el endurecimiento de penas (9%). En conclusión, existe coincidencia entre la ciudadanía y sus representantes sobre la necesidad de una reforma constitucional, pero los asuntos de interés son diferentes.

Estos resultados sirven para ilustrar con datos de encuestas las ya de por sí evidentes discrepancias entre los parlamentarios españoles respecto a qué reformar de la Constitución española, y, en particular, las diferencias existentes entre los partidos nacionalistas y los partidos de ámbito estatal, pero también dentro de estos últimos, sobre qué hacer con el modelo territorial del Estado. El desacuerdo latente acaba alimentando el pesimismo, pues el 79% de los parlamentarios nacionales y autonómicos coincide en la opinión de que no cree posible una reforma constitucional en los aspectos territoriales del Estado que satisfaga a los nacionalismos vasco y catalán. Así las cosas, la oportunidad política de dicha reforma se insinúa muy lejana.

Xavier Coller (Universidad Pablode Olavide), Antonio M. Jaime (Universidad de Málaga), Sandra León (Universidad de York) y Fabiola Mota (Universidad Autónoma de Madrid) son miembros del grupo de investigación Democracia y Autonomías: Sociedad y Política.