En defensa de la Constitución, reforma

Han pasado 35 años desde que los españoles decidimos las reglas con las que queríamos ordenar nuestra convivencia. Hoy es un buen día para decir que aquella decisión fue un completo acierto. Un logro fruto de la voluntad colectiva de encontrar un punto de encuentro a partir de las opciones que legítimamente nos diferencian.

Nunca en nuestra historia una Constitución duró tanto. Nunca en nuestra historia una Constitución ha dado tantos resultados positivos: con ella conquistamos la democracia, con ella hemos conocido el bienestar, el progreso, la protección social, un conjunto riquísimo de derechos y libertades; con ella hemos tenido un proyecto colectivo que, al tiempo, ha permitido el reconocimiento de identidades diferentes.

Pero el mundo cambió. Nuevas realidades, nuevos compromisos, nuevas amenazas, nuevas oportunidades… han sobrepasado las previsiones que formulamos hace 35 años. Ahora, ese cambio se ha acelerado. Desde 2008, un vendaval azota la economía internacional, y también la española, con una intensidad que ha desbordado todas las previsiones y ha puesto en evidencia las limitaciones de algunas normas básicas de nuestra convivencia: en el mundo, en Europa y también en España.

Proponemos afrontar una reforma constitucional, no un proceso constituyente

Los grandes cambios que vive nuestro país, en parte como consecuencia de la crisis, deben tener su reflejo en la Ley Fundamental. Igual que los españoles de mi generación tuvimos la posibilidad de votar las reglas fundamentales de nuestra convivencia, ese 60% de españoles que no pudo votar la Constitución porque era demasiado joven para hacerlo o porque nació tras ella, debería tener la oportunidad de definir qué cambios hemos de introducir para que la Constitución siga incluyendo unos valores compartidos por la gran mayoría.

En algunos casos, esos cambios tendrían que recoger todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos últimos 35 años. Sería conveniente, desde luego, incorporar las garantías debidas para que nuestro Estado del bienestar mantuviera cotas de dignidad acordes con ese nombre, incluso en tiempos de crisis. La sanidad debiera integrarse en el capítulo de derechos fundamentales de la Constitución. Como deben incluirse en la misma nuestro sistema de servicios sociales y los avances que en materia de familia y de igualdad de derechos entre hombres y mujeres hemos desarrollado en este tiempo.

La reforma de la Constitución debería permitir, también, cambios en el sistema político para hacer frente a la crisis actual de nuestra democracia representativa. Me refiero al sistema electoral, cuya constitucionalización —por ejemplo, la inclusión en el actual texto de la provincia como obligada circunscripción electoral— dificulta alguna de sus posibles reformas. O a la insuficiente regulación de los partidos políticos.

Finalmente, la reforma constitucional habría de incluir las modificaciones necesarias para abordar la crisis territorial que vivimos en la actualidad. No me cabe ninguna duda de que el Estado autonómico ha sido uno de los grandes éxitos de la Constitución del 78. Ha permitido encauzar nuestro histórico debate territorial y ha propiciado el desarrollo social de muchas comunidades a las que el centralismo anterior había condenado a la miseria. Sin embargo, el Estado de las autonomías vive hoy dos tensiones contrapuestas, que no se anulan entre sí. Antes bien, se suman. Tensiones derivadas de sus ineficacias, que permiten a algunos rememorar las viejas estructuras centralistas; y otras, de signo opuesto, que reflejan problemas de convivencia entre algunas comunidades, singularmente Cataluña en estos momentos, y el resto de España, que están siendo aprovechadas para reclamar la independencia por quienes creen que sus aspiraciones nacionales no tienen cabida si no es en el marco de un Estado propio.

Los que defendemos la Constitución debemos salir al paso de ambas tensiones, para seguir viviendo juntos en una España cuya fortaleza reside, entre otras cosas, en reconocernos como somos: diversos. Por eso proponemos la evolución de nuestro Estado autonómico en una dirección federal. Para incorporar a nuestro texto constitucional los preceptos que aseguren el respeto a la identidad de las distintas comunidades, a su lengua, a su historia y a sus instituciones. Para clarificar nuestro intrincado reparto competencial actual, origen de muchos de nuestros conflictos. Para convertir el Senado en una verdadera cámara territorial, perfilar mejor el sistema de financiación y garantizar la cooperación y la lealtad institucional necesarias en un Estado compuesto como ya es el nuestro. Y, por supuesto, para asegurar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos sociales básicos, hayan nacido donde hayan nacido. En suma, para incorporar rasgos que, con sus respectivas especificidades, países federales como Alemania o Austria recogen en sus constituciones.

Ignorar la necesidad de estos cambios no es defender la Constitución, sino facilitar su obsolescencia. Solo los imprudentes desprecian los riesgos que anuncian las grietas de su casa. Derribar las paredes y dinamitar los cimientos para arreglar esas grietas sería también una temeridad. Por eso proponemos afrontar una reforma constitucional, no abrir un proceso constituyente.

Rehusar cualquier intento de ofrecer una respuesta compartida a estas necesidades por miedo al fracaso equivale a desconfiar de la voluntad de entendimiento de los españoles, y despreciar la capacidad de los agentes políticos para interpretar y respetar los intereses generales.

Los socialistas creemos que hay que actuar y que hay que hacerlo ya.

Estas que he expuesto en sus líneas generales son nuestras ideas. Sabemos que no serán las únicas ni queremos que lo sean. Sabemos que no todas las propuestas que formulemos en cada uno de estos temas saldrán adelante. Sabemos que el resultado final será el que derive de un consenso amplio, mayoritario, compartido, fruto de renuncias recíprocas y de soluciones pactadas. Pero también sabemos que la reforma dará la oportunidad de iniciar un tiempo nuevo de cambios y de pactos, que la sociedad española está reclamando.

Alfredo Pérez Rubalcaba es secretario general del PSOE.