El fiscal no halla signos de enaltecimiento en los recibimientos a cuatro etarras

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no aprecia indicios de un delito de enaltecimiento del terrorismo en los recibimientos a los etarras excarcelados tras la derogación de la doctrina Paroten sus localidades de residencia. Al menos no los puede apreciar sobre los informes que ha remitido hasta ahora al ministerio público la Delegación del Gobierno en el País Vasco. La representación del Ejecutivo en Euskadi envió la semana pasada al menos seis informes sobre estos ongi etorris (bienvenida, en euskera). Los acusadores públicos han recibido y examinado ya cuatro de estos atestados policiales. Los informes, de apenas tres líneas cada uno, resultan, según fuentes del ministerio público, “demasiado escuetos” y “a todas luces insuficientes” para derivar de ellos delitos de enaltecimiento. Por ello, la fiscalía tiene planeado solicitar a la Delegación del Gobierno en Euskadi, encabezada por Carlos Urquijo, que le remita “informes ampliatorios”, para determinar si en esos actos se exhibieron pancartas o se gritaron consignas a favor de ETA, aspectos que no figuran en los informes remitidos.

Los fiscales han examinado los atestados de los recibimientos a los exreclusos etarras Juan Ignacio Delgado Goñi, en Legazpi (Gipuzkoa); Inmaculada Patxo Martín, en Bilbao; Juan José Legorburu Gerediaga, en Amorebieta (Bizkaia); y Javier Martínez Izagirre, en Galdakao (Bizkaia). Las cuatro comunicaciones carecen de un relato de hechos minucioso y no identifican en ningún caso a las personas que participaron en los actos de homenaje, un aspecto esencial para poder imputar un delito.

Fuentes del ministerio público expresaron este lunes su sorpresa por lo somero de los informes de la Delegación del Gobierno. El atestado que más atención había merecido fue el del acto de bienvenida de Javier Martínez Izagirre, Javi de Usansolo, en la madrugada del pasado 27 de noviembre en Galdakao (Bizkaia). El atestado sobre ese acto se limita a señalar que sobre la 1.30 de la madrugada, un centenar de personas recibió con ikurriñas, aplausos y cohetes al etarra. Javi de Usansolo es el asesino del niño de tres años Fabio Moreno, que murió en noviembre de 1991 al explotar la bomba lapa que los terroristas habían colocado en los bajos del coche de su padre, guardia civil, en Erandio (Bizkaia).

El informe sobre el recibimiento a Juan José Legorburu señala simplemente que a su ongi etorri en Amorebieta acudieron “25 asistentes”. En el caso de Delgado Goñi, se cuenta que en su recibimiento en Legazpi participaron entre 30 y 40 personas, que se lanzaron cohetes y que se oyeron repicar las campanas de una iglesia próxima al acto de bienvenida.

Inmaculada Patxo Martín fue acogida también ese día entre aplausos en el Casco Viejo de Bilbao abrazada y jaleada por varias decenas de personas. Esta terrorista fue condenada a 500 años de cárcel por cuatro atentados, entre ellos a la comisaría de Burgos, seis asesinatos frustrados y 48 delitos de lesiones.

Fuentes de la fiscalía expresaron su malestar al entender que es el propio Ejecutivo el que no aprecia delito en los actos de recibimiento a los terroristas y que Interior ha actuado por motivos políticos, dejando en el ministerio público el coste de archivar las causas. También consideran los acusadores públicos que las fuerzas de seguridad deberían haber tomado medidas para impedir los homenajes en la calle. Fuentes del ejecutivo reconocen que el hecho de enviar los informes a la Fiscalía de la Audiencia Nacional buscaba trasladar un mensaje a la izquierda <CF1001>abertzale de que se iba a ser inflexible ante cualquier acto que pudiera entenderse como una humillación a las víctimas de ETA y valoran que de hecho no se han repetido.

Desde que el pasado 21 de octubre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dejó sin efecto la jurisprudencia del Tribunal Supremo que había permitido prolongar la estancia en prisión de terroristas y criminales que habían cumplido sus penas, los homenajes a los etarras, empezando por Inés del Río, se celebraron a puerta cerrada. Sin embargo, las constantes salidas de etarras —unos 60 en un mes— desbordaron en algunos casos las consignas de Sortu de mantener un perfil bajo en los homenajes, que empezaron a celebrarse en la calle, lo que llevó al Gobierno a actuar ante la fiscalía.