Transparencia tras el ‘escándalo Dívar’

El Consejo del Poder Judicial saliente será recordado por el escándalo de los viajes de su expresidente Carlos Dívar, que tuvo que dimitir, y también por cómo un grupo de vocales rompieron la disciplina de grupo y pactaron repartirse y colocar como altos cargos de la judicatura a jueces afines ideológicamente y, en no pocos casos, a sus propios amiguetes. Dos denuncias del vocal progresista José Manuel Gómez Benítez han marcado la legislatura del actual Consejo: antes de denunciar el escándalo de los viajes caribeños de Dívar, arremetió públicamente contra el atípico pasteleo que mantenían vocales como Margarita Robles (propuesta por el PSOE) y Manuel Almenar (por el PP), y otros afines a ambos, a la hora de elegir a los altos cargos.

El nombre de Gómez Benítez como vocal partió del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que quiso agradecerle así el haber sido uno de sus emisarios en los contactos que mantuvo su Gobierno con ETA, antes del atentado de la T-4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006.

Cuando Gómez Benítez, que pensó que iría de líder del grupo progresista, se dio cuenta de que muchos de sus colegas le arrinconaban a la hora de las grandes decisiones, empezó a denunciar asuntos que se sabían en el Consejo pero que nadie nunca se había atrevido a exponer, y menos públicamente. Fue entonces cuando denunció el mercadeo en los nombramientos que llevaban a cabo algunos vocales y, más tarde, cuando se puso a investigar si Dívar pagaba de su bolsillo o de las arcas públicas del Consejo del Poder Judicial los viajes de fin de semana que realizaba a Marbella (Málaga), entre otros lugares.

Este Consejo deja algunas luces y demasiadas sombras. Los nuevos vocales se van a encontrar proyectos largamente mareados y publicitados pero sin materializar. El vocal Félix Azón (progresista) trabajó mucho, a la postre sin éxito, en un proyecto tendente a cambiar la forma de selección y acceso a la carrera de los nuevos jueces. Presentó un proyecto que potenciaba el periodo de prácticas de los alumnos/jueces y que establecía un mayor control psíquico de los llamados a ser magistrados. El proyecto quedó en agua de borrajas tras llegar a la Comisión Nacional de Selección, integrada por Consejo del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado. También cayó en saco roto el proyecto, aireado sin tregua, de modernización de la justicia. Fracasó porque los vocales carecían de competencias para su desarrollo, puesto que requería grandes cambios normativos que solo pueden acometer el Parlamento. Otro proyecto infructuoso de este Consejo fue su intención de cambiar los módulos de trabajo de los jueces. Estos módulos, que muchos vocales del Poder Judicial consideraban muy benevolentes, permiten conocer la carga de trabajo y actividad de un juzgado y sirven de parámetro para valorar si un juez necesitaba apoyo o refuerzos en su oficina. El primer proyecto de reforma de módulos fue muy discutido en la carrera judicial y forzó que se reelaborara, pero a la baja.

Quizá, el cambio más destacado de este mandato es que, a raíz del caso Dívar, se reglamentó una mayor transparencia de los gastos del Consejo. La implantación de las entrevistas públicas a las que son sometidos por la Comisión de Calificación del Consejo todos los aspirantes a altos cargos de la judicatura ha sido otra de las reformas que se han llevado adelante. Y lo que también ha podido culminar el Consejo saliente es un reglamento que permite una mayor conciliación de la vida familiar y laboral de los jueces, y la creación de un servicio específico que se encarga de vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad en los juzgados para evitar riesgos laborales. También han funcionado los planes de choque establecidos para juzgados cuya carga de trabajo ha crecido debido a la crisis económica: los laborales y los mercantiles, que son los que llevan quiebras de empresas.