El PP reclama 500.000 euros a Bárcenas por vulnerar el honor de sus votantes

El Partido Popular ha reclamado a su extesorero Luis Bárcenas una indemnización de 500.000 euros por una “gravísima intromisión” en su honor por la publicación de la contabilidad secreta del antiguo ejecutivo de la formación conservadora. El abogado que representa al partido y a los antiguos dirigentes de este partido Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y al actual vicesecretario Javier Arenas, ha sostenido que los daños que supuso la publicación en EL PAÍS de los papeles de Bárcenas “afectan a la esfera de militantes, simpatizantes, afiliados y también a los votantes, cuyo honor ha sido vulnerado también”.

El letrado del partido, Alexis Godoy, ha insistido en que los datos contenidos en la contabilidad manuscrita de Bárcenas “son falsos, amañados y malintencionados” y ha considerado que se trata de una información “insidiosa e interesada”, movida por una “clamorosa mala fe” del extesorero.

La demanda de protección contra el honor, que ha recaído en el Juzgado de primera instancia número 83 de Madrid, se extendía también contra este periódico. Sin embargo, el partido decidió el pasado 21 de noviembre retirar la acusación contra EL PAÍS después de que el extesorero admitiera ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ser el autor de la contabilidad secreta.

Godoy estimó “más que acreditado” que Bárcenas fue la “fuente de conocimiento” de este periódico sobre los manuscritos y que facilitó su contabilidad secreta después de que la justicia descubriera su "inmensa fortuna" en dos bancos de Ginebra (Suiza). "Existe un nexo causal entre su delicada situación personal y las mentiras vertidas. No existe otra explicación a tan injustificado ataque", ha apuntado el letrado.

De igual modo, ha sostenido que la credibilidad de Bárcenas es "extraordinariamente dudosa" porque en junio pasado el juez Ruz le imputó los delitos de estafa procesal en grado de tentativa y falsedad documental por simular el contrato de cuatro obras de arte con la supuesta marchante Isabel Mackinlay, al objeto de justificar unos ingresos de medio millón de euros en efectivo. "El demandado estafa y falsifica para conseguir sus objetivos", ha dicho en varios momentos el letrado.

El abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, ha defendido que su cliente no facilitó la contabilidad B del PP este periódico porque lo hizo el exdiputado Jorge Trías Sagnier. "Bárcenas no entregó los papeles. Lo ha dicho por activa, por pasiva y por pasiva-refleja", ha insistido.

También ha acusado a los 'populares' de actuar con "frivolidad" y "equivocar el tiro", al presentar una demanda contra una persona que está imputada en dos procedimientos judiciales, en referencia al 'caso Gürtel' y la pieza separada en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP. "No voy a emplear la terminología de 'rehén procesal' porque no viene al caso", ha dicho.

Por ello, ha pedido que la formación de Mariano Rajoy sufrague las costas del procedimiento al entender que su actuación no ha estado guiada ni por "la buena fe" ni por el ánimo de "hacer justicia".

La representante de la Fiscalía, por su parte, ha solicitado la suspensión del procedimiento por una cuestión de “prejudicialidad penal”, esto es, que “el fondo del asunto” -las donaciones al PP y las dádivas que se podrían haber recibido a cambio de adjudicaciones- está siendo investigado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

El director de EL PAÍS, Javier Moreno, ha comparecido como testigo en la causa. Moreno se ha acogido al derecho al secreto profesional consagrado en el artículo 20 de la Constitución para no revelar la fuente de la información publicada el 31 de enero, pero ha ratificado que Bárcenas no entregó los manuscritos. Tras apuntar que la fuente tenía la "confianza personal y por su posición" del periódico, Moreno ha recordado que antes de la publicación de los documentos, la redacción se puso en contacto con los dirigentes del PP que aparecían en los apuntes como receptores de pagos para acreditar su verosimilitud.

Por su parte, el representante legal del PP, Alberto Durán, ha declarado que, si Bárcenas no fuera el autor de la filtración de los papeles, quien lo hizo debería asumir su responsabilidad. "Quizá menos el mensajero pero todos los que han intervenido tienen que ser responsables", ha dicho.

Al término de la vista, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 83 de Madrid, David Rodríguez Fernández-Yepes, ha admitido la incorporación al procedimiento de varios documentos propuestos por las partes, entre ellos el auto del pasado 22 de noviembre en el que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz advertía de la existencia de "una contabilidad B o en paralelo" en el PP que había sido "continua en el tiempo".