Rouco y una asociación pugnan en el Supremo por 23 valiosos tapices

 El arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, mantiene una feroz batalla judicial para hacerse con una valiosa colección de 23 tapices flamencos de los siglos XVI y XVII que una millonaria madrileña, Victoriana Oliva, dejó en herencia en 1869 a la pequeña Asociación Santa Rita de Casia. El cardenal los quiere para adornar la catedral de La Almudena, mientras que el objetivo de la asociación es alquilarlos para ayudar a mujeres maltratadas.

La disputa por las obras ha llegado ahora al Tribunal Supremo de España, aunque viene de una larga travesía por los tribunales canónicos de Roma. Estos validaron el decreto que Rouco dictó en 2004 mediante el que declaraba extinguida a la asociación Santa Rita. La abolió por su cuenta y sin el permiso de las asociadas, alegando que podía hacerlo porque se trataba de una asociación religiosa. Y obviando la orden de la reina Isabel II que otorgó a la asociación un carácter estrictamente civil.

Para extinguirla, Rouco se agarró a que la asociación había cambiado su nombre original y a unos estatutos de 1993 hechos por el propio arzobispado obviando los que tenía en vigor la asociación. Y lo hizo al enterarse, por una feligresa, de la existencia de los tapices. La Almudena se iba a inaugurar y los quería para decorar el templo. El articulado de esos estatutos (totalmente falsos, según la asociación) parece ideado con el fin único de que los tapices acaben en manos de la Iglesia.

Tras el dictamen del Tribunal de la Signatura de Roma, Rouco creyó que ya las tenía todas consigo. Y pidió a los jueces españoles que aplicasen ese dictamen (mediante el procedimiento jurídico del exequátur) y obligasen a la asociación a entregarle los tapices (entre ellos, cinco con cartones dibujados por Pedro Pablo Rubens; se les calcula un valor de entre dos y tres millones de euros). El juzgado número 50 de Madrid rechazó la pretensión de Rouco y sentenció que la asociación Santa Rita tiene un carácter eminentemente civil (porque así lo ordenó Isabel II) y que su actividad está sujeta al derecho civil español, no al canónico de Roma.

Lo que nunca imaginó Rouco es el ahínco con que la presidenta de la asociación, Rosa Barranco —acérrima devota de Santa Rita, de 43 años, economista y con varios másteres— iba a defender la permanencia de los tapices en las manos de la asociación. “Porque así lo quiso Victoriana Oliva, quien en su testamento deja clarísima su voluntad. Y, además, se muestra como una mujer maltratada que desea que los tapices sean gestionados por una asociación que tiene por seña la ayuda a los desprotegidos”. Victoriana era tan religiosa como millonaria, con sirvientes en su casa de la calle de Alcalá, enfrente del actual casino de Madrid, en la que tenía una tienda de tapices. Murió sin descendientes. El 1 de abril de 1869, dejó escrito: “Viéndome entera y en mi cabal juicio... dejo las colgaduras nuevas de terciopelo de Utrecht [los tapices] a la congregación de Santa Rita... y no podrán enajenarse...”.

Tras el fallo de Roma (que falló a favor de Roma), la disputa por la titularidad de los tapices se halla ahora en el Supremo. Y es que la asociación se ha visto obligada a recurrir una sentencia que acaba de dictar la Sección 14ª de la Audiencia de Madrid que da la razón a Rouco. Y que revoca otra del juzgado de lo civil 38 de Madrid que zanja que las obras pertenecían a quien siempre ha sido su dueño, la Asociación Santa Rita de Casia. La pugna judicial de Rouco no es solo contra esta asociación. También ha demandado a la Real Fábrica de Tapices, que desde 1921 los tiene bajo su custodia (ahora está restaurándolos). Y que considera que el único dueño es la asociación Santa Rita de Casia.

Rosa ve una “mano negra no divina” en la sentencia de la Audiencia de Madrid

A Rouco le disgustó la sentencia del juzgado 38, en la que el juez falla que la voluntad clara de la mecenas fue testar esos tapices para la asociación, que en ocasiones los ha alquilado para exposiciones internacionales (unos 8.000 euros por cada tapiz). “El dinero se ha destinado a la asociación y a la ayuda de mujeres maltratadas, como lo fue Victoriana”, destaca Rosa, que lleva gastados, de su bolsillo, “unos 50.000 euros” en el pleito.

Y es que, contra todo pronóstico, la Audiencia de Madrid acaba de revocar la sentencia del juzgado 38 y otorga la propiedad al Arzobispado. “Esto es un escándalo y una expoliación. Rouco no ha aportado ningún documento de propiedad de esas obras. Y lo estatutos de 1993 en los que se basa la Audiencia son falsos”, explica Rosa, que aún recuerda cuando se presentó ante el cardenal, en un acto en la calle, y este le retiró la mano al enterarse de quién era ella. “Han llegado a tildarme por escrito de esquizofrénica aguda”, dice Rosa. En el fallo de la Audiencia, Barranco ve “la intervención de una mano negra no divina”. Porque, para darle los tapices a Rouco, “el tribunal se basa en la veracidad de unos estatutos falsos que nadie de la asociación ha firmado”.

La Asociación, a través de la página web http://www.change.org, ha organizado una campaña de recogida de firmasque enviarán al papa Francisco, para que Rouco “deje de una vez de hostigarnos” y de intentar “alterar la voluntad de la testadora para que los réditos de sus tapices vayan a maltratadas”.