El pacto Gallardón-Carmona

Cuando se le preguntó por los recelos que pueda despertar que asuma el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, explicó que los jueces "ya están acostumbrados a las críticas a las actuación judicial y las grandes alabanzas cuando les gusta lo que hacemos". 

Una semana más tarde, la comisión permanente del CGPJ votaba, por mayoría, la renovación no vencida del mandato del juez Ruz, quien, según el acuerdo adoptado, ejercería seis meses su comisión de apoyo a partir de la incorporación del nuevo titular del juzgado, que se suponía sería durante el otoño, cuando Carmona quedara libre como miembro del CGPJ.

Pero, a la dureza aparente de las declaraciones de Carmona siguió su petición al CGPJ de que se le nombrara, habida cuenta su experiencia en relaciones internacionales, para cubrir una vacante en La Haya. Finalmente, el CGPJ decidió convocar a un concurso del cual emergieron dos candidaturas: Carmona y José Ricardo de Prada, magistrado de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ex juez internacional español en la Sala de Crímenes de Guerra de la Corte de Bosnia-Herzegovina, entre otras muchas actuaciones en el exterior.

La plaza no la ganó un magistrado español.

Por tanto, Carmona asumiría, una vez renovado el CGPJ, el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Todo esto discurría mientras la Fiscalía Anticorrupción, representada por el fiscal Antonio Romeral, en la investigación de los papeles de Bárcenas o la contabilidad B del PP, insistía en la necesidad de convertir las diligencias previas en procedimiento abreviado antes de las próximas Navidades.

Dicho auto, también llamado auto de acomodación, es la última resolución, recurrible por los acusados, en la cual el juez da por finalizado el proceso de instrucción, una vez que se considera que ya existe todo el material instructorio. Las partes pueden solicitar en este último episodio procesal, antes de la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa. 

Se puede advertir, pues, el interés del Ministerio de Justicia y del ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, en hacer realidad esa idea de la Fiscalía Anticorrución de conseguir el cierre de la pieza separada en la causa Gürtel que son los llamados papeles de Bárcenas. Sobre todo, en los meses en los cuales se incuba la primera precampaña electoral después de las elecciones en Andalucía y Asturias, del 25 de marzo de 2012. Es decir, la precampaña de las europeas que tendrán lugar entre el 22 y el 25 de mayo de 2014.

El fracaso de la opción de colocar a Carmona en La Haya coincidió con el enfriamiento de la urgencia de Ruiz-Gallardón por renovar el CGPJ.

¿Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia?

¿O necesidad de resolver antes el destino de Carmona, dispuesto a no asumir el juzgado en la Audiencia Nacional?

El hecho es que ¡Eureka!, destino, haberlo, haylo. El puesto de magistrado de enlace en Londres. Al tiempo, también se ha aprovechado la oportunidad para designar a un magistrado en el otro puesto sin ocupar desde su creación, el de Washington. 

Y, otra vez volvió la urgencia por renovar el CGPJ, que, en principio, a raíz de la operación del Rey, que debe tomar juramento a los nuevos consejeros y al futuro presidente, parecía quedar para el nuevo año.

El interlocutor de Ruiz-Gallardón en el PSOE, el también fiscal en excedencia y ex ministro Antonio Camacho, se sorprendió por la nueva urgencia. Fulminante. El presidente, Mariano Rajoy, quería que se hiciera con toda celeridad. Esa fue toda la explicación.

Ambos puestos fueron creados durante el mandato de Juan Fernando López Aguilar, en 2006, como ministro de Justicia, con los puestos de Colombia, París y Roma. Estos tres han sido cubiertos desde su creación. Pero Londres nunca fue considerado un destino esencial por el tipo de tráfico, más bien bajo, de actividad judicial entre España-Reino Unido.

Y Washington... Tampoco ha sido ocupado. En 2010, antes de la suspensión del juez Garzón, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, intentó apaciguar la tensión entre los magistrados del Tribunal Supremo y la actividad del entonces magistrado de la Audiencia Nacional mediante el nombramiento de Garzón como magistrado de enlace en Colombia. Pero Garzón no prestó su acuerdo.

La alternativa fue Washington. Garzón aceptaba si al tiempo se nombraban otros magistrados de enlace en América Latina con los cuales él mantendría una coordinación desde Washington. El Gobierno no admitió este plan.

Finalmente se acordó que Garzón podría ir como magistrado de enlace a Washington....pero, pero, al hacer las gestiones, el Gobierno se encontró con el veto del ministerio de Justicia de Estados Unidos.

El juez Garzón había abierto, el 27 de abril de 2009, diligencias de investigación a raíz de una querella presentada por cuatro presos islamistas ante la Audiencia Nacional sobre presuntas torturas cometidas por la Administración Bush en la cárcel de Guantánamo....donde ellos las sufrieron antes de recalar en España.

Lo cierto es que ambas plazas, sobre todo la de Londres, ahora ocupada, una con un magistrado de enlace y la otra con un consejero de justicia en la embajada española (el magistrado Jorge Carrera) son caras y que la justicia austera que pregona Ruiz-Gallardón no parece ser coherente con la decisión adoptada. 

Pero, lo dicho, tolerancia cero con cualquier viraje imprevisto en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.