Cosecha amarga en Marinaleda

Juan Manuel Sánchez Gordillo está cansado. El hombre que hace un año incitaba a asaltar supermercados para recordar que las familias pobres no pueden comprar en ellos ha sido abrasado por el altavoz mediático que él mismo levantó. Se recupera de la sobredosis de flashes en el pueblo del que es alcalde, Marinaleda. Este jueves por la mañana visita a las cuadrillas que comienzan a recoger la aceituna en un helado mes de noviembre en la sierra sur sevillana. Mientras los hombres varean un árbol, una máquina agarrada al tronco lo agita para facilitar que se desprendan las aceitunas. El árbol tiembla hasta emborronarse a la vista como si estuviera dentro de una televisión mal sintonizada. El trabajo es duro. Las aceitunas, proyectiles. Un hombre se acerca a Gordillo:

- Un chico se ha ido venga a sangrar del ojo porque algo se le ha metido dentro.

Tras supervisar la colecta, el alcalde se acerca por la almazara donde fabrican el aceite. Mira el embudo por donde deben pasar las aceitunas, atiborrado de hojas.

- Traen demasiado forraje, ¿no? –le pregunta al obrero que todos en el pueblo llaman El Bigotes.

El Bigotes suelta la vara con la que aplasta la masa vegetal y responde:

- Mucho. Dentro del molino la conversación con Manuel, el encargado, tampoco es tranquilizadora.

Ayer estuvo trabajando hasta las siete de la mañana pero hoy la máquina está parada porque los 70.000 kilos de aceitunas que son necesarias para activarla tardan en llegar. Las cuadrillas de recogida no están aún bien ajustadas.

- Tendremos que hacer una asamblea para arreglarlo –dice Gordillo resignado.

Asambleas. Así se resuelve todo en este pueblo de 2.600 habitantes, encarnación de la utopía del campo andaluz desde que en los ochenta consiguió que la Junta de Andalucía expropiara 1.200 hectáreas de tierra al duque del Infantado y se las cediera a jornaleros que hasta entonces vivían en un régimen casi feudal, sin más perspectiva que trabajar las tierras del aristócrata los meses que a este le conviniera. Ahora en Marinaleda todo requiere discusiones y una dedicación que puede consumir mucha energía.

En lo urbanístico el pueblo es poco más que una larga calle de casas bajas, cada una con un naranjo en la puerta en el que los vecinos cuelgan la bolsa de basura. Las visitas de los interesados en aplaudir o aprender del modelo de Gordillo se pueden trazar siguiendo las tapias del pueblo: grupos griegos, latinoamericanos, catalanes o asturianos firman murales de inspiración utópica. No hay hoteles, solo un vecino que alquila tres habitaciones, y el polideportivo acoge a los grupos numerosos. El conjunto es de una gran quietud a pesar de que a la entrada del municipio se encuentre el Palo Palo, una sala de conciertos que abre los fines de semana para que toquen grandes grupos del rock español. Antisistema de izquierdas, músicos y extranjeros que llegan llevando en la mano recortes de periódico: ellos son los curiosos bienvenidos.

Pero estos días las pintadas revolucionarias aparecen tachadas con espray negro. Hace unas noches recibieron la visita de un grupo de extrema derecha que dejó las paredes emborronadas de amenazas. Para unos lo más cercano a la utopía agraria, para otros un parque temático de la izquierda, Marinaleda ha vivido un año en el ojo del huracán: igual que se ha instituido en lugar de peregrinación, también se ha transformado en blanco de iras, escrutinios y ataques al papel que juegan las subvenciones públicas en su supervivencia.

Marinaleda vive ante la necesidad de justificar su existencia cada día. Entre conversaciones sobre la necesidad de reformar el modelo de ayudas agrícolas, Sánchez Gordillo (64 años) se va a almorzar a su casa arrastrando un aire meditabundo, casi comiéndose la barba. Pero cuando vuelve todo ha cambiado. Trae los ojos muy abiertos. “Ha salido por televisión que nos meten siete meses de cárcel. En 30 años de ocupaciones no nos había pasado nunca”. Se refiere a la condena del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se acaba de filtrar y que le incumbe a él y a tres hombres más, entre ellas Diego Cañamero, la otra cabeza reconocible del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), acusados de capitanear a 500 hombres en la ocupación de la finca militar Las Turquillas en 2012 para reclamar que se cediera al pueblo de Osuna. El alcalde, que además de sindicalista es también parlamentario autonómico por Izquierda Unida, lleva más de un millón de euros en multas que no sabe cómo pagará. Y sobre sus espaldas tiene pendientes varios procesos, como los de los supermercados el mismo 2012. Tras ellos, reporteros estadounidenses guardaron cola para entrevistarlo y un periodista inglés se instaló en Marinaleda para escribir un libro.

Ahora todo ha pasado y ha quedado el sabor a ceniza. El precio por su lucha está siendo alto para la vida de Gordillo. La condena de cárcel aparece como un nubarrón especialmente siniestro. Los antecedentes penales son una losa ante los juicios pendientes. “Yo he pasado por muchos calabozos y no me importa, pero una cárcel no está bien ni para cinco minutos”, lamenta el político. “He visitado todas las de Andalucía y sé lo que son: destrozapersonas”. Considera que los juzgados se equivocan ante un acto simbólico: “Están despistados con nosotros. No saben lo que somos: no queremos violencia. Yo no le he pegado ni le pegaría nunca a un policía”. Es fácil comprender la confusión.

El SAT es una construcción peculiar, sincrética, que aúna los ideales políticos de la izquierda radical con la tradición anarquista rural andaluza, el municipalismo y la resistencia civil de la contracultura estadounidense. Su brazo político es el Colectivo de Unidad de los Trabajadores (CUT), el partido de Gordillo y una fuerza desequilibrante dentro de Izquierda Unida en Andalucía. Las acciones del sindicato el último año hicieron la vía agraria atractiva para colectivos del 15 M y antisistema, que desde entonces han venido colaborando con el sindicato en proyectos como las corralas okupadas de Sevilla o la finca de Somonte (Córdoba), unos terrenos de la Junta de Andalucía en los que el SAT espera que se pueda replicar el modelo autogestionado de Marinaleda con un perfil de activista más moderno.

Esa parece la gran pregunta:¿por qué no se repite un modelo tan goloso en otros municipios? Delante de El Humoso, el antiguo cortijo de los duques, Gordillo se encoge de hombros de nuevo con aire melancólico. “Porque esto no es nada fácil. Conseguir los terrenos fue complicadísimo, y consolidarlo sigue siéndolo cada día, con zancadillas, malinterpretaciones y sinsabores”. En 1979 los trabajadores andaban todos los días ocho kilómetros entre los olivos y bajo el sol desde el pueblo al cortijo para manifestarse. Después de conseguir la tierra para ellos se encontraron con que la batalla acababa de empezar.

Se instituyeron en la cooperativa El Humoso y eligieron los cultivos para los que era necesaria más mano de obra, como la alcachofa, el pimiento y la aceituna. Todo lo que gana la cooperativa se reinvierte en crear más empleo. Ante la evidencia de que con el dinero que se paga en el mundo moderno por los productos del campo no tenían suficiente, en 1999 abrieron una fábrica de envasado de sus. Pero ser comunistas no les coloca fuera de la lógica del mercado. También ellos están encerrados en la carrera de abaratar costes continuamente para que la competencia no los aniquile. Han necesitado automatizar al máximo los procesos, y todo el recorte de personal que hacen por ese lado intentan solucionarlo abriendo nuevas vías de negocio. Ovejas, cultivos ecológicos… La cooperativa bracea por sobrevivir buscando recetas para resistir los precios bajos que fijan las grandes compañías.

Solo el 30% de lo que producen se comercializa con la marca El Humoso porque el proceso implica demasiados gastos; el otro 70% se lo venden a compañías que fabrican las propias marcas que los hombres del SAT sustraen de los supermercados. “Así es lo del capitalismo: haces el aceite y se lo tienes que vender a una multinacional”, reconoce Gordillo. Ahora el alcalde tiene el sueño de introducir cultivos como puerros y acelgas, crear una línea de frío y fabricar alimentos precocinados. “Queremos dar un salto y aumentar la parte de producción industrial, pero para eso necesitamos crédito, como todo el mundo, y los bancos no quieren oír del asunto porque prefieren darle el dinero a la Duquesa de Alba, que ofrece más garantías”. Banca ética, cooperativas de crédito, donaciones… Las salidas son estrechas. Y más cuando la crisis amenaza con tumbar muchos avances. En los últimos tiempos en la cooperativa han recibido muchos desesmpleados de la construcción. En las asambleas del pueblo se ha hablado tres veces de bajar los sueldos para seguir siendo competitivos.

El Ayuntamiento, con un presupuesto anual de unos tres millones, también sufre los recortes de aportaciones estatales y autonómicas. Sube la intensidad de las protestas de los críticos que acusan a Marinaleda de ser la niña mimada de la Junta, que le permite todos sus desmanes por el halo romántico que envuelve la historia de los jornaleros irredentos. Es innegable que una parte fundamental de los ingresos de los vecinos proceden de los subsidios del Plan Fomento de Empleo Rural (antiguo PER) en una situación que comparten con gran parte de la Andalucía rural. Con la diferencia de que en esos otros pueblos no se vende que viven una situación de pleno empleo.

Las peculiaridades del pueblo son innumerables. Con excepción de los que tiene negocios privados o los que trabajan sus propias tierras, todos los habitantes tienen el mismo salario (1.200 euros por seis horas y medias de trabajo al día seis jornadas a la semana) independientemente de que sean profesores de instituto o campesinos en la cooperativa, que emplea al 50% de la población. No tiene policía local; y solo cinco administrativos, el interventor y el secretario cobran por el trabajo en el ayuntamiento. Los servicios como la guardería o la piscina son prácticamente gratuitos. Un grupo de cultivo ecológico provee de comida al comedor infantil. Y luego están las casas: 150 viviendas del pueblo han sido levantadas por los vecinos apoyándose en un plan de subvenciones de la Junta, que paga los materiales de construcción si los vecinos se toman los dos años necesarios del grueso del trabajo.

Ese proyecto estrella de vivienda, como explica el Ayuntamiento, podría realizarse en cualquier pueblo con habitantes con tiempo libre; el problema es poner a los vecinos de acuerdo. Y de eso tienen experiencia en Marinaleda. En el campo estos días con la aceituna hay unos 200 empleados. Los hombres del CUT los distribuyen en asamblea según criterios poco claros. Mientras, en la fábrica trabajan dos turnos de 50 personas al día. La mayoría son mujeres que, rodeadas de palés con latas de pimientos, limpian y envasan las alcachofas de una pequeña línea de producción, tan limpia y comprensible que parece de juguete. Fuera de los días de asamblea, cuando se decide todo (de los presupuestos a las fiestas) la vida del pueblo no aparece tan politizada como sería de prever.

Algunos vecinos críticos se lamentan porque no haya chicos que quieran ir a la universidad ante la certeza de que tienen la vida resuelta si trabajan para la cooperativa. Pasa en todos los pueblos, reconocen, pero allí con una intensidad que algunos creen que puede estar hipotecando su futuro. Son debates que se mantienen en voz baja. Sobre la forzada pureza ideológica de Marinaleda se ha hablado mucho, sobre todo a partir de unos detalles fácilmente corroborables: una televisión local (ahora cerrada) con desconexiones a canales chavistas y cubanos, los Domingos rojos de trabajo voluntario que sirven para cimentar la moral colectiva... Por eso sorprende entrar en un bar y ver sobre la barra un diario de línea editorial orgullosamente de derechas, o encontrar en casa de un vecino la misma imaginería religiosa que se puede ver en cualquier pueblo andaluz. El propio Gordillo reconoce que en los últimos años han ido llegando inmigrantes a los que se les ha dado trabajo “sin pedirles un carné político, porque hay que ser realistas”.

Sin embargo, Mariano Pradas, portavoz del PSOE, avisa de lo peligroso de creer que en el pueblo se permite la disensión. Pradas, nacido en Marinaleda, trabajador nocturno del servicio de recogida de basura de Estepa, insiste mucho en que es un hombre de izquierdas. “Y me parecen fatal todos los recortes de libertades que persigue Rajoy. Creo que hay que luchar contra ellos”, enfatiza. Es sindicalista y asegura que vota a favor de la mayoría de reivindicaciones que Gordillo lleva al pleno municipal porque está de acuerdo en pedir mejoras para el pueblo. Aun así, no hay sesión en la que el público no termine gritándole fascista. “Porque ese es el problema: aquí no hay negociación ni hay espacio para la mínima crítica. O estás de acuerdo en lo que dice él y como lo dice él, o eres un fascista y no tienes derecho a la palabra ni a ver los papeles del Ayuntamiento”, cuenta en un bar del pueblo.

La fórmula de que el problema del asunto está en las formas y no en el fondo se queda corto en este caso, asegura Pradas: “Es la concepción misma de lo que significa lo público. Yo creo que las cosas tienen que ser de todos, incluso de los que no están de acuerdo contigo. Hay veces que yo querría apoyar mociones y que no puedo porque están escritas ‘contra los fascistas que han hecho no sé qué”. El socialista denuncia la patrimonialización de los recursos comunes en la que ha incurrido Gordillo: “Él reparte el poco trabajo que hay beneficiando a los que le siguen en las manifestaciones. Si no estás de acuerdo con él, solo te llaman para campañas en las que hace falta mucha mano de obra”. El sistema de plenos del pueblo es, desde luego, peculiar.

Durante unos años probaron a que las decisiones municipales se tomaran en asamblea abierta, pero la Administración tumbaba por ilegales cada una de las actas que le llegaban. Por eso, desde hace años, antes de cada pleno los ciudadanos votan a mano alzada qué esperan que los diputados de IU amonesten (son nueve sobre un total de once), y estos luego cumplen el mandato. Es solo cuando todo está consensuado que entran a la sala los miembros de la oposición. “La gente ya está caliente contra nosotros”, se lamenta Pradas, “y hay veces que no podemos ni hablar”. El PSOE no tiene sede municipal, pero al PP le falta hasta el candidato. Solo algún político sevillano se presenta simbólicamente sin haber pisado nunca el pueblo.

José Antonio Borrego, que fue elegido en 1999 el único concejal popular de la historia de Marinaleda, está domiciliado allí pero trabaja en Sevilla de administrativo. “Solo viene los fines de semana, y no todos”, explica una mujer que abre la puerta de su casa. Varios vecinos coinciden en que los cuatro años de actividad política de Borrego -al que Gordillo, profesor de Historia, dio clases en el instituto del pueblo- fueron una pesadilla para él. Marinaleda es una lucha, y en la lucha Sánchez Gordillo y sus partidarios no entienden de sacrificios ni de prisioneros o concilios. Solo aceptan los colores puros: el rojo, blanco y verde de su bandera. Sin matices. Por eso y porque se enfrenta a la forma en las que se hacen las cosas en el resto del universo, para bien y para mal el proyecto de Marinaleda es un fruto delicado que requiere de continuos cuidados. Mientras, tras las pintadas y los gritos, continúa viviendo un pueblo humilde, de jornaleros orgullosos de serlo que en las noches más frías del año calientan sus salones con estufas alimentadas con ramas de olivo.