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CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

Tres años de cárcel para un exalcalde del PP en Valladolid

José Manuel Méndez, exregidor de Arroyo de la Encomienda, ha sido condenado por cohecho y prevaricación

La Audiencia de Valladolid ha hecho pública la sentencia que condena a José Manuel Méndez, alcalde independiente de Arroyo de la Encomienda, a tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, así como a pagar una multa de 132.000 euros. La pena de prisión es por un delito de cohecho, mientras que la sanción económica es por prevaricar.

Los delitos, englobados en el caso Arroyo, fueron cometidos durante el mandato de Méndez como alcalde del Partido Popular, del que fue expulsado poco antes de acabar la legislatura 2003-2007 tras su imputación. Los hechos empezaron a investigarse en 2006 y constituyen una gran trama de corrupción urbanística que terminó con la imputación de otras cinco personas más, una de ellas el exconcejal del Ayuntamiento de Valladolid y exportavoz del PP en la Diputación, Jesús García Galván, que ha sido absuelto de cohecho por haber prescrito el delito del que se le acusaba. Se da la circunstancia de que Galván era entonces delegado territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, a quien, según la sentencia, “correspondía el control de la legalidad [urbanística] de los municipios menores de 20.000 habitantes”, entre los que se encontraba esta localidad.

Arroyo de la Encomienda es una ciudad dormitorio a escasos kilómetros de la capital con una población superior a los 15.000 habitantes, que la sitúan entre las más grandes de la provincia. Durante el mandato de Méndez, desembarcó en el municipio la constructora Mahía, a la que algunos imputados pidieron diversos favores a cambio de licencias. Así, por ejemplo, Méndez recibió 30 millones de pesetas en 2001 en concepto de “préstamo”, que según la sentencia “en realidad fue un regalo, pues no consta fuera devuelto a Mahía ni reclamado por dicha sociedad”. En años sucesivos le fueron otorgados otros créditos que tampoco fueron devueltos, a cambio de “favorecer los intereses urbanísticos de Mahía en el municipio de Arroyo de la Encomienda”. Se da la circunstancia de que buena parte de la defensa del todavía alcalde arroyano fue dirigida por el exjuez Javier Gómez de Liaño, que abandonó la misma para hacerse cargo de los asuntos penales de Luis Bárcenas.

En cuanto a García Galván, la sentencia da por probado que la constructora le entregó un chalé de 196 metros en el municipio coruñés de Mugardos, sin que conste que dicho inmueble fuera pagado ni reclamado su importe por la empresa. El exalto cargo de la Junta ha salido libre del delito de cohecho por haber prescrito el mismo.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Supremo, se condena también a cárcel e inhabilitación a Ramón López Casal, presidente de la constructora, y a Buenaventura Conde, arquitecto municipal, a siete años de inhabilitación por prevaricación.

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