Los nuevos vocales del CGPJ hacen un alegato de su independencia

Lo contrario hubiera sido extraño y a nadie ha sorprendido la profesión de fe de independencia que han ofrecido los futuros vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), designados por los partidos políticos, con la excepción de UPyD que ha sido excluido del reparto. Entre los ocho designados, la Comisión de Nombramientos del Congreso ha declarado la idoneidad de cuatro de ellos. La próxima semana el Senado interrogará a los otros cuatro. Los grupos políticos les han formulado distintas preguntas sobre sus planes para el órgano de gobierno de los jueces. Todas las respuestas han sido muy profesionales y todos ellos se han declarado libres para actuar sin ninguna atadura respecto a quienes les han propuesto. La diputada de UPyD Irene Lozano les ha declarado “no idóneos” al augurar su “servilismo” a los partidos, y ha abandonado la comisión.

Han pasado por la Comisión de Nombramientos del Congreso Nuria Díaz Abad, propuesta por el PP; Álvaro Cuesta por el PSOE; Concepción Sáez Rodríguez, por Izquierda Unida y Enrique Lucas, a instancias del PNV. La próxima semana serán examinados Vicente Gilarte y María Ángeles Carmona por el PP; Pilar Sepúlveda por el PSOE y Mercé Pigem, a propuesta de CiU. Tras esos nombramientos, el pleno del Congreso tendrá que votar a otros doce entre jueces y magistrados que saldrán de una lista presentada a las Cámaras por el Consejo General del Poder Judicial, formada por las propuestas de las asociaciones de los jueces. No obstante, la propuesta saldrá igualmente de los partidos que elegirán a doce: siete el PP y cinco el PSOE.

Este sistema de elección por el Parlamento, que se mantiene a pesar de que el PP se comprometió a cambiarlo para dejarlo en manos de los profesionales de la Justicia, ha sido defendido con firmeza y naturalidad por los portavoces que este viernes han examinado a los designados. Todos los poderes emanan del pueblo, también el Poder Judicial, y la soberanía del pueblo reside en el Parlamento, ha recordado el portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarrubia. José Miguel Castillo, portavoz del PP; Emilio Olabarría, del PNV, Gaspar Llamazares de Izquierda Plural y Montserrat Surroca de CiU, se han mantenido en la misma línea al preguntar a los examinandos por su curriculum y sus intenciones.

La preparación técnica y jurídica de todos ellos ha resultado indudable para los portavoces, así como la cierta humildad de la que todos han hecho gala al exponer sus nutridos historiales profesionales y académicos. Álvaro Cuesta, ahora abogado en ejercicio y durante muchos años diputado por el PSOE, siempre relacionado con la Justicia, es junto a Merce Pigem, de CiU, que era parlamentaria en esta legislatura, los dos únicos casos de políticos elegidos. Nadie les ha puesto objeciones y el primero ha asegurado que su condición de militante socialista no le va a condicionar para ejercer con independencia su trabajo. Pigem será examinada en el Senado.

Cuando llegue la votación al pleno del Congreso y del Senado la unanimidad se repetirá con la excepción de UPyD que niega la capacidad de independencia de los designados por la forma en la que han sido elegidos. Así lo ha manifestado Irene Lozano al empezar la sesión, y cuando se iba a examinar a Nuria Díaz Abad, propuesta por el PP. “Este reparto de la tarta de la justicia significa constituir un órgano servil a los partidos”, ha dicho Lozano que ha declarado “no idóneos” a los juristas que han pasado por la comisión.

Dicho lo cual ha abandonado la sala para no participar “en esta pantomima”. Todos los portavoces utilizaron un breve turno para defender a sus patrocinados en conjunto, sin mostrar preferencia por el propio y negar que tuvieran la menor intención de influir en su labor. Esa profesión de independencia la mostraron sin el menor titubeo los suplentes, también examinados, María Pilar Jiménez Bados; Silvia Barona Vilar y Luis Martín Contreras. La toma de posesión se producirá cuando sean aprobados por el pleno de las Cámaras y puedan jurar o prometer la Constitución ante el Rey Juan Carlos cuando la recuperación por su intervención quirúrgica lo permita.