PSOE e IU piden que Morenés explique la orden sobre radicales en el Ejército
El ministro alega que el documento es reservado para eludir comentarlo. La asociación mayoritaria de militares, preocupada por un procedimiento opaco que “afecta a derechos fundamentales”
El Grupo Socialista e Izquierda Plural pidieron este martes que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, acuda al Congreso para explicar el documento reservado del Estado Mayor del Ejército de Tierra, difundido por EL PAÍS, que ordena la adopción de medidas contra los militares sospechosos de “radicalismo ideológico, religioso o delictivo”. El oficio, fechado el pasado 24 de octubre, asegura que “la conducta de estos individuos constituye una debilidad para la institución y puede llegar a suponer una amenaza a la seguridad”.
Diego López Garrido, del PSOE, se mostró convencido de que Morenés dará las explicaciones reclamadas, ya que el escrito “alude a hechos preocupantes y suscita interrogantes que deben ser aclarados para tranquilizar a la opinión pública”. El portavoz socialista no quiso pronunciarse sobre el contenido del documento, que ha pedido formalmente, hasta recibir las explicaciones solicitadas. “El ministro contará con nuestro apoyo si se trata de medidas razonables y acordes con la legalidad”, concluyó.
Menos confiado se mostró el portavoz de Izquierda Plural, José Luis Centella, quien pidió a Morenés que aclare “qué entiende por radicalismo ideológico”, Centella expresó su temor a que se desate una “caza de brujas” en el seno de las Fuerzas Armadas y se llegue a tachar de radicales a “demócratas que están en las instituciones”. Tras subrayar que la existencia de esta nota demuestra que han fallado los controles de quienes ingresan en filas, recordó que los militares son titulares de derechos fundamentales. Además de pedir la comparecencia de Morenés, Izquierda Pural exigirá que se retire una circular que es “claramente inconstitucional”.
Irene Lozano, de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), reconoció que “puede haber restricciones legítimas a los derechos de los militares”, pero advirtió de que “cualquier fórmula debe respetar la Constitución y no incurrir en arbitrariedad”.
Por su parte, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), mayoritaria en las Fuerzas Armadas, expresó su “preocupación” por la “opacidad de un procedimiento que no garantiza un trato igualitario y que utiliza conceptos jurídicos indeterminados y de complicada aplicación, como el de radicalismo”. En su opinión, las medidas adoptadas por el Estado Mayor del Ejército “afectan a derechos fundamentales, como la libertad ideológica y religiosa o el libre acceso a los empleos públicos”. Para la AUME, no cabe legalmente “que las unidades puedan analizar, seguir o vigilar la vida de sus miembros en función de meras sospechas”, ni que se tomen medidas discriminatorias sin que el afectado pueda defenderse. “El Ejército tiene mecanismos para depurar responsabilidades disciplinarias y penales, pero siempre en un procedimiento con garantías”, agregó. Actualmente, con la no renovación de contrato, los militares pueden perder su empleo sin saber el motivo. “Todo lo que cabe en la Constitución cabe en las Fuerzas Armadas”, concluyó.
Morenés, que participó este martes en Bruselas en una reunión de ministros de Defensa de la UE, se negó a comentar las medidas adoptadas por el Ejército de Tierra para atajar el radicalismo, alegando que “con los documentos reservados y confidenciales prefiero no entrar en comentarios”, tras subrayar que “hay que ser muy respetuosos con aquellos documentos que tienen la consideración de reservados”. Por su parte, un portavoz del Ejército de Tierra confirmó a Efe que se ha abierto una investigación sobre la filtración del documento, pero eludió comentar su contenido.
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