Solicitada la imputación de cuatro españoles por los vuelos de la CIA

La acción popular en el caso de los vuelos de la CIA se ha opuesto al archivo provisional de la causa propuesto por el fiscal Vicente González Mota, asegura que la instrucción no está agotada y pide la imputación de cuatro funcionarios de Defensa y Exteriores por su supuesta participación en la perpetración de los delitos de detención ilegal y torturas, según el escrito de alegaciones presentado al juez Ismael Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional. La fiscalía ha solicitado el archivo provisional al no acreditar la identidad de los 13 agentes secretos de la CIA que en enero de 2004 hicieron escala en Palma de Mallorca en un avión civil en el que permaneció secuestrado Jaled el Masri, un ciudadano alemán de origen libanés, que posteriormente fue traslado a una cárcel de Kabul (Afganistán) donde sufrió toda clase de torturas hasta su liberación cuando se comprobó que nada tenía que ver con Al Qaeda.

Los presuntos espías exhibieron pasaportes falsos y telefonearon desde el hotel Marriot Son Antem a sus familias a direcciones próximas al cuartel general de la CIA en Langley, en el estado norteamericano de Virgina. La fiscalía asegura que en España no se practicaron detenciones ni torturas por parte de agentes extranjeros a personas sospechosas de participar en actividades terroristas, pero insiste que se arreste a los 13 espías que hicieron escala en Palma de Mallorca si en el futuro se les localiza.

La Asociación Libre de Abogados, Izquierda Unida y la Asociación pro Derechos Humanos de España, que ejercen la acción popular, afirma que hay diligencias de prueba pendientes de cumplimentar entre las que destaca el supuesto incumplimiento de Interpol en la identificación de la identidad de los 13 agentes de la CIA que recalaron en Palma de Mallorca y la declaración testifical de Sthepen Grey en el Reino Unido acordadas por el Juzgado. Asimismo asegura que en la causa obran cuatro comunicaciones oficiales “que pondrían de manifiesto el conocimiento y la participación en los hechos criminales investigados de distintos funcionarios” españoles.

Se trata de Miguel Aguirre de Cárcer, entonces director general de Política exterior para América del Norte y Seguridad y Desarme; Javier Jiménez-Ugarte, secretario general de Política de Defensa del Ministerio de Defensa; Miguel Nadal Segalá, Secretario de estado de Política exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores; y Ramón Gil-Casares Satrústegui, director del gabinete de Política Exterior de Presidencia.

Aguirre de Cárcer elaboró un informe fechado el 10 de enero de 2002 en el que relata “que el consejero político-militar de la Embajada de EE UU en Madrid ha solicitado verme con urgencia (…) para llevar a cabo la siguiente gestión: Los EE UU van a iniciar muy próximamente vuelos para trasladar prisioneros talibanes y de Al Qaida desde Afganistán hasta la base de Guantánamo, en Cuba.. El Gobierno de EE UU quisiera disponer de autorización del Gobierno español para utilizar algún aeropuerto español de nuestro país..” “He señalado que sería preferible, en todo caso, utilizar aeropuertos civiles..”

La acción popular destaca que en otro documento con membrete del Comité Permanente Hispano-norteamericano Sección española, de fecha 11 de enero del mismo año, se indica “que el aeropuerto más discreto es de la Base de Morón y alternativo Rota” y añade: “considero que debe tenerse en cuenta la posibilidad de que alguna de las personas transportadas tengan nacionalidad europea y sopesar consecuencias legales”. Está comunicación sugiere utilizar un aeropuerto más discreto. Del análisis de las cartas e informes emitidos por estos funcionarios los letrados de la acción popular concluyen que “ha existido cooperación para la realización de tales delitos en nuestro territorio al menos por los siguientes funcionarios públicos dado que se reunieron, discutieron el asunto y adoptaron la decisión de poner instalaciones aeroportuarias españolas a disposición de quienes estaban cometiendo dichos delitos de detenciones ilegales y torturas, decisión que adoptaron conscientemente conocedores de su ilegalidad”. Las citadas misivas acreditan que tanto Piqué, ministro de Exteriores de la época, como Federico Trillo, ministro de Defensa, estuvieron al tanto de la autorización de los citados vuelos en los que se trasladaron a Guantánamo a presos detenidos ilegalmente.

El escrito presentado al juzgado por los letrados Enrique Santiago Romero, José Luis Galán, Manuel Ollé y Endika Zulueta, pide al juez se practiquen numerosas pruebas para identificar a los 13 espías de la CIA, entre ellas que se tome declaración al ex presidente de la Agencia Central de Inteligencia, George Tenet. Asimismo solicitan que testifique Trillo, hoy embajador de España en Londres.