"Los españoles no ponen reparos a los vuelos secretos"

El escándalo de los vuelos de la CIA -el tránsito clandestino por aeropuertos europeos, de sospechosos de terrorismo capturados ilegalmente y torturados en centros de detención secretos- sorprendió en 2005 al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y a la Embajada de EE UU en Madrid, pero ambos coincidieron en un objetivo común: minimizar su impacto en la opinión pública y evitar que la investigación judicial que se abrió en España complicase las ya delicadas relaciones entre el inquilino de la Moncloa y el de la Casa Blanca, que entonces todavía era George W. Bush. Así se deduce de los cables confidenciales enviados a Washington por la representación diplomática estadounidense en España entre 2006 y 2008.

De la Vega pidió a EE UU información para que no cogieran al Gobierno desprevenido

Rubalcaba recordó la "rabiosa independencia" judicial y prohibió a su equipo encender el tema

"No sabemos qué pasó por las bases de Morón y Rota durante las guerras de Afganistán e Irak"

El 8 de junio de 2006, solo 24 horas después de que el Consejo de Europa difundiera un demoledor informe en el que acusaba de complicidad en prácticas contrarias a los derechos humanos a una docena de gobiernos europeos, la entonces vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se reunió con el embajador en España, Eduardo Aguirre. "La vicepresidenta de la Vega dijo que la inclusión de España en el informe del Consejo de Europa había cogido al Gobierno Zapatero totalmente fuera de juego e insistió en que España no tenía nada que ocultar en este asunto", señala un documento fechado el 9 de junio.

De la Vega añadió, según la Embajada de EE UU, que el Gobierno estaba preparado para afrontar el escándalo "pero querría estar seguro de que tenía toda la información disponible para evitar ser pillado desprevenido. El embajador", continúa el texto, "le hizo notar que también nosotros estamos interesados en preservar nuestra credibilidad y seremos cuidadosos en compartir cualquier información que tengamos para evitar toda actividad que pudiera causar problemas a las autoridades españolas".

El informe del Consejo de Europa

En el informe del Consejo de Europa, coordinado por el suizo Dick Marty, se acusaba a España de "permitir o dejar de investigar" el uso del aeropuerto de Palma de Mallorca como centro de tránsito de detenidos ilegales. "De la Vega subrayó", prosigue el cable confidencial, "que España no tiene reparos a los vuelos de inteligencia [de la CIA y otras agencias] a través del territorio español; ellos simplemente quieren ser informados y, si fuera necesario, poder demostrar que ejercían una vigilancia apropiada sobre los aviones extranjeros que atraviesan España".

La conversación con Fernández de la Vega no fue la primera que mantuvieron las autoridades españolas con las estadounidenses a propósito de los vuelos de la CIA. En la reunión con la vicepresidenta, el embajador Aguirre relató que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, le había avisado "recientemente" de que la Audiencia Nacional había admitido a trámite la demanda de un grupo de abogados de Mallorca. "Moratinos indicó que el Gobierno español quería dar a este asunto el perfil más bajo posible, aunque, al estar en manos de los jueces, el Gobierno tenía una limitada capacidad de influencia", se lee en el mismo documento.

"De la Vega dijo que estaba al tanto de la comunicación de Moratinos y se mostró convencida de que el Gobierno de Zapatero tendría pocas dificultades en manejar este asunto", apostilla.

La decisión de poner sordina al proceso judicial por los vuelos de la CIA contaría, según la versión de la embajada de Estados Unidos en Madrid, con la colaboración del fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota, a quien los estadounidenses presumen de conocer bien, dada su condición de enlace principal con el grupo de trabajo bilateral de expertos en contraterrorismo. "Nosotros lo consideramos un comprometido y servicial colega y pronosticamos que será sensible a la preferencia del Gobierno español de que este caso no prospere", escribe el 28 de diciembre de 2006 el consejero político de EE UU en Madrid, Hugo Llorens. Advierte, no obstante, que, como pudo comprobar en casos anteriores, los jueces españoles defienden su independencia con ferocidad y, "si el juez Moreno llegara a determinar que hay evidencias suficientes de delito y que sus autores pueden ser identificados, llevaría el caso a juicio".

Sin novedad sobre los vuelos de la CIA

En enero de 2007, el fiscal Vicente González anunció al asesor legal de la Embajada de EE UU que no intentaría bloquear la iniciativa del juez Moreno de pedir la desclasificación de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Ministerio de Defensa sobre los vuelos de la CIA. La razón de tal proceder no radicaría en que hubiera cambiado de criterio, sino en su conocimiento de que "estos informes no contienen ningún elemento incriminatorio ni ninguna información sensible", explica una nota de la Embajada. "El fiscal dijo que la difusión de la escasa información que contengan [estos documentos] no hará ningún daño y que el Gobierno español no buscará información adicional del Gobierno de EE UU en relación a este caso". Tal como anticipó el fiscal, los informes secretos desclasificados por el Consejo de Ministros el 9 de febrero no aportaron novedad alguna al caso.

Consciente de ello, el embajador escribió, en un cable confidencial remitido el 1 de febrero de 2007 a la Secretaría de Estado en Washington: "Estamos menos preocupados por la importancia inmediata de cualquier información desclasificada del CNI o del Ministerio de Defensa que por la aparente coordinación entre el juez español y los fiscales alemanes". En efecto, la fiscalía alemana utilizó los informes de la Guardia Civil -que incluían la identidad bajo la cual se registraron los 13 ocupantes de un vuelo de la CIA que hizo escala en Mallorca camino de Macedonia el 22 de enero de 2004- para dictar su orden de detención como presuntos autores del secuestro del ciudadano alemán de origen libanés Khaled El Masri, que pasó cinco meses en una cárcel clandestina en Afganistán. "Esta coordinación entre investigadores independientes complicará nuestros esfuerzos para manejar el caso discretamente entre gobiernos", advierte Aguirre con preocupación.

El hecho de que el principal partido de la oposición, el PP, sintonizara con la Administración Bush no suponía, en su opinión, ninguna garantía. "Pese a su orientación general proamericana, nuestra experiencia sugiere que el PP no dudará en capitalizar cualquier indicación de que el Gobierno Zapatero toleró o deliberadamente ignoró acciones de EE UU que pudieran ser interpretadas como posibles violaciones de los derechos humanos, incluso si estas revelaciones tienen consecuencias negativas para el Gobierno de EE UU".

Instrucciones de Rubalcaba

El 7 de marzo de 2007, durante un almuerzo con el embajador Eduardo Aguirre, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, intentó tranquilizarle explicándole que "aunque los jueces españoles son rabiosamente celosos de su independencia y harán lo que consideren adecuado", él había dado instrucciones a sus colaboradores "para que evitasen comentarios de inflamada retórica, en un intento por rebajar la temperatura" de este caso y del relativo a la muerte del cámara de Tele 5 José Couso durante la invasión de Bagdad por las tropas de EE UU, según reflejó el embajador en un informe confidencial.

La investigación de los vuelos de la CIA, que languidecía en la Audiencia Nacional, había resurgido con fuerza en la prensa en diciembre de 2006, cuando al uso de aeropuertos civiles por jets fletados por la agencia de espionaje se sumó la denuncia de que aviones de la Fuerza Aérea de EE UU hicieron escala en las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) transportando prisioneros al penal ilegal levantado por la Administración Bush en Guantánamo.

El 13 de febrero de 2007, el número dos de la Embajada, Hugo Llorens, se reunió con el secretario de Estado de Defensa español, Francisco Pardo, para asegurarle que "los vuelos militares que pasaron por España en ruta hacia Guantánamo no violaron ninguna ley española, que se trataba de vuelos rutinarios y que EE UU siempre siguió los procedimientos prescritos por el convenio bilateral de defensa". Pardo contestó que el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, había sido "proactivo explicando a la prensa que ninguna ley española había sido violada, para atajar posteriores especulaciones". El asunto era muy delicado porque el convenio bilateral prohibía expresamente el tránsito por territorio español de material o pasajeros que pudieran ser "controvertidos" para España y porque el Ministerio de Defensa renunció a inspeccionar los aviones militares de EE UU que hacen escala en las bases.

Pero los vuelos eran cualquier cosa menos rutinarios. El 30 de noviembre de 2008, EL PAÍS publicó una serie de documentos secretos del Ministerio español de Asuntos Exteriores en los que se demostraba que el Gobierno de José María Aznar autorizó en enero 2002, recién concluida la invasión de Afganistán, la escala en España de aviones militares de EE UU "con prisioneros talibanes y de Al Qaeda" camino de Guantánamo. Pocos días después de publicarse esta noticia, el 4 de diciembre, Arnold Chacon, consejero político de la embajada, elaboró una nota en la que advertía de que este caso podría poner en riesgo el apoyo a la renovación del convenio bilateral de defensa, prevista para febrero de 2011, y la propia presencia de tropas de EE UU en España. El secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta, le explicó que su departamento estaba cumpliendo con todos los requerimientos del juez, pero que "esperaba que el caso fuera finalmente archivado y olvidado". Aunque subrayó que el Gobierno no dudaba de que EE UU había cumplido escrupulosamente el convenio bilateral le recordó, por si acaso, que las autorizaciones concedidas no permitían hacer escala a aviones con prisioneros camino de Guantánamo.

"Mientras menos digamos, mejor"

La mayor preocupación de la embajada era cómo abordar este asunto con la prensa española. "En general, mientras menos digamos, mejor. El Departamento de Estado nos ha advertido en el pasado que prefiere que no digamos nada en absoluto, por temor a remover el asunto. Naturalmente, no contestamos preguntas sobre actividades de las agencias de inteligencia, así que en cualquier conversación corremos el riesgo de aparecer menos que transparentes y eso parece confirmar las peores insinuaciones de los medios de comunicación. Cuando abordemos públicamente el tema, nuestro mantra es que no hemos violado las leyes españolas ni el convenio bilateral".

La embajada tenía una idea muy clara sobre la versión que debía mantener ante los periodistas, pero mucho menos sobre lo que en realidad pasó por las bases de Morón y Rota. "Nuestra habilidad para echar abajo esta historia se ve limitada por el hecho de que nosotros mismos no sabemos, realmente, qué puede haber sucedido cinco o seis años atrás mientras las batallas en Afganistán e Irak empezaban a producir un gran número de detenidos entre terroristas potencialmente peligrosos y combatientes irregulares", admite Chacon en su nota.

La embajada nunca facilitó al Gobierno la información relevante que Aguirre prometió a Fernández de la Vega en junio de 2006; una información que, por otra parte, nunca fue formalmente requerida por las autoridades españolas. Su táctica fue confiar en que el proceso judicial llegara a un punto muerto y la opinión pública se cansara del caso. "Descartada una declaración categórica del Gobierno de EE UU de que no pasaron detenidos por España, lo que podría ser indeseable desde el punto de vista político incluso si fuera cierto, solo el tiempo hará que este asunto se olvide".

Por ahora, no lo ha logrado. En mayo pasado, para sorpresa de la embajada de EE UU, el fiscal de la Audiencia Nacional, siguiendo el ejemplo de su colega alemán, pidió la detención de los 13 ocupantes del avión implicado en el secuestro de El Masri. Les acusa de utilizar documentación falsa. Los verdaderos nombres de estos agentes los tiene en su poder Reprieve, una ONG británica defensora de los derechos humanos. El juez Moreno ya se los ha pedido.

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