Resistencia Galega compra pistolas

Todo lo que tiene que ver con Resistencia Galega (RG), el grupo terrorista que ha perpetrado 38 ataques con bomba sin víctimas desde 2005 en Galicia, tiende a crecer. Crece la potencia de sus artefactos: las tres bombas que ha colocado este año han multiplicado su potencia y su poder destructivo. Aumentan las condenas contra sus miembros: dos de ellos han sido penados a 18 años, al aplicarles por primera vez la Audiencia Nacional delitos de terrorismo. Se agranda su imagen: el que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha puesto a RG entre sus prioridades y el delegado del Gobierno, Samuel Juárez, ha equiparado a esta banda con ETA. Y, sobre todo, se disparan las sospechas policiales: los servicios antiterroristas aseguran que su líder, Antón García Martos, Tonino, ha logrado adquirir varias pistolas en Portugal. Quienes siguen los pasos de RG aseguran que nunca han mostrado intención de matar. Entonces, ¿para qué quieren esas pistolas?

El crecimiento de RG, además, ha ido en paralelo con un movimiento del PP en Galicia para condenar sus acciones (presentó mociones en los 314 ayuntamientos de la región condenando al grupo terrorista) y para mostrarlo como próximo al BNG, AEG (ambos partidos en el Parlamento gallego) y a los grupos de izquierda extraparlamentarios.

Pero lo cierto es que la banda ha aumentado su poder destructivo. La bomba (una olla a presión temporizada) atribuida a RG que estalló a las cuatro de la madrugada del pasado 7 de octubre en el Ayuntamiento de Beade (Ourense) —cuyo regidor, Senén Pousa (PP), se declara franquista—, destrozó el interior de la Casa Consistorial y afectó a inmuebles colindantes. "Hasta ahora no han causado víctimas y no creemos que por ahora tengan intención de matar, pero una bomba de esas se les puede ir de las manos, y eso es un peligro", afirma un veterano de la lucha antiterrorista.

Se les puede escapar de su control una bomba de esas o como las que colocaron el 10 de marzo o el 13 de agosto últimos contra sendas sucursales de Nova Galicia banco en Beade (precisamente) y O Rosal (Pontevedra), respectivamente, que también causaron grandes destrozos. Tres bombas que fueron incautadas en Ames (A Coruña) en enero habían aumentado su grado de sofisticación y su potencia.

El incremento "cuantitativo y cualitativo de los atentados" ha llevado a la Comisaría General de Información a crear una sección dedicada exclusivamente a RG. Los agentes afirman que el grupo tiene "un funcionamiento elemental pero efectivo". Por un lado, se le atribuye una estructura ilegal que se ocuparía de la dirección ideológica, operativa y estratégica, y otra legal —formada por personas con vida normalizada—, a la que se atribuye una afinidad al atomizado entramado del Movimento de Libertaçom Nacional Galego, que supuestamente da apoyo, dinero y cobertura.

La estructura ilegal está dirigida operativa e ideológicamente, siempre según la policía, por Antón García, exdirigente del extinto Exército Guerilleiro do Pobo Galego Ceive (EGPGC, Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego Libre), y uno de los fundadores de Asamblea de Mocidade Independentista (AMI). Su mano derecha es María Asunción Losada Camba. Los son viven en la clandestinidad desde hace años y sobre ellos pesan sendas órdenes de detención europeas. El núcleo operativo lo componen entre ocho y 12 personas más, que, según la policía, han extremado en los últimos meses (tras los últimos golpes policiales y condenas) sus medidas de autoprotección.

Los investigadores atribuyen a la banda 35 atentados, pero solo ha reivindicado ocho

La policía se ha puesto en alerta tras recibir informaciones de que este grupo operativo habría conseguido comprar ilegalmente en Portugal media docena de pistolas. Si nunca han mostrado intención de causar víctimas en sus atentados, ¿para qué quieren estas armas?, se preguntan los investigadores. Esta inquietante información les ha hecho recordar qué pasó con el EGPGC: no parecía que quisiera matar pero asesinó a tiros a un guardia civil en febrero de 1989, en lrixoa (A Coruña), lo que causó una crisis interna, y una bomba contra una discoteca de Santiago de Compostela se les fue de las manos, mató a tres personas (dos de ellos terroristas) y provocó heridas a otras 49 el 12 de octubre de 1990. "Intenta imitar a ETA en muchos aspectos", sostienen fuentes policiales, que, no obstante, subrayan su menor apoyo social. La sentencia contra cuatro miembros de RG del pasado 12 de septiembre calca argumentos de los fallos contra ETA para condenarlos por actos terroristas. Los alegatos de los cuatro de que eran pacifistas y demócratas y de que RG no existe no convencieron al tribunal.

Antón García representa la continuidad en el independentismo violento gallego tras la desarticulación EGPGC. Esta banda extinta y RG comparten "objetivos, doctrinas, estrategias y militantes", se lee en los informes policiales. De hecho, la policía estima que es el resultado "de la evolución del movimiento independentista radical y violento en Galicia durante los últimos 40 años".

Resistencia Galega, en realidad, no nació como un grupo terrorista. Surgió como un documento, el llamado Manifiesto pola Resistencia Galega, divulgado en Internet el 20 de julio de 2005, que fue seguido de un segundo manifiesto, de octubre de 2011, en el que se justificaba el uso de la violencia para lograr la independencia y otros objetivos de Galicia. De los 38 atentados que se le atribuyen, RG solo ha reivindicado ocho, no como grupo sino como movimiento nacionalista radical. Ni siquiera ha reclamado la autoría de los tres últimos. El delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, sostuvo el jueves pasado que parte de la estrategia de RG es "negar su existencia".

Lo que sí determinaban los dos manifiestos eran los objetivos de su "castigo popular". Sus bombas, de escasa potencia hasta este año, han ido dirigida contra empresas, edificios emblemáticos (especialmente todo lo que tiene que ver con el fallecido Manuel Fraga), bancos (sobre todo este año), partidos (cinco sedes del PP y tres del PSOE), cargos públicos (como el exalcalde socialista de Santiago Xosé Sánchez Bugallo) e incluso contra quienes consideró en su momento traidores: su primer ataque atribuido, que data del 14 de julio de 2005, fue contra la casa de un miembro de AMI que fue señalado como confidente policial. Lo que ellos llaman "las mafias político-empresariales".