Londres se resiste desde 2005 a acatar una sentencia de Estrasburgo

El Gobierno británico se ha resistido desde 2005 a acatar una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que declaró ilegal la ley británica que niega a todos los presos el derecho a votar. Sin embargo, Londres no se resiste a ello por razones de seguridad sino porque entiende que la sentencia es contraria a la voluntad de la Cámara de los Comunes, que en abril de 2011 aprobó una moción no vinculante en favor de mantener la ley tal y como está.

Sin embargo, el Tribunal Supremo británico recordó la semana pasada al ejecutivo que tiene la obligación de acatar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y, de hecho, el Gobierno tiene previsto presentar en diciembre en los Comunes una serie de opciones sobre el camino a seguir en ese asunto, que van desde dejar las cosas como están a dar el derecho al voto a los reos con condenas de hasta cuatro años de cárcel. Londres se arriesga a tener que pagar compensaciones por un total de hasta 160 millones de libras (190 millones de euros).

Aunque hay expertos que sostienen que el Gobierno tiene derecho a ignorar las sentencias de Estrasburgo, la opinión ampliamente mayoritaria es que sí debe acatarlas, aunque eso no significa que tenga que hacerlo de forma milimétrica. En el caso se esta sentencia en concreto, Estrasburgo considera ilegal una prohibición total y automática del derecho de voto a las personas encarceladas. Pero eso no significa que Londres esté obligado a dar ese derecho a todos los reos. Puede hacerlo en función de la gravedad del delito cometido o del periodo de condena, o puede también decidir que sean los jueces quienes supriman ese derecho caso a caso.

Asimismo, un Estado firmante de la Convención Europea de Derechos Humanos tiene derecho a dejar en suspenso ciertos derechos, pero no basta con apelar a razones de seguridad como sostiene la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El artículo 15 de la convención establece que se pueden derogar algunos derechos “en caso de guerra o en caso de otro peligro que amenace la vida de la nación”.

Reino Unido se acogió a ese derecho durante los disturbios de Irlanda del Norte. También lo hizo para poner en marcha una nueva ley antiterrorista tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Londres se escudó en que se había declarado el estado de emergencia para introducir en esa ley el internamiento indefinido de sospechosos de terrorismo a los que no quería llevar a juicio para no dañar a sus servicios secretos. Esa parte de la ley acabó siendo derogada porque se oponía a ella la Cámara de los Lores.