La etarra Inés del Río ya está en la calle por orden de la Audiencia Nacional

La etarra Inés del Río ya está en la calle. La terrorista salió de la cárcel de Teixeiro (A Coruña) horas después de que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, formado actualmente por 17 magistrados, decretase este martes por unanimidad su inmediata puesta en libertad, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del pasado lunes que deroga la doctrina Parot. Los magistrados de la Audiencia se reunieron el martes durante una hora y media de manera extraordinaria para analizar la aplicación de la sentencia en el caso de la etarra Del Río, aunque no entraron a fondo en cómo hacerlo en el resto de los casos pendientes de recurso.

La terrorista salió a las 16.25 con la cara tapada con una ikurriña, rodeada de una decena de familiares. Inmeditamente se metió en un coche y abandonó el recinto penitenciario. La comitiva estaba formada por cuatro vehículos, en los que también viajaban sus abogados.

La fiscalía había enviado un escrito al pleno a primera hora en el que sostenía que el fallo de Estrasburgo “no deja ninguna elección” a la salida de prisión de la antigua integrante del comando Madrid, condenada a 3.838 años y un día de cárcel por 24 asesinatos. Poco después de la una de la tarde varios familiares y amigos de la etarra ya esperaban su puesta en libertad a las puertas de la prisión de Teixeiro (A Coruña).

El auto de libertad dictado por la Audiencia recuerda el carácter vinculante de la sentencia de Estrasburgo, de obligado cumplimiento para España, que se comprometió a dar efectividad y ejecutar las sentencias del TEDH al prestar su consentimiento al Convenio Europeo para la Protección de Derechos Civiles y Libertades Fundamentales. El texto insiste en que la resolución del TEDH es "clara y concluyente": “Incumbe al estado asegurar la puesta en libertad de la demandante en el plazo más breve ya que se encuentra privada irregularmente de libertad desde el 3 de julio de 2008”.

 En cuanto a la indemnización de 30.000 euros impuesta al Estado a favor de la etarra, el pleno ordena que se impute al pago de las responsabilidades civiles que contrajo la terrorista en sus ocho condenas.

La sala recuerda que Del Río ha permanecido 26 años y tres meses en prisión y desde este martes se declaran extinguidas las responsabilidades penales por cumplimiento de condena. También calcula que la etarra ha cumplido cinco años más de los que debería haber purgado si se hubieran cumplido las previsiones del Código Penal de 1973, por el que fue condenada.

La resolución de la Sala de lo Penal establece que si la Audiencia Nacional no ejecutara la sentencia de Estrasburgo de manera adecuada "sería el Tribunal Constitucional el que tendría que reaccionar anulando una decisión contraria a derecho y a los derechos humanos básicos del Convenio Europeo, para amparar a la interesada". "El Tribunal Europeo es una jurisdicción obligatoria a la que nuestro Estado se ha sometido voluntariamente", recuerda el pleno de la Audiencia Nacional.

La Audiencia reitera que "concierne a todos los poderes públicos, en primer lugar al tribunal sentenciador, reparar y evitar la actualización de la violación del derecho fundamental a la libertad". Por ello, "debe acordarse de manera inmediata" la liberación de Inés del Rio, "declarando extinguida la responsabilidad penal por cumplimiento de condena".

"Los organismos internacionales ven el terrorismo con frialdad"

La etarra debería haber salido de prisión en 2008 de acuerdo con lo dispuesto en el Código Penal de 1973, por el que fue condenada. El TEDH estimó que mantener a la terrorista en prisión vulneraba dos principios de la Convención Europea de Derechos Humanos, el derecho a la libertad y la seguridad y el principio de que “no hay pena sin ley”.

“La resolución es clara a la hora de indicar la medida requerida para poner remedio al derecho declarado vulnerado, y no es otra que garantizar la puesta en libertad de la señora Del Río en el plazo más breve posible”, estimaba el fiscal en su escrito remitido a la Sala.

Una vez decretada la puesta en libertad, la Audiencia Nacional dará aviso al juzgado de la demarcación donde se encuentra la prisión y de ahí se expide la orden al centro penitenciario. Excepcionalmente, la Audiencia Nacional puede dar el aviso directamente a la prisión. Está previsto que Inés del Río abandone la prisión coruñesa de Teixeiro a lo largo de este martes, después de que avise a los juzgados de Betanzos, partido judicial donde se encuentra la cárcel.

En el mismo sentido que la fiscalía, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, había asegurado en la cadena SER que el Gobierno tiene "un margen muy estrecho" para atender las demandas de las víctimas del terrorismo, que han solicitado que el Ejecutivo no acate la sentencia de Estrasburgo.

Por otra parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha confirmado lo que ya avanzaron este lunes los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y del Interior, Jorge Fernández: que el Ejecutivo no alentará una salida masiva de presos etarras, sino que se estudiará caso a caso. Torres-Dulce ha afirmado: "Por parte de la fiscalía se van a estudiar individualizadamente caso por caso".

"Hay tantísimo dolor que no podemos analizar con absoluta objetividad", ha dicho también la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo. "Hay 15 señores que tienen todo el prestigio que han manifestado una opinión bastante unánime. No hay que confundir a las víctimas".

Y será este mismo viernes cuando la misma Sala de lo Penal, en un pleno ordinario, estudie las consecuencias de la sentencia de Estrasburgo en el resto de reclusos que dependen de la Audiencia. En concreto, se resolverán los recursos de dos etarras, Josefa Mercedes Ernaga, miembro del comando Barcelona y condenada a 794 años por el atentado al Hipercor de esta ciudad en junio de 1987, en el que murieron 21 personas (lleva en la cárcel 26 años); y Juan Manuel Píriz López, condenado a 61 años por el asesinato de un antiguo miembro de la banda, entre otros delitos. Lleva 29 años encerrado.

La Audiencia tiene pendientes alrededor de 30 recursos de miembros de ETA afectados por la doctrina Parot, y pretende estudiarlos y resolver sobre cada uno de ellos individualmente. Estos recursos habían quedado en suspenso en la Audiencia a la espera de que Estrasburgo hiciera pública su sentencia. El Constitucional tiene 23 asuntos afectados por esa doctrina pendientes de resolución (bien de sentencia o bien de admisión a trámite), de los cuales 22 se refieren a presos etarras. El Supremo estima en cinco los recursos pendientes.

Tras la decisión de la Audiencia, las consecuencias del fallo de Estrasburgo irán en cadena. Lo más inminente será, probablemente, la resolución de los 17 casos que tiene el Tribunal Constitucional, tan solo a falta de ser sentenciados. El Constitucional no descarta la posibilidad de celebrar un pleno monográfico para analizar y resolver los hasta 23 recursos de amparo (22 de ellos de miembros del ETA) que tiene pendientes. 17 a falta de sentencias, mientras que los seis restantes aún no se han admitido a trámite.

Los abogados de la etarra Inés del Río han anunciado, de hecho, que procederán en las próximas horas y días a realizar los trámites legales necesarios para reclamar la puesta en libertad inmediata de otro medio centenar de presos de ETA afectados por la doctrina Parot, que tras el pronunciamiento del TEDH han dado por "muerta". "Cada minuto que continúan en prisión es un minuto no solo ya de vulneración, sino de absoluto desprecio de los derechos fundamentales", ha asegurado los letrados.

Por su parte, el Tribunal de Estrasburgo tiene en su registro de entrada, ya sellados, 30 recursos de otros tantos miembros de ETA a los que se aplicará “automáticamente” la sentencia dictada hoy por la Gran Sala. El fallo sobre Inés de Río no entra a valorar otros casos, pero para los nuevos recursos ya no será necesario el análisis del detalle sino que se referirá, directamente, a la jurisprudencia con la que ha tumbado la doctrina Parot.

Un portavoz del tribunal ha alegado, en cualquier caso, que no se puede determinar un plazo para la resolución de los 30 recursos que, previamente, han de ser admitidos a trámite.