Una juez investiga una trama de corrupción en el Gobierno de Melilla
El auto apunta a posibles delitos de falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias
Acompañada por 35 guardias civiles, la juez María José Alcázar Ocaña se presentó, el 12 de septiembre, en el Ayuntamiento —que el estatuto de ciudad autónoma convirtió en Gobierno— para registrar durante horas la consejería de Hacienda y Medio Ambiente y una empresa pública (Envismesa) donde sospecha, según expone en un auto judicial, que se pudieron cometer “delitos de falsedad documental, exacción ilegal, prevaricación y tráfico de influencias (…)”.
La investigación de la magistrada tiene como punto de partida el presunto fraude fiscal de un pequeño empresario, Abdelkader Kasem Abdelkader, administrador único de Reformas y Construcciones el Porvenir SL, cuyo único cliente es el Gobierno de la ciudad. Las facturas que él hacía, declaró, “no podían pasar de 30.000 euros” para no tener que ir a subasta o concurso público. A lo largo de sus 21 páginas, el auto recopila contratos menores adjudicados a cuatro empresas de Melilla por un importe de 4,9 millones.
La ‘Operación Ópera’ monopoliza el debate político
Desde hace más de un mes toda la vida política de Melilla gira en torno a la Operación Ópera, como se denomina a la investigación de la juez María José Alcázar Ocaña, un presunto escándalo de corrupción que se añade a otros más. "Toda la contratación del Gobierno Imbroda está bajo sospecha", denunció en la Asamblea de Melilla el secretario general del PSOE melillense, Gregorio Escobar. Los funcionarios "cumplen a rajatabla lo que dice la ley de contratos en el sector público", le replicó Daniel Conesa, portavoz del Gobierno. "Tenemos las manos limpias como el agua", insiste el presidente Juan José Imbroda.
En Melilla llueve sobre mojado. En el Gobierno local hay cuatro altos cargos imputados por otros motivos mientras que el jefe de la Oficina de Industria ha sido condenado a tres años de cárcel y cuatro de inhabilitación después de que se descubriese que gran parte de los 5.000 vehículos que habían pasado la ITV en Melilla nunca desembarcaron en la ciudad. El viceconsejero de Medio Ambiente ya dimitió el año pasado tras ser imputado por la presunta falsificación de títulos de buceo.
La prensa de Melilla, muy dependiente de la publicidad municipal, ha descrito la Operación Ópera con cautela. Solo el semanario gratuito La Luz de Melilla, perteneciente al grupo empresarial Gaselec, ha aprovechado la ocasión para investigar. En su último número publicó en exclusiva una relación de facturas abonadas por la Consejería de Cultura y Festejos que, sostiene, han sido fraccionas en exceso. La comida y los aperitivos servidos con motivo de un mismo evento aparecen, por ejemplo, en dos facturas separadas.
La juez también se sorprende de la diferencia entre los pocos trabajadores que esas empresas tienen dados de alta en la Seguridad Social y el elevado número de personas que, según las facturas, trabajan en las obras contratadas con el Gobierno local. Expone un caso con cinco empleados dados de alta y el cobro por el trabajo de 29 personas.
También describe cómo una empresa que, en 2009, facturó 367.000 euros no tiene “ningún trabajador a su cargo”. “O sobran horas facturadas, o faltan trabajadores en la empresa o no se está haciendo lo que se está cobrando”, recalca.
Alcázar detecta “posibles fraudes de ley en materia de contratación pública mediante fraccionamientos (…) y posibles conciertos previos entre cargos públicos y/o determinados empresarios de Melilla”. A esto se añadirían “falsedades documentales”. Aunque no ha imputado más que a Kasem, apunta a tres altos cargos cuyo patrimonio investiga: el consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, su predecesor, Ramón Gavilán, y un director general, José Pastor.
El primero de ellos fue, a finales de la década pasada, director de Gestión Técnica de Medio Ambiente mientras su esposa era administradora y accionista de una empresa (Promotora Melillense de Viajes) que obtuvo contratos con la consejería por 1,1 millones de euros. Los logró “pese a una evidente prohibición de contratar”. Los tres altos cargos comparecieron ante la prensa, sin admitir preguntas, a finales de septiembre y negaron haber incumplido la ley.
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