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Los rastreadores del saqueo marbellí

Una veintena de personas forma el departamento creado para recuperar el dinero robado

De momento solo han logrado un millón y “muchas canas”

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El Club Financiero Inmobiliario, antiguo domicilio de Jesús Gil y ahora un colegio británico.

El caso Malaya no contempla indemnizaciones pero su sentencia sí propone que los 585 millones de multa que deben pagar Juan Antonio Roca y compañía reviertan en favor de Marbella. Enrique Sánchez no tiene tiempo de saborear este pequeño éxito para el departamento jurídico que dirige en el Ayuntamiento de la Costa del Sol. Está sentado en su despacho con las gafas caladas y prepara un nuevo juicio de su lista interminable. El Ayuntamiento reclama 16 millones de euros; es un caso complicado que parte de un funcionario al que el gilismo le entregó una chequera y le dijo que él era la Gerencia de Compra. Hizo destrozos.

El departamento de Sánchez se ocupa de litigar, pero también de intentar que el dinero robado regrese a los contribuyentes. Formalmente el Ayuntamiento ha recuperado más de 200 millones de euros, pero a sus arcas solo ha llegado uno y medio, además de una buena porción de propiedades difíciles de vender. “Vamos ganando juicios, pero no le vemos el color”, cuenta con una sonrisa franca el abogado.

El Ayuntamiento de Marbella es un discreto edificio de tres plantas en un centro urbano que es un sueño para el turista alemán: casas encaladas, rumor de fuentes, tiendas en cada esquina y músicos new age. Cuando el PP llegó al Consistorio tras 15 años de gilismo (1991-2006) y uno de Gobierno de transición con una comisión gestora, se encontró que en cada cajón del edificio amenazaba un desastre. Hasta el cementerio estaba embargado por la Liga de Fútbol Profesional. No se pagaba a la Seguridad Social, no había un inventario de bienes… El Grupo Independiente Liberal (GIL) implosionó dejando una deuda de 580 millones de euros que hoy sigue en los 415 millones tras todo tipo de acuerdos con el Estado, bancos y proveedores. En sus primeros días en el Ayuntamiento, Sánchez se acercó a los juzgados a preguntar cuántos asuntos tenía pendiente el Consistorio porque hacía años que este había dejado de presentarse a las vistas. Calcula que ahora tienen unos 200 casos penales, otros 200 en el Tribunal de Cuentas… Y unos mil contenciosos-administrativos, muchos de ellos de promotores que denunciaron por haber perdido privilegios del gilismo.

Pronto el Ayuntamiento comprendió que debía perseguir el dinero con más ahínco que los tribunales. Por eso en 2008 puso a Sánchez al frente de un departamento jurídico y creó otro de patrimonio y bienes. El primero lleva las causas y rastrea posesiones de los condenados; el segundo recupera lo que Gil, Julián Muñoz o Marisol Yagüe regalaron discrecionalmente. En uno trabajan cinco abogados del Ayuntamiento y ocho de dos bufetes privados; en el otro, cinco profesionales.

¿De dónde sacamos los 50 millones que nos debe Julián Muñoz si se ha declarado insolvente?”, plantea un abogado del Ayuntamiento

El departamento jurídico padece el atasco de la Justicia y las contradicciones que se derivan de la acumulación de procesos (a veces no pueden cobrar porque los bienes del condenado están embargados para otro juicio). Aunque se hayan ganado, las sentencias no se monetarizan hasta que son firmes, y cada caso implica miles de recursos. Pero los problemas llegan más allá: “De los 200 millones, habrá 140 que son firmes pero que no vamos a conseguir. Por ejemplo, los 50 que nos debe Julián Muñoz. ¿De dónde los sacamos si se ha declarado insolvente? Necesitaríamos ayuda para seguir sus cuentas en el extranjero”, protesta Sánchez.

Intentan resolver la falta de desarrollo de la investigación patrimonial con sus escasos medios. “Cuando los juzgados condenan a una indemnización, se basa en los bienes que el condenado tiene a su nombre. Nosotros seguimos buscando más allá”, cuentan, a menudo investigando las sociedades interpuestas.

“Nos han salido canas por todos lados”, dice Sánchez. Sus victorias son a menudo pírricas. Por ejemplo, tras la sentencia del caso Saqueo I negociaron con Roca para cobrar 30 millones, la inmensa mayoría en fincas como la de La Caridad, la joya de su corona. Roca (Cartagena, 1953) es el primer interesado en que Marbella cobre, porque es la única forma de acceder a beneficios penitenciarios tras siete años y siete meses de cárcel. Sin embargo, no quiere malvender sus posesiones porque aspira a que le sirvan para deshacerse de la mayor parte posible de sus deudas. Pero el Ayuntamiento quiere líquido, no fincas en plena depreciación del ladrillo, así que el acuerdo quedó en el limbo.

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Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, en la lectura de la sentencia de 'Malaya'.

Pese a estos problemas, el Consistorio insiste en que hay que enviar un mensaje positivo. “Hemos ganado casos increíbles, como uno por una deuda con Hacienda por el que recibimos 10 millones”, cuenta Sánchez. Las investigaciones también han ayudado a localizar dos grandes patrimonios como el de Roca y el de Pedro Román, ex primer teniente alcalde, al que el Tribunal de Cuentas ha embargado 41 fincas, un avión y un helicóptero como garantía frente a una condena no firme que lo obliga a devolver, con otros penados, 108 millones. Mario Ruiz explica con el lenguaje áspero de la administración cómo su departamento de patrimonio está haciendo importantes avances recuperando propiedades.

La laboriosidad de los técnicos municipales para conseguir que, moneda a moneda, el dinero regrese rodando a las arcas de Marbella se levanta como una declaración de intenciones contra la abigarrada forma de entender la función pública de Gil, en la que tras las chanzas se escondía una sola verdad: lo público era un recurso por saquear.

Sin juicio a una era

Sin embargo, igual que Sánchez está satisfecho por la parte que le toca en la sentencia de Malaya, parte de la sociedad marbellí se siente defraudada. Por mucho que José Godino, el juez que redactó a mano los cinco mil folios de la sentencia, insista en que el proceso se restringía a unos hechos de una época determinada (los tres últimos años del gilismo, cuando una moción de censura orquestada por Roca depuso a Julián Muñoz), muchos han visto en él el juicio a una época. A una concepción muy poco pública de la gestión pública que los ciudadanos avalaron insistentemente con sus votos. Para este grupo crítico, las penas han sido insultantemente leves.

Malaya fue la primera operación en la que se vieron detenciones de decenas de concejales. Marbella se había visto reducida a una cruel parodia: programas de televisión en jacuzzis, el caballo de Calígula, tonadilleras, la leyenda de un Miró en el baño… Una caricatura del municipalismo corrupto en la que los rasgos se exageraban pero lo que se retrataba no dejaba de ser real: un sistema en el que los Ayuntamientos ganaban mucho dinero gracias al ladrillo, y los constructores gozaban de barra libre. Impunidad, nepotismo —la plantilla municipal llegó a superar los 3.500 empleados para 140.000 habitantes—, prepotencia… Y lo más alarmante era que el modelo se expandía como una mancha de chapapote por el litoral. En 2007, uno de cada cinco alcaldes malagueños acumulaba denuncias por delitos contra la ordenación territorial.

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La finca La Caridad, de Juan Antonio Roca.

Como corresponde a una farsa política, las decisiones no se tomaban en el pequeño Ayuntamiento, sino en la mansión de Gil, su Club Financiero Inmobiliario. En el vestíbulo de este edificio en la avenida principal de la ciudad unos azulejos con imágenes de Carlos III y Jesús Gil los distinguía como “los dos mejores alcaldes de España”. Ahora en su jardín ocho niños rubios como soles juegan con una maestra sobre la hierba. Se ha convertido en The British School of Marbella, centro educativo de élite.

A unos pasos del chalé queda un edificio vacío para el que no aparecen inquilinos. Era la sede de Planeamiento 2000, desde la que Roca cobraba su impuesto revolucionario a los constructores para luego repartírselo con el alcalde y los concejales. Algunos empresarios pagaban para enriquecerse, otros porque habían contraído deudas y caían en una espiral de pagos para satisfacer la bulimia del asesor insaciable. Hasta que la investigación judicial señaló a Roca como el auténtico sucesor de Gil (inhabilitado en 2002 y fallecido en 2004), el asesor de urbanismo era considerado solo uno más de los hombres de confianza del alcalde. La labor de todos olía mal, pero nadie fuera del Ayuntamiento se imaginaba que él era el verdadero capo. Quizá porque Roca no era un hombre que ostentara ante el exterior. Solo de puertas para adentro, con su helipuerto, sus colecciones de coche y de arte y el resto de delicatessen de un patrimonio que el tribunal de Malaya fijó en 101 millones de euros.

El tribunal determinó que Roca tenía en nómina a los concejales de la corporación. Antes de las sesiones de Gobierno se reunía con los portavoces de cada partido, repartía sobres y les decía qué debían votar. No había informes, no se levantaban actas. Como en tantas redes de tráfico de influencias, la falta de transparencia de los concursos, las ineficiencias y trabas burocráticas eran la oportunidad para el negocio. Es la fuerza de la caricatura. La charada del concurso del servicio de grúa municipal produce escalofríos porque es fácil trasladar la situación a un millón de concursos amañados en toda España. La policía grabó cómo el empresario Ismael Pérez Peña negociaba con el concejal de Tráfico la redacción del pliego de condiciones del concurso para que solo él pudiera ganarlo.

Una ciudad de paradojas

El paseo marítimo de Marbella no es menos interesante que su centro. El mar, sol de octubre, desfiles de descapotables (parece que este año se lleva el amarillo), turistas en tumbonas en bañador y calcetines, un bello camino de albero, top models repartiendo muestras de pizza en tacones... Marbella es una ciudad de paradojas, capaz de combinar mansiones con barriadas humildes, exclusivos colegios privados con escuelas públicas que utilizan aulas prefabricadas, y las mejores clínicas de estética con tres escasísimos centros de salud públicos.

Javier de Luis es ecologista y una de las voces críticas más reconocidas de la ciudad. Él tiene una explicación sociológica para lo que ha ocurrido en las dos últimas décadas. “La población de Marbella es peculiar. Hay mucho extranjero, gente que no se siente de aquí y solo aspira a cierta comodidad y beneficios. Y también es un polo económico que se desarrolló muy rápido atrayendo a gente de zonas deprimidas de Andalucía que venían a medrar”. El presidente del Atlético de Madrid entendió bien los deseos más oscuros de la ciudad. De Luis presentó en esos años más de 300 denuncias por irregularidades urbanísticas. “Las archivaban los jueces de Marbella y se veían en Málaga en segunda instancia cuando las recurría la Fiscalía”. Todas las fuerzas vivas de Marbella estaban a una. Los partidos se adaptaron al modelo GIL y se banalizó la compra de voluntades.

Las causas pendientes

Marbella tiene varios frentes abiertos para recuperar parte de su dinero y reducir su deuda de 415 millones:

  • Espera que sea firme una sentencia del Tribunal de Cuentas contra los herederos de Gil que supondría el ingreso de 100 millones.
  • El cobro de los 30 millones que Roca debe por el Saqueo I, una sentencia ya firme pero sobre la que existen divergencias acerca del método de pago.
  • Queda pendiente la sentencia en primera instancia del caso Saqueo II (70 millones) y que el Supremo resuelva el Minutas (en el que Julián Muñoz y José María del Nido se enfrentan a un pago solidario de 2,7 millones).

Este clima de impunidad y corrupción, cuentan algunos cercanos a Isabel García Marcos, fue lo que rompió a la exedil socialista, ahora condenada a cuatro años por Malaya. Desde la oposición, Marcos (Salamanca, 1954) consiguió la inhabilitación de Gil con el caso Camisetas. Parecía que tenía la alcaldía al alcance de la mano, pero por cuarta vez volvió a encontrarse con una nueva victoria del partido gilista, capitaneado ahora por Julián Muñoz. La política participó en la moción de censura orquestada por Roca para tumbar a Muñoz, díscolo con las órdenes del asesor. Marcos fue elevada a teniente de alcalde y las grabaciones del sumario Malaya han revelado conversaciones sonrojantes en las que ella afirmaba que no movería un papel público sin llevarse una mordida. A estas alturas nadie intenta justificarla, pero la ciudad se divide entre los que consideran que era, simplemente, otra corrupta esperando su turno, y los que creen que el régimen marbellí la rompió.

La ciudad aspira a pasar página, pero quedan muchas dudas. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que elaboró la Junta de Andalucía cuando Marbella tenía las competencias urbanísticas retiradas está en el centro del debate. Por un momento se temió que las 16.500 viviendas declaradas ilegales en la localidad terminaran en escombros, pero no fue así. La ley bendijo a la inmensa mayoría (unas 16.000) a cambio de que los promotores compensaran al municipio con terrenos para equipamientos públicos. Esto no está ocurriendo, consideran los críticos. El Ayuntamiento asegura que sí, pero que se enfrenta a promotores que no tienen liquidez para comprar terrenos que ceder a la ciudad. En cualquier caso, muchos de esos pisos están vacíos porque sus dueños tienen problemas con las hipotecas, y el resto no se venden. Mientras, los grandes desarrollos que el PGOU declaró ilegales continúan en pie, como las moles del Banana Beach, desafiantes por encima de la ciudad esperando a que alguien se atreva a pagar los millones de la dinamita y las indemnizaciones que costaría su derribo.

La ciudad combina mansiones con barriadas humildes, y las mejores clínicas de estética con solo tres centros de salud

El Ayuntamiento explica que mira hacia el futuro. Según sus cálculos, ha reducido en 500 empleados la sobredimensionada plantilla que dejaron los enchufes del GIL, aunque la parte del león de los presupuestos municipales siga yendo a gastos de personal. También ha identificado brotes verdes en la inversión, como la llegada de potentados rusos y chinos o los proyectos de expansión del puesto pesquero del jeque Al Thani, propietario del Málaga Club de Fútbol.

Javier de Luis representa a la Marbella escéptica con este deseo de regresar a la gran inversión privada en ladrillo. “El PP dice que todo está normalizado; lo que ocurre es que Gil ha logrado en muerte lo que no consiguió en vida: se han legalizado sus desmanes con el PGOU, los constructores no han tenido que ceder suelo al Ayuntamiento... Sobre todo, no ha habido examen de conciencia”.

Teniendo en cuenta que 43 de los 95 acusados del caso Malaya han quedado absueltos, De Luis opina que el tribunal ha amnistiado al gilismo. Él es de los que no se contenta con el argumento de que era solo un proceso a tres años de desmanes. Teme que vuelva el pasado, pero esta vez sin los trazos de caricatura que llamaron la atención del mundo. Ya no habrá tripas desmedidas haciendo desbordar un jacuzzi o caballos como el de Calígula, pero detrás persistirá la misma forma de entender lo público.

Mientras, lo único seguro es que la pelea se perpetúa en los juzgados. Y que Sánchez y los técnicos del Ayuntamiento continúan su lenta búsqueda, euro a euro, intentando recuperar lo que fue el tesoro de Marbella.