El Tribunal Superior andaluz y el fiscal condenan el acoso de sindicalistas a Alaya

Las instituciones respaldaron ayer a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, tras los abucheos de los sindicalistas el día anterior en la puerta de los juzgados sevillanos. Ante la declaración judicial de dos dirigentes de UGT y CC OO, varias decenas de sindicalistas se concentraron para apoyarles, y al mediodía increparon a la magistrada entre gritos de “libertad”.

“El abucheo, el acoso o el escrache no es admisible”, afirmó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para censurar las críticas de los sindicalistas contra la instrucción de Alaya. La vicepresidenta recordó que para oponerse a las decisiones judiciales siempre está “la vía del recurso, no a través del recurso al insulto, al abucheo o a la presión”.

Mientras, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, resaltó la “imparcialidad” e “independencia” de la juez para instruir este complejo caso. Torres Dulce puntualizó su “respeto” a una institución “tan importante” como es un sindicato, pero rechazó “terminantemente” la fórmula de protesta que eligieron los sindicalistas. El fiscal opinó que las manifestaciones se hicieron “prácticamente en sede judicial y ante una autoridad judicial que investiga con la independencia y la imparcialidad necesaria, exigible y constitucionalmente impuesta al poder judicial”. El fiscal se mostró convencido de que los abucheos no afectarán a sus decisiones que vaya a tomar en la investigación junto a la Guardia Civil.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) salió asimismo en defensa de la magistrada y en un comunicado calificó los gritos de los sindicalistas contra Alaya de “actitudes cercanas al acoso a una autoridad judicial (...) así como las injustificables descalificaciones personales dirigidas contra la misma, revelan una falta de aceptación de las reglas básicas de un Estado de Derecho”.

El alto tribunal andaluz recordó los cauces “suficientes y adecuados” para garantizar su defensa con que cuentan los acusados para expresar las “discrepancias o críticas”.

Las asociaciones de magistrados Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria tildaron de “inadmisibles” los insultos y gritos vertidos contra la instructora. “Es inadmisible que se efectúen descalificaciones, insultos o presiones contra un miembro del Poder Judicial, que actúa de forma independiente para aclarar una serie de hechos que, indudablemente, revisten una enorme gravedad”, advirtió el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch.

El secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, exigió ayer una “condena contundente” a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y a los líderes regionales de CC OO y UGT, Francisco Carbonero y Francisco Fernández, sobre los abucheos. “Nunca compartiré que jaleen a un juez, ni tampoco que le hagan un escrache”, señaló como respuesta Díaz.

El contrapunto a los apoyos lo puso el vicepresidente de la Junta andaluza, Diego Valderas (IU): “Todos los poderes, incluido el judicial, deben entender que en democracia están sometidos a la crítica”. Valderas justificó las críticas y a continuación rechazó los insultos y la difamación contra la magistrada. “La sociedad hace llamadas de atención a todos los poderes”, insistió.