Alaya cerca a los sindicatos en otra redada por el fraude de los ERE

Del aviso a las detenciones. La juez Mercedes Alaya ya había acusado a los sindicatos de financiación irregular gracias a los ERE fraudulentos. Ayer pasó de las palabras a los hechos y ordenó a la Guardia Civil la detención de al menos cuatro sindicalistas de UGT y CC OO beneficiados por las subvenciones de los ERE abonadas por la Junta de Andalucía. Los agentes detuvieron a nueve personas en la segunda fase de la Operación Heracles, desencadenada ayer de manera simultánea en siete provincias. A los sindicalistas se sumaron diversos empresarios y un alto cargo de la Diputación de Sevilla “de absoluta confianza” del diputado socialista en el Congreso José Antonio Viera durante su etapa como consejero de Empleo. Alaya volvió a señalar a Viera como responsable de ayudas bajo sospecha, pese a su condición de aforado.

UGT y CC OO ya estuvieron en el punto de mira de Alaya cuando esta primavera les acusó de percibir 7,6 millones durante 10 años gracias a los ERE. Ahora, tras las pesquisas de la Guardia Civil, “estarían emergiendo numerosos indicios de la participación de personas vinculadas a los sindicatos”, subraya Alaya en su auto previo a las detenciones de ayer.

La juez explica que los sindicalistas actuaron como “fuente de información” para facilitar la participación de las empresas intermediarias (consultoras y despachos de abogados) en los ERE de las empresas y lograr así las subvenciones de la Junta andaluza. Entre los sindicalistas detenidos destaca el secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y el exsecretario de Desarrollo Industrial en CC OO Andalucía, Roberto Carmona. De este último sindicato, la magistrada acusa a su dirigente Juan Antonio Florido por haber recibido una póliza de 221.543 euros como extrabajador más 43.472 euros procedentes de la consultora Vitalia por sus gestiones de intermediación. En paralelo, la juez Alaya ha asumido la investigación de la supuesta financiación irregular de UGT a través de facturas con fondos del Gobierno andaluz y ahora analiza estas supuestas irregularidades.

La segunda fase de la Operación Heracles desarrollada ayer es consecuencia de la información recabada el pasado marzo por la Unidad Central Operativa (UCO) y los interrogatorios de entonces. El objetivo: encontrar el destino final del dinero pagado por la Junta en sobrecomisiones a los intermediarios de los ERE, cifrada en 51 millones. Para ello, los agentes efectuaron una decena de registros en Barcelona, Sevilla, Málaga y Córdoba. Además, el número de imputados derivado de este nuevo impulso en la investigación alcanzará el medio centenar, si bien fuentes policiales no aclararon si las 50 personas son nuevos imputados en el procedimiento o si ya estaban acusados.

Alaya aclara que investiga los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y prevaricación, y en su auto señala a los dos empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago, que obtuvieron “de manera arbitraria” 32 millones, aunque finalmente solo cobraron 17 millones, cuyo objetivo final era su “enriquecimiento personal” por encima de la creación y mantenimiento de empleo, según la juez. Ambos empresarios acapararon el 61% de las ayudas concedidas por la Junta a la Sierra Norte sevillana y un 39% del total de ayudas directas a empresas andaluzas. Ayer los agentes registraron los domicilios de ambos.

Entre los detenidos destacó el alto cargo de la Diputación de Sevilla, Enrique Rodríguez, exgerente en Sevilla del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), actual agencia Idea y el órgano pagador de los ERE. La juez le acusa de interceder para ciertas ayudas, y conocer las subvenciones concedidas al tándem Rosendo-Sayago.

La magistrada resalta la “absoluta confianza” que Viera depositó en este cargo, y recuerda el “papel decisivo” que el diputado socialista desempeñó para ciertas ayudas de la Sierra Norte. Asimismo, los agentes detuvieron a Ángel Quesada, responsable de Empleo e Innovación de la Diputación sevillana y director de un complejo hotelero en Torremolinos (Málaga), informó Europa Press.

Mientras, los agentes registraron la casa de Rodríguez y su despacho en la Diputación de Sevilla; el restaurante Río Grande así como la casa de su propietaria Carmen García, y la casa del empresario Antonio Manuel Bustamante, dueño de las firmas Surcolor y Sevicolor, localizada en Gines (Sevilla).

La juez acusa tanto al restaurante Río Grande como a la empresa Nexprom de haber financiado el entramado empresarial creado por el intermediario de los ERE y exsindicalista Juan Lanzas, que amasó hasta 13 millones procedentes de las sobrecomisiones, según la investigación. “Lanzas habría ideado la utilización de operaciones comerciales ficticias y o simulación de pagos” para lograr su fortuna, parte de la cual Alaya sospecha que mantiene oculta.

El impulso de la investigación dado ayer y sobre todo la profusión de autos dictados por la magistrada en la última semana (casi uno por día) ofrecen un panorama investigador de vértigo. La razón es el amplísimo mapa de la instrucción: las pesquisas abarcan la línea de financiación de los ERE, las sobrecomisiones, los intrusos y las ayudas indebidas a empresas. Y cada rama multiplica día a día su horizonte al mismo ritmo que suma más imputados. De momento la causa acumula 116 acusados y estos días se sumará medio centenar. Esta última operación policial demuestra cómo detrás de cada interrogatorio y diligencia se esconden nuevos imputados. Y es que 10 años dan para mucho.