Castilla y León prepara enmiendas para que se modifique la reforma local

El presidente del PP de Castilla y León, Juan Vicente herrera (PP), ha pedido esta mañana que el proyecto de ley de reforma local en el que trabaja el Gobierno central tenga en cuenta las singularidades de cada comunidad autónoma: "No se podrá responder con fórmulas únicas y homogéneas". Herrera hizo estas declaraciones en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP y ante la presencia del vicesecretario general de Organización y Electoral, Carlos Floriano. Un día antes, la Junta aprobaba un acuerdo de consejo de Gobierno para plantear una batería de enmiendas al proyecto de ley que fueron remitidas a todos los grupos parlamentarios, incluidos los de la oposición. Herrera se suma así a la posición contraria a la ley manifestada más veladamente por Gobiernos del propio Partido Popular como el que encabeza Alberto Núñez Feijóo en Galicia.

Para Herrera, la norma que se tramita en el Congreso "no puede llevarse a cabo de manera uniforme en todas las comunidades" sino que deberá "adaptarse a las singularidades de cada territorio porque más allá de Madrid hay mucha más España".

El presidente de la Junta calificó la iniciativa de presentación de enmiendas desde el gobierno autónomo como un acto "sin precedentes". Las objeciones a la futura ley, entre otras, pretenden ampliar el plazo dado a las entidades locales para presentar sus cuentas e instan a que se fije un plazo de 5 años para que las comunidades reciban los servicios de sanidad y servicios sociales de los municipios. También exigen que no se despoje a los municipios de competencias en materia social, que se traspasarían a las autonomías. Eso, dijo, puede llevar "al cierre de esos servicios", precisamente lo que  las voces que se oponen a la ley denunciaron desde el principio.

Esta misma semana las Cortes de Castilla León aprobaban, con el apoyo del PSOE, la Ley de Ordenación del Territorio, que según el procurador socialista por Palencia Francisco Ramos  "blinda" a las Entidades Locales Menores -hay más de 3.000 en esa comunidad autónoma- contra la norma que tramita el Congreso y que las obligará a desaparecer. "Lo que hace la ley es desarrollar las competencias que atribuye el Estatuto y que dan a la comunidad la competencia exclusiva en la regulación de los entes locales que no sean ayuntamientos y diputaciones", asegura Ramos.